Gelman: frena Uruguay a Kirchner

Montevideo - El gobierno de Uruguay defenderá hoy cerradamente el principio de «impenetrabilidad» de su soberanía jurídica por parte de jueces extranjeros que les impide actuar en este territorio aun por exhorto y le remitirá a su par argentino un amplio informe jurídico sobre la situación del caso Gelman en este país al que se considera «caso cerrado» por haber decidido el presidente Jorge Batlle hace unas semanas incluirlo en la Ley de Caducidad que le impide al Estado impulsar o avanzar en juicios penales contra acusados de haber cometido presuntos delitos violatorios de los derechos humanos durante el régimen militar que gobernó este país en los años '70 y que ha originado un fuerte entredicho diplomático con la Argentina.

La decisión será conocida después de que finalice la reunión del gabinete nacional, donde Batlle y su canciller Didier Opertti -fuertemente versado en Derecho Público Internacionalinformarán ampliamente a sus pares. Hasta las últimas horas de ayer, Batlle y Opertti estuvieron en comunicación permanente, y, al parecer, triunfó la línea juridicista del ministro de Relaciones Exteriores frente a otras posiciones más duras como la de algunos ministros y asesores -Yamandú Fau de Defensa o Carlos Ramela, asesor del presidenteque querían contestar punto por punto lo que consideran agravios por parte del presidente argentino, Néstor Kirchner, y algunos de sus colaboradores, como los ministros Alberto Fernández ( Jefatura de Gabinete) y Aníbal Fernández-(Interior). Un alto vocero de Batlle calificó de «provocación» los dichos de Aníbal Fernández que tildaron de «campeón mundial en maltratar argentinos» al mandatario uruguayo. Las líneas básicas de la defensa del Uruguay se resumen en lo siguiente: por el « principio de impenetrabilidad jurídica», magistrados extranjeros no pueden investigar delitos cometidos dentro del país; por el principio de « territorialidad» de los sistemas judiciales, tales delitos deben ser investigados por la Justicia local y se abundarán en ejemplos marcados en el Derecho Internacional como la no extradición de Augusto Pinochet a España por requerimiento del polémico juez Baltasar Garzón y los rechazos de la Argentina al mismo magistrado español que requirió sin éxito a ex militares argentinos para ser juzgados en su tribunal.

También se haría mención al mismo Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional a la que adhirió Uruguay, lo que le valió un reproche del embajador de Estados Unidos cuyo gobierno se opone a su implementación. Sobre la base de estipulaciones del artículo 11 de dicho tratado, se dirá que la vigencia de la Corte Penal Internacional es para delitos cometidos hacia el futuro y no hacia el pasado. Como se sabe, ese tribunal funciona desde hace dos años y no puede comprender hechos ocurridos hace más de 20 años. La pelea entre Kirchner y Batlle es por el esclarecimiento de la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman en 1976. La misma izquierda uruguaya y el escritor Juan Gelman -suegro de la mujer-que investigaron el caso sostienen que María Claudia desapareció en Uruguay y habría sido enterrada en un batallón cercano a Montevideo.

Paradójicamente, estos argumentos le posibilitaron al gobierno uruguayo encuadrar el caso dentro de los limites de la Ley de Caducidad. Este instrumento legal fue sancionado por el Congreso -de su voto también participó el Frente Amplio y fue acatado por los ex tupamaros-y luego plebiscitado por la sociedad, cuando se decidió cerrar las investigaciones judiciales para todos los implicados en la represiónsubversión de los años de plomo en este país que coincidió con el período de facto de la Argentina y en donde sus servicios de Inteligencia al igual que los de Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile tuvieron activa interdependencia a partir de lo que se denominó la Coordinadora Cóndor, una multinacional de la represión para hacerle frente a otra multinacional, pero de la guerrilla: la Junta Revolucionaria Latinoamericana.

Es indudable que estos extremos resucitados al siglo XXI por los dos presidentes y convertidos en un objetivo de política exterior comienzan a incidir en la vida política interna. En el Uruguay,-los blancos -seguidores del ex presidente Luis Alberto Lacallehan comenzado a hacer fuerte campaña en contra de la presunta intromisión argentina en los asuntos internos uruguayos que se suma a la indisimulada participación que tuvo Kirchner a favor del líder de la izquierda Tabaré Vázquez durante su última estada en Montevideo por el recambio de autoridades del Mercosur. El mandatario argentino no ocultó, para nada, su antipatía por el presidente uruguayo, gesto que fue rechazado por todo el espectro político y formadores de opinión pública. Desde el propio Frente Amplio se trata de poner paños tibios en el caso Gelman -sólo habla el diario «La República»- y disimular el apoyo de Kirchner para que no los afecte su excelente posición en las encuestas para las presidenciales de octubre próximo. Pero también están pendientes del vaivén de 10 por ciento de los electores -fundamentalmente clase media disconforme con blancos y colorados, pero fuertemente nacionalistaque ya les hicieron perder la primera magistratura en 1999 a favor, curiosamente, de Batlle.