Gobierno usa la división radical para obtener prórroga de leyes

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, fue uno de los oradores del acto de la UCR kirchnerista en el Centro Asturiano de Vicente López.

La votación esta semana en Diputados de la prórroga de vigencia de todo el cuerpo de legislación delegada, pendiente de revisión desde 1994, será otro de los campos de batalla en que definirá la futura ruptura del radicalismo. El bloque UCR esquivó hasta ahora definiciones internas a la hora de votar temas políticamente complicados, como en el caso de la ley de superpoderes, donde sólo uno de ellos, Genaro Collantes, ayudó al kirchnerismo con el quórum.

Este miércoles la situación puede cambiar. El oficialismo tiene que convertir en ley la prórroga por tres años de las leyes que contienen la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo incluidas en leyes y decretos previos a la reforma de 1994.

Ese proyecto debió aprobarsela semana pasada, pero la UCR se negó a habilitar la votación sobre tablas; se requerían los dos tercios de los miembros presentes, por haberse emitido el dictamen el mismo día en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Ese proyecto -que ahora sí tiene preferencia para ser tratado el miércoles- cuenta con el rechazo del radicalismo, el Justicialismo Nacional, el PRO y el ARI, que anticiparon que votarán en contra de la iniciativa por considerarla « inconstitucional». De ahí la importancia de la «prueba de amor» que den en el recinto los diputados radicales de las provincias que virtualmente ya militan en la UCR-K.

Para el gobierno, además, ese día no puede haber errores. El apuro se debe a que el 24 de agosto vence la prórroga de todas las leyes que contienen delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, con lo cual perderían sustento legal.

Por lo tanto, aunque se trate de una cuestión eminentemente técnica en cuanto a la prórroga, los efectos políticos que pueda tener ésta -es la cuarta desde la reforma constitucional de 1994 que fijó un plazo de cinco años máximo para revisar ese cuerpo de 2.000 leyes y decretos que deberían codificarse algunos y derogarse otros- siguieron dividiendo aguas esta semana.

Agustín Rossi, el presidente del bloque oficialista, sigue todavía con la bronca de no haber podido aprobar la semana pasada la prórroga de la legislación delegada, rompiendo de esa manera la imagen de que el peronismo hoy todo lo puede en el Congreso. Los radicales, como la actual constitución de su bloque, le demostraron que en acuerdo con otros opositores puede complicarle votaciones. Pero esa realidad estaría muy cerca de cambiar.

El radical Pedro Azcoiti, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, anunció que su bloque respaldará el dictamen de minoría impulsado del PRO, que fue explicado por Jorge Vanossi y donde se considera que la nueva prórroga es « absolutamente innecesaria» al negarse a «seguir delegando poderes».

Sin necesidad

Pablo Tonelli, que redactó ese dictamen en minoría, insistió: «No hay necesidad de producir una nueva aprobación y ratificación de las normas que contienen delegación legislativa antes del '94".

Elisa Carrió también se sumó a esa ola: «Ya van tres años de gobierno y no estamos en el caos, nada explica mantener una legislación que es absolutamente inconstitucional».

Frente a este escenario, la unidad del radicalismo, también en Diputados, se está volviendo una incomodidad para la votación del próximo miércoles y un peligroso escollo para las pretensiones futuras del kirchnerismo en el Congreso. Bajo el sistema de legislación delegada se aprobaron, hasta la reforma de 1994, algo más de dos mil normas, en un mecanismo que desde ese momento está absolutamente prohibido por el artículo 76 de la Constitución nacional. Desde entonces, sólo se autoriza la delegación de facultades en cuestiones relacionadas con la administración estatal y en casos de emergencia pública.