Guerra de sensaciones II: un pedido de condena radioactivo que puede incidir en la "macro"

Política

Elevada solicitud de pena de entre 14 y 16 años para Cristina de Kirchner con impredecible réplica. Defensas se preparan para desarmar narrativa, cuyas audiencias finales dejaron flancos expuestos. Tragedia grietera y daño autoinfligido, combo ideal para la confusión

La audiencia será corta y se prevé que culmine a media tarde. Pero el pedido de condena que formulará el fiscal Diego Luciani contra Cristina de Kirchner puede extenderse hasta los 16 años de prisión bajo la acusación de haber liderado una asociación ilícita que defraudó al Estado en una cifra indeterminada. El monto de la pena solicitada será el insumo vital para la “guerra de sensaciones” que rodeó el tramo final del juicio oral por Vialidad y que alimentó la grieta hasta límites exasperantes.

Si el alegato de Luciani era técnicamente malo, el kirchnerismo se encargó de invisibilizar sus flaquezas. Con su arremetida instantánea, apenas comenzó a exponer, no hizo otra cosa que magnificarlo al punto de transformarlo, irremediablemente, en la piedra basal que sostendrá, de ahora en más, la narrativa de quienes consideran que los 12 años de gobiernos K fueron una sucesión de corruptelas. El acto de hoy, por la contraria, actuará como sesgo de confirmación para quienes sostienen que la expresidenta es una perseguida política a través de un montaje judicial únicamente direccionado a perjudicarla y proscribirla de la vida pública.

El enfoque de la estrategia de todo o nada quita protagonismo a uno de los pasos fundamentales que tiene todo proceso de juicio oral que son los alegatos de defensa, igual de atendibles que los de la fiscalía. De ambos lados se quemaron cartuchos anticipadamente. En estas líneas se detallaron los puntos altos y los flojos que contuvo el alegato acusatorio -que logró un efecto sorpresa con la cuidadosa selección de mensajes de WhatsApp del indefendible José López- pero que parte de un concepto discutible: para considerar que la extensión de responsabilidad alcanza a Cristina se debe considerar un contexto general que involucra otros expedientes que no han llegado a la instancia de juicio y que se apoya en considerar que toda acción -inclusive las legales, normativas y regulatorias- tenían un designio criminal con arreglo a resultados y como beneficiaria final. Sin ese preconcepto, la prueba fragmentada en los hechos reprochados ingresa en crisis.

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Diego Luciani
Diego Luciani

Eso lo saben los acusadores que se esmeraron por tratar de instalar ese verosímil como un requisito para evaluar lo que consideraban probado. Los vacíos fueron rellenados con adjetivos y silogismos. Un ejemplo fue la mención dentro de los teléfonos de López de una alusión a Máximo Kirchner (sin cargo formal) como interesado en la suerte de una licitación que ganaría tiempo después Lázaro Báez. No se midió correctamente cómo impactaría esa referencia envenenada si el fiscal, como sucederá hoy, no tiene previsto acusarlo de ningún delito en esta causa, como sí a otras personas sobre las que pedirá que se extraiga testimonio. Como suele suceder y habrá que esperar lo que tengan preparadas las defensas, la misma prueba utilizada como cargo puede ser invertida en su consideración como para que funcione como exculpatoria. De hecho hay una cifra ya tempranamente controvertida que resulta fundamental. Si Báez tenía un canal preferencial de pago por sobre otras empresas y al levantar campamento el gobierno en 2015 se inició un operativo “limpiar todo” por el que se busca probar que Cristina dio instrucción de liquidar lo adeudado al empresario, ¿cómo puede ser que Báez reclame una cifra superior como deuda de Vialidad a la fecha?

Pero como se trata de una guerra de sensaciones a la que todavía le faltan varios meses de recorrido para que siquiera el tribunal oral esté en condiciones de pronunciarse (lo que podría poner en duda que alcancen la meta de fin de año para una sentencia), el acto de hoy es mirado fuera de los muros judiciales. No por lo que vaya a pedir Luciani, sino por la reacción que esto genere en el kirchnerismo y sobre todo por las acciones políticas que Cristina pueda entablar en defensa propia, en medio de una fragilidad económica que asusta y con una coalición gobernante -de la que es accionista mayoritaria- apenas remendada en sus diferencias. Sería la primera vez que desde afuera se observa que un alegato que puede tener incidencia en la macroeconomía y, por ende, en la gobernabilidad de los próximos meses.

Hurgar los antecedentes “macristas” de Luciani llevó a un error de diagnóstico y de estrategia. Impidió observar algo que debería haber encendido una luz de alarma en la trinchera oficialista: no debe haber antecedentes de juicios de estas características donde fiscales a cargo de distintos expedientes hayan compartido información que resultara, a la postre, la columna vertebral de la acusación. No fue la producida en el juicio la que arrojó mayores resultados a los fines de sostener un pedido de condena.

Es un síntoma que debiera llamar la atención más allá del resultado de este proceso.

El episodio de la recusación y de las fotos compartiendo equipo de fútbol de Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu, en cuyo Facebook abierto se podían hallar hasta hace poco, opacó otro análisis. Y es que lejos de obtener un control de la justicia como acusan sus detractores, el kirchnerismo sembró de “naúfragos” la mayor parte de sus designaciones judiciales a lo largo de su historia. Abandonados a su suerte, o bien se las ingeniaban para sobrevivir y adaptarse a su ecosistema o, en el peor de los casos, otro “barco” pasaba a socorrerlos.

Luciani integraba la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos cuando estalló la primera parte del caso Báez, en la llamada ruta del dinero, cuando le tocó intervenir a su titular Carlos Gonella. Bajo la supuesta acusación de haber “recortado” el requerimiento de instrucción -paso inicial y eventualmente ampliable si los hay- la guerra de sensaciones de entonces, lo tuvo como uno de los protagonistas de esa actuación. Esquivó una causa penal que recayó contra sus superiores de entonces que terminaron procesados por prevaricato. Ya nombrado fiscal por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó pasó a integrar el Comité Evaluador que suspendió y envió a juicio político al fiscal José María Campagnoli, justamente por haber duplicado una investigación contra Báez en el fuero ordinario. Ese proceso fue un compendio de lo único imperdonable en un juicio político: no tener los votos para avanzar. Las ideas y vueltas del entonces oficialismo no hicieron otra cosa que exponer a quienes habían participado de cara al mundo judicial que maneja otros códigos que la política. No hubo contención alguna. Luciani quedó emancipado, aunque conservó por algunos años más su amistad con el ahora viceministro de Justicia Juan Martín Mena. ¿Su esquema de relaciones era desconocido para el oficialismo? La reacción del oficialismo a su alegato exhibió una sorpresa equiparable a que hubieran tenido la certeza de que el fiscal no pensaba acusar. No fue el mensaje que cruzó a esa trinchera. Fue el opuesto. Sobre el fiscal Sergio Mola -al que le regalaron una emotiva defensa de su rol y una desmentida a una reunión que expuso a una actual ministra del Gobierno- las referencias debieron habérselas pedido a Sergio Berni con quien estrechó un buena lazo merced a su desempeño en la estratégica jurisdicción de Lomas de Zamora. No es el único que lo elogia.

Sin embargo, si hubo evidencias de que Luciani llegó al final de la acusación con la nafta justa quedaron plasmadas con la reiteración de loas hacia uno de los personajes más cuestionados dentro de la AFIP de todas las épocas. Jaime Mecikovsky, el hombre fuerte de Elisa Carrió dentro del organismo hilvanó toda una serie de denuncias de hostigamiento y castigo a quienes investigaron a Báez que se fueron evaporando sucesivamente con el correr del tiempo. La fiscalía no podía ignorar la semana pasada que en agosto de 2021 la Cámara Federal de Bahía Blanca desbarató la disolución de una seccional de la AFIP y hasta sugirieron que hubo prueba falseada en varios expedientes administrativos que nutrieron causas penales contra el kirchnerismo. También hubo un flanco libre con la exhibición de chats de José López con empresarios de la construcción que evidenciaban que el exfuncionario era el hombre al cual reclamarle los pagos por obras públicas.

En esos chats aparecen las conversaciones con Nicolás “Nicky” Caputo, el amigo del expresidente Mauricio Macri, presuntamente por el mismo motivo. Esos intercambios no se exhibieron.

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