Aníbal Ibarra comenzó, como parte de su «operativo retorno», a desplegar la etapa legal de su estrategia, donde el blanco es la sala juzgadora de la Legislatura porteña. Por cierto, las debilidades de ese grupo de 15 diputados que no acierta con una brújula para orientar sus tareas no le requieren al jefe porteño de demasiado asesoramiento para descubrir las nulidades en las que puede caer el juicio en su contra.
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De todos modos, el ex fiscal Julio César Strassera y un nutrido plantel de abogados asisten a Ibarra por estas horas, en las que cualquier error que cometa lo puede entregar a la vida domiciliaria en breve. Después de todo, Ibarra fue asistente de Strassera, aunque el tono que viene tomando el juicio no le asegura que ser avezado en la materia jurídica lo exima y, finalmente, ya ha demostrado poca destreza en las artes políticas.
Así, Ibarra, el miércoles por la tarde envió al vicepresidente de la Legislatura porteña, Santiago de Estrada, una nota pidiéndole que le remita con urgencia cuáles son los cargos en su contra, algo que no hizo la Sala Acusadora cuando votó la apertura del proceso de juicio político. Hoy se dirigirá a la Sala Juzgadora con el mismo propósito y asegura que los legisladores tenían dos dictámenes, uno con 12 cargos contra él (de mayoría) y otro con cuatro acusaciones, y afirmó que «ninguno obtuvo los 30 votos» necesarios.
Con ese reclamo, Ibarra deja precedente de la mora y de lo que estarían privando de su legítimo derecho a defensa, pero De Estrada le respondió que, en definitiva, el 7 de noviembre, una semana antes de ser acusado, le habían remitido los dictámenes de la comisión investigadora. También le respondió el legislador que se había comunicado con Julio Maier, presidente de la Sala Juzgadora y del Tribunal Superior de Justicia, para que fuera él -por el título que le compete- quien le remitiera las miles de fojas que conforman la investigación, mientras que le envió la versión taquigráfica de la sesión en la que resultó acusado. Lo complejo es que Maier no debe tener aún esa papelería, mientras algunos en la Sala Juzgadora lo quieren juzgar a él, como la izquierdista Susana Echegoyen, otro motivo que desacredita a la comisión que retomará sus reuniones hoy, en un clima donde la temperatura será difícil de controlar. Ibarra busca que se certifique -con hechos o con actos- que la Sala Juzgadora ha comenzado a funcionar y, de ese modo, luego reclamaría por el derecho del «juez natural» (parte de una discusión en espiral en la Legislatura porteña) para que sean quienes hoy los están juzgando los que terminen de hacerlo antes del 10 de diciembre, cuando ocho de los diputados hagan sus maletas porque se les vence el mandato. Por ahora, nadie se atreve a pedir formalmente una prórroga del mandato de esos legisladores para que terminen el juicio que han iniciado.
• Estrategia compartida
La izquierda y el macrismo, que avanzan en conjunto con la misma estrategia, tratan en cambio de no dar pasos que inicien el juicio, para que directamente sea la próxima Legislatura la que resuelva si destituye a Ibarra o no. Aparentemente, el conteo de votos le sería adverso al jefe de Gobierno después del 10 de diciembre, pero no todo está asegurado. Ayer, Elisa Carrió, después de un mes sin dedicarles minuto a las radios ni a la TV, explicó que «nadie quiere voltear a Ibarra» y que sus diputados, si les toca, verán qué hacer de acuerdo con las pruebas que se aporten en el juicio.
Una posición diferente se comentaba ayer en la Legislatura: el juicio ya se cayó (ver vinculada).
Mientras tanto, Ibarra dedicó la puerta de su casa ayer (rememora ya a Carlos Corach o a Chacho Alvarez en el Varela Varelita) para mortificar a los diputados porteños.
El suspendido jefe de Gobierno denunció un «linchamiento al voto de la sociedad» por el juicio que se le sigue y dijo que «a algunos legisladores les interesa cualquier cosa menos la regularidad del proceso».
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