Aníbal Ibarra se arriesgará a un monitoreo de los caceroleros que animan las asambleas barriales de la Capital Federal. Hoy anunciará un «plan de prioridades presupuestarias 2002 y el presupuesto participativo 2003», una cruzada para que barrio por barrio los vecinos opinen sobre cuáles son los gastos que tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por cierto Ibarra será poco lo que pondrá en juego de su persona, ya que se limitará a dar curso a la presentación en el Centro Cultural San Martín y enviará a Ariel Schifrin (uno de sus lugartenientes) a padecer ante los vecinos quejosos por calles rotas, inundaciones y baches.
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Después de todo, el ibarrista ha sido nombrado «responsable» de Descentralización de la Capital Federal por el jefe de Gobierno. Será todo un debut para Schifrin, quien hasta hace poco más de un mes comandaba el bloque Alianza en la Legislatura porteña. El salto al ejecutivo lo expone ahora a una tarea más audaz: igual que con sus ex pares de la Legislatura a los que debía arrancar el voto para su jefe, deberá ampliar la práctica para con los 3 millones de vecinos de la Ciudad. Les va a proponer la realización de 4 asambleas vecinales por cada barrio en un lapso de 90 días, para que concilien sus intereses. Luego asegurará que el listado de semáforos, comedores, limpieza y demás se inscribirá en un renglón del presupuesto porteño. Todo un riesgo para el integrante de un partido en extinción, como es el Frente Grande.
La presentación será rimbombante. Están invitados el ex prefecto de Porto Alegre Raúl Pont y el vice alcalde y director de Descentralización de Montevideo, Ernesto de los Campos, representantes de ciudades que han implementado experiencias similares a la que ensayarán Ibarra-Schifrin.
El «responsable» de Descentralización maneja los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de oficinas que sembró Enrique Olivera, cuando era vicejefe de Gobierno, en 16 zonas de la Capital Federal, donde cada CGP agrupa a dos parroquias electorales, lo que resultó una convivencia pacífica de punteros políticos. Cada uno de esos centros, que por ahora se acotan a recepcionar trámites de impuestos, documentos y quejas varias, es manejado por un director. Olivera hizo el diseño geográfico de esos centros como un anticipo a la división en comunas de la Ciudad, con la idea de llegar a ese reparto que impone la Constitución local. Sin embargo, Ibarra prefiere no sancionar la ley de comunas que deberán tener autoridades electas y practicar las descentralización con una ley electoral para que se voten diputados por zonas.
Durante el pasado verano, cuando estuvieron en auge esas tertulias de vecinos al aire libre, tras la renuncia de Fernando de la Rúa y luego de Adolfo Rodríguez Saá, hubo un intento del oficialismo porteño por sumar a los protestantes. Se les ofreció un lugar cerrado del Gobierno de la Ciudad para que comulgaran bajo la protección del cielor raso oficial, lo que resultó en una catarata de quejas de los asambleístas que entendieron que tal noble donación era un intento de manejo de las reuniones.
A ese tipo de respuestas parece aventurarse Ibarra, mien-tras amasa un plan B para su destino dentro del Frente Grande: si en el congreso partidario del próximo 27 de abril termina pulverizando el sello, Schifrin tendrá la tarea adicional de crear un nuevo partido político, sólo porteño -apostando a la reelección de su jefe el año que viene-.
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