Mientras Ibarra mantiene una estrategia con recorridas barriales, Telerman resiste y se mantiene neutral.
Aníbal Ibarra contemplará esta semana cómo sus pocos adherentes en la Legislatura porteña desplegarán dos planes alternativos en la búsqueda de una definición rápida del juicio político que afronta el suspendido jefe de Gobierno porteño. Esa situación también mantendrá expectante al suplente Jorge Telerman y a sus ministros, algunos de los cuales esperan esa resolución para armar las valijas y despedirse del gobierno local, cualquiera sea el resultado sobre Ibarra, la destitución o el retorno.
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La clave, creen los ibarristas, estará dada por quiénes conforman la sala de 15 diputados que juzgará a Ibarra. Intentarán que sea esa propia comisión la que resuelva que los 8 legisladores que dejan sus bancas el sábado próximo continúen en funciones, es decir, como jueces del jefe de Gobierno suspendido. La opción tiene más de un argumento en contra. Desde la anticonstitucionalidad que implicaría no sólo la prórroga de los mandatos con los nuevos diputados ya asumidos, sino el hecho de que unos pocos legisladores lo definan así, son explicaciones que ganan terreno en la Legislatura.
En contra de esa negativa se despliega que «se trata de un juicio político y si se acusa con una mayoría, se debe juzgar con esa misma conformación de bloques». Ante el fracaso de que la Legislatura en pleno autorice que 8 legisladores continúen siendo jueces -sin ser ya diputados-, el ibarrismo intentará una segunda opción: sancionar una norma que permita sortear a los reemplazantes de los que se van de la Sala Juzgadora entre los 30 nuevos que ingresan. Esa opción es para evitar que dominen la Sala el ARI y el macrismo que son los principales acusadores de Ibarra, ya que la izquierda, que se suma a la embestida, desvanece su representación tras las elecciones de octubre.
Esa norma, de aprobarse, resolvería con respecto al artículo de la Constitución que indica que cada dos años la Legislatura sortea «en su primera sesión» a los miembros (45) de la Sala Acusadora y de la Juzgadora (15) que actuarán en caso de juicio político. De prosperar la idea, se sortearán únicamente los puestos que quedan vacantes en las dos comisiones, es decir, no entre los 60 nombres, que podrían arrojar que algunos de los acusadores pasen a ser juzgadores, pero también evitando que dejen la silla que tienen actualmente en la Juzgadora diputados supuestamente afines a Ibarra como el socialista Norberto La Porta y la única ibarrista del cuerpo, Laura Morresi, quienes sumarían a los seis votos que necesita el jefe de Gobierno para regresar a su puesto. La sala de juzgamiento, que preside el titular del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier, requiere de dos tercios de sus miembros -10 diputados-para destituir a Ibarra. Con la nueva conformación tras la asunción de las bancas nuevas el próximo sábado, la decisión recaerá en manos del partido de Elisa Carrió, dado que el kirchnerismo no acompañaría el desplazamiento y sí lo haría el macrismo.
• Valijas
Mientras Ibarra continuará con su estrategia de mantenerse dentro de la escena porteña, con recorridas barriales, mesas callejeras en busca de adhesiones y otros artilugios (por caso presenciar la asunción de los nuevos ministros nacionales en la Casa de Gobierno), el suplente Telerman resiste su propia incertidumbre y la del staff porteño. El vicejefe en ejercicio de la Jefatura de Gobierno piensa mantenerse en la neutralidad. Según explicanquienes son hoy en el plantel porteño sus más seguidores, Telerman no hará demostraciones de buscar el regreso de Ibarra, pero tampoco de rechazarlo. Esa actitud lo deja sin posibilidades de cambios inmediatos en las políticas porteñas y menos de funcionarios. Sin embargo, al menos dos o tres secretarios de área tendrían decidida su partida, la que dejan atada a la finalización del juicio político, sea con el retorno o la destitución de Ibarra. Uno de esos funcionarios es el kirchnerista Héctor Capacciolli, a cargo de Descentralización, la secretaría que maneja los 16 centros barriales de gestión administrativa. El amigo de Alberto Fernández ya hace rato que cree puede mudarse al gobierno nacional. Se lo mencionó para integrarse al Comfer, pero ahora tendría una vacante en otra área menos relacionada con su profesión de radiooperador. Sin embargo, Capacciolli esperaría a que se defina la situación del jefe porteño, evitando que sea Telerman quien le busque ahora reemplazante. Otro caso es el del secretario de Seguridad, Diego Gorgal, quien asumió en el cargo el año pasado cuando el duhaldista Juan José Alvarez lo dejó como heredero del puesto al que había sido convocado tras el trágico accidente del local bailable Cromañón.
• Cuestiones
El joven Gorgal, cuyo principal referente político sigue siendo Alvarez, tenía previsto completar un plan de su área de seguridad y buscar mejor destino, pero se le presentan ahora dos cuestiones: completar su proyecto depende en parte de la nueva Legislatura y un plazo como poco de algunos meses, pero además, como el resto de los ministros porteños, las discusiones sobre planes y políticas parecen no tener interlocutor con Ibarra suspendido y Telerman en una suplencia que no le otorga decidir sobre esas cuestiones, por ahora.
El otro caso es el de Educación, donde la secretaria del área, Roxana Peraza, ya venía mencionada como una de las posibles reemplazadas en una suerte de relanzamiento del ibarrismo (cuando se creía que no habría juicio político). La funcionaria, que no tiene las mejores relaciones con Telerman, partiría con seguridad en caso de que el vicejefe termine siendo quien complete el mandato porteño hasta 2007.
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