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El vicepresidente de la Legislatura, Santiago de Estrada, llegó ayer al Palacio de Bolívar 1 a entregarle a Aníbal Ibarra la comunicación de la apertura del juicio político en su contra y la suspensión en su cargo sin goce de haberes.
Jorge Telerman quedó formalmente ayer a cargo del Ejecutivo porteño, una vez que se completó el trámite para que ocupe el lugar de Ibarra, suspendido mientras se desarrolla el juicio político en su contra por el caso Cromañón. El vicepresidente de la Legislatura porteña llegó a media mañana al Palacio Municipal con la comunicación sobre la suspensión, sin goce de haberes, que aprobó el lunes la Sala Acusadora de la Legislatura.
Telerman ocupará el puesto como vicejefe de Gobierno a cargo del Ejecutivo, «como si Ibarra estuviera de viaje», dijo el mandatario reemplazante para definir la situación. Su estada en el sillón principal ya comenzó a generar intrigas e incomodidades, mientras el staff ibarrista se ajusta a la situación en un clima de reproches y condenas.
La intriga de parentescos se nutría en los corrillos del Palacio Municipal también con respecto al propio Ibarra y su hermana, la senadora Vilma. «¿Y Vilma?», preguntó un distraído durante la conferencia de prensa del jefe de Gobierno suspendido, el lunes por la noche. «Está con Alberto en Santa Cruz», se respondió, como una ironía para marcar la ausencia en el crítico momento, pero, después de todo, la senadora tampoco se hizo visible la noche del 30 de diciembre cuando la tragedia prenunciaba el final, que comienza a ejecutarse.
Luego siguieron las especulaciones, antes de que por la noche comenzara la primera reunión sobre el «operativo retorno», entre legisladores amigos, Fernández e Ibarra (Aníbal) quienes evaluaban las posibilidades (pocas), de restablecer el cargo del jefe porteño el próximo 10 de diciembre o antes. Allí se bocetaba cómo se armará el anuncio que hizo público Raúl Fernández «vamos a pedirles a los vecinos que votaron por nosotros en 2003 que defiendan a este gobierno. Estamos convocando a que el lunes los porteños salgan a la calle en defensa de la educación y la salud pública y el rumbo de crecimiento e integración que estamos llevando adelante, dependiendo siempre de nuestros vecinos». Fue en una gacetilla con el membrete del Gobierno de la Ciudad.
Esas especulaciones intentaban buscar una explicación al fracaso de no haber podido mantener intactos algunos acuerdos que, asegura el ibarrismo, mantenía sellados para garantizar la continuidad de Ibarra y evitar el juicio político. Alberto Fernández y Vilma Ibarra caían en ese ánimo de rencor del ibarrismo, anoche. Los acusan de la mala idea de llevar adelante el pase de Eduardo Borocotó un día antes del debate de la Sala Acusadora y despedazar con esa evidencia los «acuerdos previos». Estos incluirían que, algunos aliados del macrismo, no convencidos con llevar adelante el juicio político habrían prometido que al menos dos no se sentarían en el recinto el día clave. Serían los ausentes, Borocotó (quien debía conservar su pertenencia al macrismo, en esos planes) y la peronista Dora Mouzo, quien es referente de Santiago de Estrada, el presidente de la Sala Acusadora y vicepresidente primero de la Legislatura. Borocotó parece haberse sentado sólo a votar en contra de Ibarra como es conocido, ante los escraches recibidos, pero de Mouzo nunca se conoció que votaría en contra de su bloque Juntos por Buenos Aires que conforman los peronistas y afines aliados a Macri. Le reprochan eso inclusive al peronista Diego Santilli, a quien referencian como un amigo de Ibarra. Esas conclusiones plagadas de resquemor, claro, son negadas rotundamente tanto por Santilli como por De Estrada, quien se convirtió también en el blanco del kirchnerismo, abocado ayer a una jornada de descanso y reflexión. «Hicimos todo lo posible, no pueden culparnos a nosotros», replicaban los kirchneristas a sus aliados del Gobierno de la Ciudad. «En todo caso, fueron ellos los incapaces de conseguir que alguien se inmole el lunes», sugerían, dando cuenta de cómo proseguirán las relaciones de aquí en más.
La clave parece tenerla el titular del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier, quien, como impone la Constitución porteña, es el presidente de la Sala Juzgador y recién el viernes dará a conocer los próximos pasos del proceso.




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