Los problemas de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, están teniendo su derivación en su provincia natal, Córdoba. El intendente de la ciudad capital, Luis Juez, está cuestionado por haber designado a instancias de Picolotti a tres funcionarios en la Secretaría de Medio Ambiente municipal en 2006. También se investigan los $650.000 que recibió la provincia en el marco de plan de saneamiento del Riachuelo.
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En septiembre del año pasado el intendente cordobés tomó la decisión de poner al frente de la secretaría ambiental a Víctor Hugo Ricco. Junto a este abogado llegaron Pablo Ibáñez, como subsecretario, y Andrés Federico Ticera, a la subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable.
Los tres funcionarios arribaron a la administración pública desde la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), presidido por Daniel Tailland, esposo de Picolotti. Esta organización, como explicaba una gacetilla del propio municipio que presentaba a los nuevos empleados, es una "ONG sin fines de lucro, creada en el año 1999 por la actual secretaria de Ambiente de la Nación".
La fundación que se ocupa de la "investigación, capacitación, promoción de legislación y acceso a la Justicia a víctimas de violaciones a los DDHH, producto de la degradación ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los recursos naturales", impulsaba entonces varios reclamos ambientales. Entre las principales problemáticas estaban los plaguicidas que SENASA acopiaba en un galpón de Alta Córdoba, el pedio de traslado de la empresa Dioxitek y la planta de tratamiento de Bajo Grande.
Con esos problemas en carpeta, a mediados de agosto del año pasado, Juez viajó a la ciudad de Buenos Aires para entrevistarse con la flamante (había asumido en junio) Secretaría de Ambiente de la Nación. En la delegación cordobesa no estuvo la entonces secretaria ambiental, Diana Raab, que renunció al cargo a fines de ese mes.
Semanas después, en septiembre, el Intendente anunció la llegada de miembros de la Fundación creada por Picolotti y que dirige su marido.
Los recursos públicos también en la mira La investigación que cuestiona la gestión de Romina Picolotti en la Secretaría Ambiental de la Nación destaca varios manejos extraños con los fondos. Uno de ellos se vincula con la provincia de Córdoba.
Dentro del Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo que tiene como objetivo recuperar el área fluvial bonaerense figura un giro de $650.000 a Córdoba. Esos fondos habrían sido destinados a realizar un diagnóstico para limpiar el lago del Parque Sarmiento, pero aún no fueron ejecutados. También habría denuncias por el fuerte incremento de la planta de personal en el área en los últimos 12 meses.
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