La Justicia frenó otro intento del sindicato ferroviario de vender el edificio de su viejo policlínico, que en realidad está implicado en una disputa en el Senado donde se sostiene que el inmueble ya es propiedad del Estado. Hace un año, el gobierno quiso aprobar una expropiación a la Obra Social Ferroviaria, por la que el gremio hubiera recibido unos $ 12 millones, a tiempo para salvarse de la quiebra. Esa maniobra fue frenada por senadores del radicalismo que denunciaron la imposibilidad de autorizar la expropiación de un bien que es propiedad estatal. Una donación vencida quedó en medio de la polémica y el proyecto tuvo que ser retirado.
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Ahora se supo que durante la última asamblea del consejo directivo de la Obra Social Ferroviaria se informó sobre las alternativas de la venta del edificio. Es decir, que tras la expropiación fallida, hubo al menos dos intentos de venta a particulares. El último fue frenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19, que lleva adelante el concurso de esa obra social. El problema fue la diferencia de cotizaciones, pero ahora habrá otro intento para vender el inmueble en $ 19 millones a London Suply SA, propiedad de «Tedy» Taratuti, empresario vinculado al kirchnerismo que controla el venerado aeropuerto de El Calafate y el de Ushuaia.
Existe en la Justicia otro pedido del senador radical Gerardo Morales para que se cancele toda la operación, pero aún no existe un pronunciamiento firme.
El escándalo en torno al ex Policlínico Ferroviario comenzó con un proyecto de expropiación presentado el año pasado en el Congreso y despachado en el Senado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero el proceso había comenzado un año antes, cuando un decreto de Néstor Kirchner libró a Pedraza de tener que cumplir con el cargo de la donación original de 1944 que obligó a mantener en el predio un policlínico para ese gremio. De no hacerlo, debía devolverlo al Estado.
El 21 de noviembre de 2006, el radical Gerardo Morales presentó un proyecto opuesto a esa expropiación con precio que impulsaba el gobierno: «Yo he planteado que el procurador del Tesoro inicie las acciones para recuperar el inmueble por incumplimiento del cargo de la donación. Lo que quieren hacer es pagarle $ 12 millones a Pedraza para que solucione los problemas que tiene con la quiebra. Ya hay denuncias del secretario general del sindicato del personal directivo sobre manejo irregular de fondos. Estamos hablando de un impresionante inmueble en lo que era Puerto Nuevo. Lo que quiere hacer el gobierno es darle esos $ 12 millones para que arregle sus problemas y el Estado puede recuperarlo gratuitamente», dijo en su denuncia.
La historia del predio comenzó en 1936, cuando el senador jujeño Benjamín Villafañe presentó un proyecto para crear un hospital para los ferroviarios. Se otorgaron fondos y subsidios para construirlo en un predio del barrio de Belgrano. Ya por entonces el gremialismo hacía sus travesuras: el hospital fue hipotecado por los sindicalistas de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria y al caer en mora fue ejecutado.
Donación
En abril de 1944, el Jockey Club de Buenos Aires quiso congraciarse con el sindicalismo y le donó un terreno y el dinero para construir el Policlínico Ferroviario Central. Al mismo tiempo, el gobierno dona terrenos en la zona de Puerto Nuevo con el cargo de que allí funcione el sanatorio. Ese fue el edificio que se inauguró en 1954 y dejó de funcionar en los 90.
Los problemas legales arrancaron el 3 de junio de 1944 con un decreto que transfirió el inmueble a la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Otro decreto, del 24 de enero de 1946, cancela esa transferencia dispuesta en 1944.
El 9 de diciembre de 2005, un decreto de Kirchner decide levantar el cargo de la donación que debían cumplir los sindicalistas, es decir, mantener un hospital en el predio como condición para poder retenerlo.
Pero la oposición inmediatamente respondió: no se puede liberar la disposición del inmueble a Pedraza por un decreto, sino que es necesaria una ley, como la que ratificó en su momento la donación.
«Ese bien inmueble es 'en potencia', un bien del Estado nacional; lo único que debe hacerse para que la potencia se convierta en acto es ejercer el legítimo derecho de revocatoria que tiene el donante ante la falta de cumplimiento del cargo, si se quiere incumplimiento parcial», explicó Morales.
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