Inédito: reprimieron a piqueteros

El patoterismo habitual del gremialista camionero Hugo Moyano lo llevó a bloquear el centro de distribución de Supermercados Coto y organizar pantagruélicos y festivos asados (foto 1). Además, habló el sindicalista para vanagloriarse de las medidas ilegales que planea (foto centro). Pero finalmente la Policía obligó a terminar el bloqueo y despejar la zona y así permitir una actividad comercial legítima. En definitiva, se hizo cumplir la ley en la que los violentos no creen al preferir la «acción directa». No sería justo combatir, como ya se hace, las prepotencias piqueteras en las calles y mantener las «apretadas» que organiza este dirigente del gremio camionero. Los piqueteros se escudan en el hambre. Es más legítimo que quienes atentan contra la actividad por simple acaparamiento de poder al robarse afiliados a sindicatos.

Hugo Moyano intentó ayer politizar el conflicto que mantiene su gremio de camioneros con la empresa Coto por sus intenciones -junto a su hijo Pablo- de «afiliar por la fuerza» a unos 1.300 trabajadores que se desempeñan en el área de logística, actualmente miembros del Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, en un intento de repetir lo que hizo en Carrefour el año pasado. Ayer, Moyano amenazó con un paro general de los camioneros.

Durante la jornada se repitieron los hechos de violencia que se vivieron el miércoles, cuando la seguridad del centro de distribución logística de Coto en Luis Guillón (partido de Esteban Echeverría) rechazó una ocupación por la fuerza de la empresa. Ayer la violencia fue mayor al intervenir la guardia de Infantería de la Policía Bonaerense, que desalojó el lugar por orden del fiscal Daniel Gualtieri, quien recibió toda clase de insultos por parte de los manifestantes. Alrededor de las 13, la Policía cargó contra los «pesados de Moyano», quienes en número de 400 quisieron resistir mediante el uso de piedras, palos y algunas bombas molotov. Sin embargo, la fuerte presencia policial -se desplegaron unos 160 efectivos- doblegó la resistencia de los activistas, quienes debieron dejar las instalaciones de Coto y quedarse en las inmediaciones mientras Moyano intentaba negociar con el Ministerio de Trabajo. Previamente había fracasado una audiencia de conciliación con Alfredo Coto, quien rechazó la medida de fuerza y había despedido a 17 activistas del gremio.

• Detenciones

Como saldo de los enfrentamientos, hubo unos 20 manifestantes detenidos y otros 15 fueron hospitalizados, en su mayoría por contusiones o heridas provocadas por las balas de goma con que los dispersó la Policía, que -a su vez- registró dos agentes heridos por la acción de los revoltosos.

También el gremialista cargó contra Coto, presidente de la cadena de supermercados: «A los choferes los hace trabajar 18 horas, les paga 500 pesos y en condiciones de explotación», sostuvo el primogénito del secretario general del gremio. A su vez, el empresario responsabilizó al gremio de camioneros por las consecuencias que la medida podría traer sobre los trabajadores. Coto denunció al gremio por movilizar «barras bravas», afiliar por la fuerza y promover agresiones contra sus empleados.

También Cavalieri acusó a Moyano de «actuar por la fuerza, cerca del delito, molestar la propiedad privada e impedir que los trabajadores puedan ingresar a su lugar de trabajo».

En ese contexto, al mediodía fracasaron sendas mediaciones intentadas por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y por su par bonaerense, Roberto Mouillerón. Tomada negociaba sobre el encuadramiento que pretende Moyano y Mouillerón por los despidos de 17 activistas que decretó la empresa. Las reuniones habían tenido lugar en la delegación de la cartera laboral provincial en Lomas de Zamora.

Después de los disturbios, el subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval, deslindó responsabilidades de la cartera que dirige Carlos Arslanian al sostener que la intención del gobierno bonaerense era no utilizar la fuerza en el conflicto, pero que la Policía debió cumplir con el desalojo para no desobedecer una orden judicial del fiscal. «La intención del gobernador Solá y el ministro Arslanian era no reprimir, pero, ante la orden escrita del fiscal, todos debimos cumplirla.» En fuentes policiales había trascendido que el fiscal amenazó con detener y procesar a un jefe policial sino se cumplía su orden de desalojo.