Según establece el Código Procesal Penal en el que se basará el juicio, toda prueba documental que se encuentre en la causa debería ser leída a lo largo del proceso con el pleno de la Sala sesionando.
Teniendo en cuenta que el informe, elaborado por una comisión especial de la Legislatura, reúne 17 mil fojas, y que la Sala Juzgadora tiene sólo dos meses para expedirse, los legisladores rechazaron considerarlo como prueba documental.
No obstante, pese al pedido de Ibarra de dejar el informe completamente de lado, la Sala mantuvo abierta la posibilidad de que alguna parte muy específica pueda ser utilizada durante el proceso, ante el pedido de alguna de las partes. Los 15 legisladores integrantes de la Sala decidieron, además, habilitar en el recinto 60 lugares para que los familiares de las víctimas presencien el juicio, así como permitir el ingreso de 15 allegados a Ibarra.
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