La agresión que sufrió el sábado en Río Gallegos Alicia Kirchner generó en las últimas horas nuevas sospechas acerca del supuesto carácter espontáneo de la turba que envolvió a la funcionaria a la salida del céntrico restorán Roco, en el marco de una postal sugestivamente desprovista de fuerzas de seguridad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El pasado lunes, tal como lo informó ya este diario, el abogado Norberto Leserovich se presentó espontáneamente como testigo ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional 1 de Santiago Lozada, donde denunció la presencia de conocidos militantes del Frente para la Victoria en el tenso episodio, en una actitud al menos sospechosa.
Por afuera de la presentación de Leserovich, trascendieron también en Río Gallegos otras supuestas presencias que rodearon a la hermana menor del Presidente, en este caso exportadas desde el conurbano bonaerense.
Entre los señalados se encuentran Marcelo Mallo (ex funcionario municipal del intendente Sergio Villordo y cercano al ministro del Interior, Aníbal Fernández) y el precandidato K de Berazategui, Walter Fava.
El denunciante Leserovich pertenece a la Asociación de Abogados de Río Gallegos, lo mismo que los tres letrados -Javier Pérez Gallart, José Luis Janezak y Bernardino Zaffrani- señalados en la denuncia judicial presentada por la hermana de Néstor Kirchner tras el ataque.
Testigo
«Ahí hubo claramente una operación preparada desde algún sector del PJ, aunque de esto dejo a salvo totalmente a Daniel Peralta, porque no creo que del gobernador haya salido ninguna de estas artimañas», aseguró Leserovich, en declaraciones a «FM Tiempo». «Me presenté como testigo en la causa que presentó Alicia Kirchner porque yo pude individualizar claramente quiénes estaban allí, y uno de ellos me empujó sobre el cordón de la vereda», agregó.
Según Leserovich, «había personas claramente identificables en la ciudad de Río Gallegos, que todos conocemos y que estaban dando vueltas por el lugar». Entre los mencionados por el abogado se encuentran el director del área del Adulto Mayor en Asuntos Sociales de la provincia, Marcos Tabacco; el ex candidato a intendente Pablo Grasso; el subsecretario de Desarrollo Humano y Economía Social del Ministerio de Asuntos Sociales, Jorge Ferreira; y el Coordinador Provincial de Agenda Pública del Ministerio de Asuntos Sociales, Pablo Ulloa. Para el abogado que se presentó como testigo, los militantes «no estaban haciendo cordón y protegiéndola, sino circulando por la periferia y empujando a los manifestantes». «Inclusive uno de ellos estaba tirando petardos, y claramente en Crónica se escuchan los estampidos; entonces no vengan a decir que los manifestantes fueron con petardos», denunció.
Quienes miran con recelo el escrache que sufrió la funcionaria nacional piensan en la conveniencia para la Casa Rosada de mostrar -vía los medios nacionales presentes en Río Gallegos-a Alicia Kirchner como víctima de una minoría violenta e irracional, para que la grave crisis social e institucional que atraviesa la provincia natal del Presidente pueda ser leída desde otra óptica.
Según esa visión, fue saludable para el año electoral K la catarata de repudios a la agresión que previsiblemente se desató, y que tuvo como protagonistas a gobernadores y a sectores tanto del oficialismo como de la oposición.
También recuerdan el confuso episodio contra la residencia de Kirchner, a manos de un hombre que estrelló un camión a pocos metros de la vivienda, que desde Balcarce 50 se encargaron de leer como un atentado fallido contra el primer mandatario.
Por lo pronto, en las últimas horas Leserovich aseguróque «hubo mucha gente que todos conocemos y que formaron parte de la famosa 'guardia pretoriana' y también de los que les pegaron a los caceroleros». «¿Qué hacía esta gente que no estaba cuidando a Alicia y estaba corriendo por los alrededores, tirando petardos y empujando a los manifestantes?», se preguntó.
La denominada «guardia pretoriana» era un virtual fuerza de protección integrada por militantes, a la que solía recurrir Kirchner en sus tiempos de gobernador cuando el recrudecimiento de los reclamos lo ameritaba; el episodio de los caceroleros, en tanto, data de abril de 2002, cuando un grupo de militantes enfrentó a golpes a manifestantes que reclamaban mejoras salariales, en una virtual «zona liberada» por la Policía.
En paralelo, Leserovich presentó el lunes una denuncia por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el jefe de la Policía provincial, Wilfredo Roque, por no haber arbitrado los medios necesarios como para resguardar la integridad física de la ministra.
«Fui testigo de toda esta situación cuando se produjo, y como hombre de derecho denuncié al jefe de Policía porque hubiera bastado un móvil con dos novatos para que la señora Kirchner saliera de allí tranquilamente», dijo.
Desde la vereda de la combativa Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac), en tanto, desde el sábado insisten en asegurar que la hermana del Presidente cometió «una imprudencia» al haberse mostrado en un lugar público «cuando sabe sobre la enorme bronca contenida que tiene la gente» en Santa Cruz.
Un posicionamiento parecido volvió a asumir en las últimas horas el intendente radical de Río Gallegos, Héctor Roquel, quien aseguró que la ministra «actuó con imprudencia».
Las declaraciones se ganaron las críticas del presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi. «La justificación de Roquel es la misma que escuchamos cuando una mujer es violada: la culpa es de ella porque provocó», dijo.
Dejá tu comentario