El gobierno nacional decidió avanzar en la actualización de los haberes de los uniformados. Ayer, la ministra de Defensa, Nilda Garré, envió una copia del proyecto de ley para conocimiento de los jefes de las Fuerzas Armadas y tan pronto se leyó el texto, hubo un coro de voces enojadas y sorpresa por el contenido de la iniciativa.
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El texto consta de dos partes: 1) por un lado se incorporarán al haber algunas sumas fijas no remunerativas -ésta es la supuesta mejora que aduce Defensa, compartida por algunos jefes- que hasta ahora se liquidaban de esa forma para evitar que se trasladaran al universo de los retirados y 2) se modifica la escala salarial que determina la graduación del haber de retiro de la Ley 19.1001 del Personal Militar, recortándose 20 por ciento.
Este es el punto más crítico. Hasta ahora, un militar con el máximo de años de servicio (35) pasaba a retiro y percibía el ciento por ciento del haber de actividad, que en rigor es el 89%, porque los militares, a diferencia del resto de los jubilados, siguen aportando en la pasividad 11 por ciento de sus sueldos.
Sumas fijas
Sin contar que esos porcentajes nada dicen de la realidad salarial de los cuadros castrenses porque los aumentos desde la gestión de Domingo Cavallo en Economía hasta la fecha, nunca se dieron sobre el «haber», sino con la herramienta de otorgar sumas fijas no remunerativas. La medida fue cuestionada por inconstitucional en innumerables juicios que se ganaron y el Estado lleva pagados más de 2.000 millones de pesos en bonos públicos. Esa masa de dinero generada por el aporte vitalicio tanto del personal en actividad, de los retirados como de las pensionadas, es una de las fuentes de financiamiento de la caja de previsión de los uniformados, el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que pasó recientemente a la órbita del Ministerio de Defensa.
La nueva escala propuesta por el gobierno determina que quien acumule 35 años se va a retiro con 80% del haber, que, en realidad, se transforma en 69% por el aporte de 11 de por vida al IAF. La primera conclusión de los jefes de personal de las fuerzas es que la propuesta de Garré girada a la Comisión de Defensa del Senado produciría un clima de nerviosismo interno porque el proyecto erosiona uno de los pilares de la estabilidad de la carrera militar. Al trascender el proyecto hubo ayer toda clase de especulaciones acerca de la conveniencia o no de continuar en la carrera militar. También alcanzó la preocupación a sectores de retirados temerosos de que la medida no respete el principio de irretroactividad de las leyes y los involucre, a pesar de que la letra de Garré aclara que «no se afectarán derechos adquiridos del personal militar cuyos haberes de retiro se continuarán calculando sobre el cien por ciento». Tienen experiencia de otros casos, como las denominadas «leyes del perdón», que se revisaron por conveniencia política con efectos retroactivos en causas ya fenecidas. Militares que prefirieron el anonimato (porque para el equipo de comunicación de la ministra, la divulgación de información pública que no haya sido dada por gacetilla es una «filtración grave»), apuntaron que no hay gremio ni trabajador que no pelee hoy por el 82 por ciento, mientras ellos, por una disposición superior, tendrán que conformarse con el 69 por ciento. «Somos extranjeros en nuestra propia Nación», agregaron molestos.
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