Interpelación para Miceli

Felisa Miceli deberá enfrentar más presiones esta semana por el escándalo en torno al pago del Grupo Greco. Tras la vuelta de vacaciones, los dos senadores radicales -más opositores de otros partidos- que ventilaron el caso en el Congreso pidieron ya su interpelación en el recinto. El menú contra la ministra incluirá una nueva denuncia penal -por negarse a explicar qué sucedió- y más recursos a la Justicia. Mientras eso sucede, avanza en Tribunales el resto de las causas abiertas para investigar cómo llegó al Congreso la orden de avanzar sobre el cuestionado pago. Hasta la prensa adicta, que defiende la tesis de que la ministra intentó siempre frenar la entrega de bonos a los Greco, reconoce que no hay explicación a algunos documentos que Economía envió al Senado cuando se le pidieron informes sobre el grupo empresario. Comenzarán ya los entrecruzamientos de llamadas entre abogados y funcionarios, pesquisa que complicará la suerte de todos.

Felisa Miceli

El caso Greco volverá a ventilarse esta semana en el Senado, más allá del avance que se produzca en la Justicia en los tres expedientes que se han abierto sobre el tema. El viernes pasado, los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales presentaron un pedido de interpelación a Felisa Miceli para que informe por qué se decidió enviar al Congreso el proyecto de ley «referido a una autorización para la emisión de $ 1.300 millones en títulos de la deuda pública para cancelar obligaciones del Estado, en especial, las referidas al pago de $ 587 millones del Grupo Greco», reza el pedido.

Los senadores, que además preparan para esta semana dos presentaciones judiciales -un recurso de amparo por no haber recibido la información requerida sobre el caso por parte de Miceli y una denuncia penal por la misma cuestión- hicieron en el pedido de interpelación el pormenorizado relato que ya se conoce sobre el origen del escándalo Greco: «La explicación que se dio fue que la colocación iba dirigida a la cancelación de distintos pasivos, entre los que se ejemplifica a ex - empleados de YPF, reclamos provisionales, entre otros. Sin embargo, advertimos con sorpresa que entre los «beneficiados», en el rubro «proveedores varios», figuran diferentes acreencias cuyo común denominador es la de estar vinculadas a la quiebra del Grupo Greco, acaecida a principios de los ochenta».

Confirman así lo que este diario informó desde el inicio del caso: que el gobierno sabía exactamente el destino que daría a esos bonos a emitir y que el expediente por el juicio de las familias Greco-Bassil al Estado había pasado por todas las instancias judiciales y administrativas como para disponer el pago. En síntesis: no se podía alegar ignorancia en ningún punto.

Novedad

También revelan como novedad que el 13 de diciembre pasado le solicitaron información sobre el caso a Raúl Rigo, subsecretario de Presupuesto del ministerio, sin respuesta alguna. Hasta ahora, se sabía que Rigo había visitado el Congreso en los días previos y que allí la oposición le preguntó por el tema Greco, pero no que también había sido emplazado por escrito.

Recuerdan también que el 18 de diciembre Miceli ordena una investigación a toda la línea de funcionarios de su ministerio y el 23 de enero «resuelve revocar todos y cada uno de los actos administrativos que dieron origen a las presentaciones judiciales realizadas por la representación del Estado desde el 30 de setiembre de 2004 hasta la fecha...».

Pocos días después, los senadores volvieron a la carga contra Miceli con otro interrogatorio donde piden presiones ya sobre la decisión tomada de recurrir a la Justicia contra todos los involucrados en el pago a los Greco en la historia reciente, utilizando también en este caso el decreto y la ley sancionada por Néstor Kirchner de acceso a la información pública. «Al día de la fecha tampoco ha sido respondida», dicen los radicales y por eso iniciaron las acciones para llevar a Miceli al recinto del Senado, algo que con seguridad el kirchnerismo impedirá.

Comisión investigadora

La oposición aprovechó el viernes para insistir con la necesidad de lanzar una comisión investigadora «para conocer qué es lo que está pasando con pasivos surgidos de obligaciones contraídas hace más de dos décadas, pero en la fotografía que nos brinda esta nueva situación generada a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional». Es decir, no sólo avanzar sobre el pago frustrado a los Greco y la forma en que los abogados del Estado no defendieron los intereses de la Nación -tema en investigación judicial ante el juez Sergio Torre-, sino también todo el universo de deuda consolidada pendiente de pago.

El problema por dilucidar ahora es por qué la sentencia del juez Francisco de Asís Soto -que llevó adelante la ejecución contra el Estado iniciada por los Greco ante el incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno de Raúl Alfonsín para resarcirlos de excesos cometidos en la intervención al grupo en 1980- fue analizada en Economía recién después que el Senado advirtiera que se estaba en el último tramo de una decisión de pago que involucra nada menos que $ 587 millones.

Declaraciones de Miceli durante el fin de semana dan cuenta de que la ministra prefirió ignorar la orden de pago emanada de la Justicia -de hecho, Asís llegó a notificar, como relató en varias ocasiones Ambito Financiero, al secretario de Finanzas, Alfredo Mac Loughlin, en su propio despacho en noviembre del año pasado haciéndolo responsable mediante una multa diaria de la falta de cumplimiento del Estado en el pago a los Greco por pedido de los abogados del ex grupo- y en su lugar frenar la entrega de los millonarios fondos.

Pero como también se consignó periodísticamente, resulta difícil entender que se quisiera frenar un pago y al mismo tiempo el director de Deuda Pública, Jorge Amado, explicara a los senadores que los bonos a emitir se utilizarían para cancelar la deuda con los Greco-Bassil.

En este momento, toda la línea de funcionarios de Economía que intervinieron en el caso -actuales y ya removidos por Miceli- se encuentra investigada, y el juez Torre se dispone a realizar entrecruzamientos de las llamadas que pudieron haber hecho o recibido por parte de los abogados de los Greco. El resultado de esa tarea puede adelantarse: por meses esos defensores de los mendocinos no sólo llamaron a Economía, sino que, además, recorrieron los pasillos del ministerio intentando acelerar el pago recién ahora bloqueado.