Investiga la Justicia por caso vacunas vencidas

Política

La Justicia federal investigará a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción por “abuso de autoridad y violación de deberes” en el desempeño de sus cargos, por el hallazgo este año de más de medio millón de dosis vencidas de la vacuna “triple” bacteriana.

La OA denunció ayer a los exresponsables de Salud de Juntos por el Cambio Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein y a la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, entre otros exfuncionarios.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña, informaron a Télam fuentes judiciales.

El organismo vinculó en total a 13 exfuncionarios de las áreas responsables del manejo del plan de vacunación. La presentación se hizo por presunto “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” tras encontrarse 600 mil dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana que forma parte del Plan Nacional de Vacunación.

“Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento”, dice la denuncia.

Luego de describir los procesos administrativos que realizó la gestión sanitaria de Macri vinculados con la vacuna, la Oficina consideró que “la caída de la tasa de distribución de la vacuna triple bacteriana acelular verificada en el año 2018 implicó una menor tasa de vacunación contra la coqueluche, la difteria y el tétanos, circunstancia que guardaría estrecha relación con el aumento de casos de dichas patologías durante el año siguiente”.

El ente a cargo del exfiscal Félix Crous evaluó como probado que la anterior gestión omitió la distribución y aplicación en todo el territorio nacional de 600 mil dosis de la vacuna “dTap” (vacuna triple bacteriana acelular) y que, por lo tanto, es responsable de “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.

La adquisición del medicamento implicó para el Estado un gasto de mas de U$S 6.5 millones.

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