El juez Daniel Rafecas tiene en la mira a integrantes de la Sociedad Rural por delitos de lesa humanidad.
El juez federal Daniel Rafecas avanza en la causa sobre la complicidad civil con la dictadura militar, siendo uno de los ejes de su investigación el rol de los empresarios de la Sociedad Rural que integraban el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y desde el cual buscaban eliminar todas las políticas que afectaban sus intereses.
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El magistrado investiga cuatro desapariciones en el INTI además de la presunta confección de listados con investigadores y empleados que luego fueron cesanteados, detenidos y secuestrados.
La causa se inició a partir de una presentación del abogado Rodolfo Yanzón donde se pide investigar la desaparición de cuatro miembros del INTA Castelar, como parte de una política de represión a opositores a las políticas agropecuarias del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz a partir del 24 de marzo de 1976, informaron fuentes judiciales.
Rafecas analiza lo presentado y evalúa ordenar pruebas en torno a lo ocurrido con los investigadores Marta Sierra, Carlos Costa Rodríguez, Gustavo Giombini Moser y María José Rapela de Magnone, secuestrados y desaparecidos cuando el organismo estaba intervenido por la Marina y tenía un directorio del que formaban parte representantes de sectores del agro, como la Sociedad Rural y la Federación Agraria.
Al respecto en la denuncia se menciona a directivos de la época y a funcionarios, como Jorge Zorreguieta, quien había integrado la dirección de la SRA antes de ser designado en la Secretaría de Agricultura por Martínez de Hoz, también aludido en la presentación.
Martínez de Hoz está detenido y con prisión preventiva domiciliaria en la causa que investiga el secuestro de los empresarios Gutheim, cometido porque se negaban a realizar acuerdos favorables a la política económica de la época.
Rafecas tiene a su cargo la causa para investigar si hubo confección de listados con nombres de futuras víctimas y cómo funcionaba la "cadena de mandos" que desembocó en órdenes para intervenir el INTA, detener a muchos de sus investigadores, cesantear de manera masiva y los secuestros de las cuatro víctimas aún desaparecidas.
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