El ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner saluda a su par Roberto Viola en los años del Plan Cóndor. Atrás, Jorge Videla. Stroessner falleció en 2006 en Brasil de cáncer.
La Justicia italiana concluyó una investigación de más diez años por crímenes de lesa humanidad cometidos contra italianos durante la implementación en América latina del macabro "Plan Cóndor". Casi 150 represores, entre ex militares y civiles, llegarán a juicio oral y público sin necesidad de estar presentes en los próximos meses.
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La Fiscalía de Roma decidió dar por finalizada la pesquisa contra sobre los dictadores, integrantes de las juntas militares y de los servicios de seguridad de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, que ocuparon el poder entre las décadas del 70 y 80. Son 149 personas y están acusados de la muerte de al menos 25 italianos. Muchos ya murieron.
La pesquisa encabezada por el fiscal Giancarlo Capaldo es la antesala al pedido de elevación a juicio oral y público de los indagados, 149 jerarcas y rasos ex uniformados, con diferentes cargos de culpabilidad, según reveló la agencia ANSA, que se celebraría recién en 2011. El "Plan Cóndor" fue la denominación del perverso sistema de coordinación represiva ilegal entre las dictaduras militares. Años más tarde, los organismos de derechos humanos denunciaron que en ese período decenas de italianos o descendientes de italianos fueron desaparecidos y asesinados.
Capaldo reclamó a la Justicia de cada país que inste a los represores a fijar un domicilio en Italia para recibir allí las notificaciones del proceso judicial que se iniciará. No será necesarios los pedidos de extradición, porque la justicia italiana permite la posibilidad de realizar los juicios "en ausencia" del acusado.
Sólo en Uruguay hay una treintena de represores, entre civiles y militares, que están involucrados en la muerte o desaparición de 13 ciudadanos ítalo-uruguayos. El tétrico "acuerdo criminal" entre los regímenes para barrer a dirigentes y sindicalistas tuvo como impulsor a Augusto Pinochet, que detentó el poder en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990", recordó el abogado italiano Giancarlo Maniga, defensor de la mayoría de las familias de las víctimas. Otro de los abogado que representó a los familiares fue el abogado romano Paolo Sodani.
"Hace unos meses el fiscal Giancarlo Capaldo envió oficialmente a todos los indagados el aviso formal de ley sobre el fin de las investigaciones, lo cual les permite pedir que las mismas se profundicen", explicó el letrado.
"Si no hay pedidos de más investigaciones, la fase siguiente es que las investigaciones se cierran definitivamente y el fiscal hace el pedido formal de apertura de juicio oral y público", resumió Maniga.
Los abogados Luca Milani y Enrico Liberati, defensores de la mayoría de los represores estimaron que "se trata del enésimo proceso que, en un primer análisis sumario de las imputaciones, parece estar fundado sobre una utilización amplia de las normas en materia de 'concurso para el delito'".
Milani agregó que "sin querer anticipar opiniones, parece pausible que muchos de los actuales indagados no serán alcanzados por una sentencia de condena, que probablemente tocará sólo a los efectivos ejecutores materiales de los delitos".
Uno de los casos de desaparecidos se distingue del resto, ya que corresponde a una etapa anterior al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Se trata de hechos vinculados a la muerte de Álvaro Daniel Banfi, secuestrado el 12 de septiembre de 1974 y muerto un mes y medio después, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Según la investigación, Banfi fue asesinado por una balacera de ametralladora la madrugada del 29 al 30 de octubre de 1974, siguiendo la línea de las autoridades uruguayas que perseguían a opositores que habían buscado refugio en Argentina.
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