Piden indagatoria de Iguacel por el armado de causas contra exfuncionarios del kichnerismo

Política

Lo solicitó el fiscal Federico Delgado por considerar que se intentó direccionar el expediente.

En una lapidaria resolución, el fiscal Federico Delgado, solicitó la indagatoria de Javier Iguacel, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante el gobierno de Mauricio Macri, por considerar que formó parte de una maniobra “con la intención de demostrar con contundencia la comisión de un delito” por parte de los funcionarios que habían actuado en Vialidad durante la gestión anterior.

Para entender esta resolución hay que retrotraerse a los años 2012 y 2015, cuando el ex titular de Vialidad durante el gobierno de Cristina Kirchner, Nelson Periotti, y los funcionarios Claudio y Manuel Keumurdji firmaron las resoluciones1649/12, 3076/12 y 1030/15, mediante las cuales se planteó la expropiación de viviendas y la relocalizacion de vecinos de la localidad bonaerense de Ezeiza dar lugar a la traza de la autopista Presidente Perón.

En 15 de julio de 2016, Iguacel presentó un informe técnico en donde manifestó que se habrían realizado pagos indebidos a personas que no resultaban ser los titulares registrales de esos terrenos y por montos que superaban las tasaciones fijadas. Luego, el 8 de septiembre de 2016, la por entonces titular de la Oficina Anticorrupción (OA) presentó un denuncia ante la Cámara Federal por Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Oficina Anticorrupción, con el objeto de que se investigue el accionar de los funcionarios.

Esa denuncia recayó en manos del fallecido juez Claudio Bonadio, quien dictó el procesamiento de siete de las catorce personas imputadas, en base a la prueba recolectada por el informe de Vialidad Nacional bajo la conducción de Iguacel. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Sala I de la Cámara Federal el 6 de septiembre de 2019, oportunidad en la que dictó la falta de mérito respecto a todas las personas imputadas en la causa.

Una vez que la taba se dio vuelta, los exfuncionarios denunciaron a Iguacel y compañía para la formulación de una falsa denuncia. Entre los denunciados aparece la abogada Agustina Morán, cuñada de Iguacel, quien junto a Jessica Caballero, recolectaron información parcial de los distintos expedientes administrativos de Vialidad. Y también apunta a quien era el jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos de la DNV, Ricardo Stoddart, por la falsedad del informe.

Lo llamativo es que las resoluciones 1649/12 y 3076/12, que fueron cuestionadas por Iguacel y Stoddart , luego fueron adoptadas por el propio Iguacel a través del dictado de la resolución 1197/17 que permitió indemnizar a poseedores sin título perfecto y readecuar los precios para que esa relocalización.

Ahora Delgado, en el pedido de indagatoria, dice que “alcanza con confrontar la denuncia efectuada en la causa madre y los términos de las resolución 1197/17 para afirmar que las mismas autoridades de la DNV que detectaron e impulsaron la denuncia por irregularidades en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15, luego utilizaron esas mismas herramientas legales y argumentos para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”.

“Tales premisas, revelan que las autoridades de la DNV que denunciaron los hechos investigados en la causa lo hicieron fragmentando los hechos e interpretándolos de tal modo que lo que era legal parezca ilegal. Tanto fue ello así, que poco tiempo después y en circunstancias similares usaron las mismas herramientas que habían denunciado como ilegales”, agrega el fiscal.

“Pero, sobre todas las cosas, la posterior actuación de esos mismos funcionarios públicos al momento de emitir la resolución 1197/17 demuestra que, en principio, su intención fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal. En otras palabras, hicieron un uso privado de la infraestructura legal que, por definición, es pública y de alcance universal”, sentencia Delgado.

Es interesante cuando Delgado hace referencia a que el informe de Iguacel fue validado por la Facultad de Derecho de la UBA pero sobre información parcializada por la cuñada del entonces titular de Vialidad. “En rigor de verdad, ese estudio se habría efectuado sobre los legajos denunciados como “desglosados” por la Dra. Agustina Moran, la cuñada de Iguacel, y Jessica Caballero. Esto significa que el trabajo se hizo sobre el recorte previo que había hecho la propia DNV”, afirma Delgado.

“En definitiva, alcanza con leer la denuncia que dio origen a la causa nro.12.781/16 y confrontarla con el resto de las constancias incorporadas a ese mismo expediente para advertir que los funcionarios de la DNV efectuaron un recorte arbitrario de la información que obraba en el organismo”, señala.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario