Mientras el Senado ya terminó de aprobar los temas pendientes para llegar a tiempo a que Cristina de Kirchner tenga sus leyes votadas antes de ingresar al Congreso el 1 de marzo cuando dirija su mensaje de apertura de sesiones ordinarias, en Diputados la situación no está tan clara. Se sabe ahora que el gobierno no quiere que se sancionen sólo los cuatro proyectos que fueron votados en el Senado la semana pasada, sino también algunos, al menos, de los que se incluyeron en diciembre pasado como temario inicial para el verano. Pero, además, surgió una crisis de último momento: el aumento anunciado para jubilados desató un debate en la oposición que viene insistiendo que esos incrementos no pueden otorgarse por gracia del Presidente de turno, sino que debe reglamentarse la movilidad de haberes que exige la Corte Suprema. Así, en medio de la votación de las leyes que pide Cristina de Kirchner, desembarcará el nivel de las subas a jubilados y, como coletazo del tema, la evolución de la inflación y las mediciones adulteradas en el INDEC.
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Es habitual que el Poder Ejecutivo someta al Congreso muchos más temas que los que normalmente se tratan, pero esta vez la eficiencia parlamentaria de Cristina de Kirchner exige más.
Por eso, la semana próxima Agustín Rossi deberá exprimir al máximo su bloque para conseguir que Diputados sesione dos días seguidos, miércoles y jueves para avanzar con el temario.
Allí esta incluida la reorganización del sistema ferroviario, proyecto que tras rondar un año por el recinto obtuvo esta semana dictamen favorable de la Comisión de Transporte. Es la segunda vez que los diputados dictaminan sobre ese tema ya que el 10 de diciembre pasado el despacho perdió estado parlamentario por el recambio de bancas.
Mientras el Senado tiene previsto para el 27 de febrero el nombramiento de embajadores, como Guillermo Nielsen en Alemania que ya tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos, los sillones pendientes en el Banco Central, la promoción de personal de las Fuerzas Armadas y la designación de funcionarios del Poder Judicial, en Diputados la tarea será más dura.
Agenda
Además de convertir en ley la ratificación del Convenio Federal sobre Seguridad Vial, la transferencia de Competencias de la Justicia Penal a la Ciudad de Buenos Aires, la modificación a la Ley de Prevención y Represión en Espectáculos Deportivos y la ley de promoción de inversiones en bienes de capital y obras infraestructura que la Presidente anunciará el 1 de marzo en el recinto, los diputados tienen que continuar con la primera agenda que presentó Cristina de Kirchner en diciembre.
Por eso también tienen que bajar al recinto -esto será el jueves 28- la ratificación de tratados internacionales, el proyecto de modificación a la Ley del Nombre -del que existen al menos dos proyectos encontrados-, el régimen de individualización del recién nacido y del binomio madre-hijo como medio para asegurar el derecho a la identidad y la regulación de los sistemas turísticos de tiempo compartido.
Pedido radical
El comité nacional de la Unión Cívica Radical pidió ayer, tras el anuncio del gobierno nacional de aumento en las jubilaciones, el cumplimiento estricto del artículo 14 bis de la Constitución nacional otorgando la movilidad de los haberes de los jubilados y pensionados.
Hasta ayer el paso de todos esos temas por los recintos, aunque fuera de apuro, no tenía demasiadas complicaciones. Pero la decisión del gobierno de incrementar 15% las jubilaciones caldeó los ánimos en el radicalismo que desde hace seis meses insiste con la necesidad de cumplir con el fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro y votaren el Congreso una ley que reglamente el mecanismo que garantice la movilidad de los haberes.
Por eso ayer comenzó una estrategia conjunta de los bloques radicales del Senado y Diputados para plantear ese debate en ambos recintos. En este caso será difícil que el kirchnerismo pueda negarse: necesita sesionar de cualquier forma para cumplir con los deseos de la Presidente.
«El gobierno no puede seguir mirando al costado y tiene que autorizar a sus legisladores tratar en el Congreso los proyectos de ley que hemos presentado desde el radicalismo y otros partidos políticos para garantizar la movilidad de los haberes de jubilados y pensionados de manera tal que cumplamos con la Constitución», dijo ayer el jujeño Gerardo Morales. «Hay más de 10 proyectos de ley habilitados. Esto demuestra a las claras que no existe intención de acatar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia basado en el caso Badaro.»
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