Cárceles: pelea política detrás de otorgamiento de "domiciliarias"

Dato que nadie quiere revelar: si hay epidemia de contagios en penales, colapsará el sistema de salud pública. Sin liberaciones "masivas", discusión esconde internas en la Justicia y con los Ejecutivos (Nación y Buenos Aires). Negociación incómoda en Devoto. Aluvión de pedidos bajo el argumento del Covid-19 saturan tribunales.

El que salió al centro del ring fue Víctor Violini desde la Casación bonaerense al que acusaron de, a través del habeas corpus colectivo, hacer lugar a liberaciones masivas. Algo que se encargó de desmentir.

La discusión pública respecto a la supuesta liberación de presos bajo el pretexto del Coronavirus no escapa de un tironeo político que enfrenta a los jueces con sus respectivas Cámaras de Casación, y con el Gobierno como actor secundario pero como responsable final del saldo que arroje el avance de la pandemia. La sobrepoblación carcelaria es mirada con preocupación por los Ejecutivos.

La recomendación sanitaria a nivel mundial para descomprimir los penales derivó en tironeos e internas por definiciones de alcance general. Los magistrados deslizaron por lo bajo que el Gobierno debería pronunciarse y hacer una solicitud, mientras que se negociaron Acordadas con “recomendaciones” que no terminaron de satisfacer a los jueces que debían estampar sus firmas. Casación Federal está saturada: a la fecha recibió 621 pedidos de salidas domiciliarias y resolvió –con todas sus salas activas en la feria- cerca de 450. En el 90% de los expedientes confirmó las decisiones de los Tribunales Orales, un 9% fueron “devueltos” para una nueva resolución, y solamente un 1% fue anulado.

La tensión escaló al punto que el TOF 7 declaró “inconstitucional” la Acordada con la firma de Germán Castelli, un signo de rebeldía que hasta demostró un trasfondo adicional: las acordadas no tienen estatus para ser declaradas inconstitucionales en términos jurídicos. El malestar en Comodoro Py se tradujo en decisiones confusas. Daniel Obligado, el mismo juez que otorgó prisión domiciliaria a Amado Boudou, hizo lo propio con el represor Carlos Capdevila. Precisamente, entre las restricciones que había planteado Casación estaba el hecho de analizar muy limitadamente los pedidos de los defensores de acusados por delitos graves como lesa humanidad. Casación tampoco pudo controlar que la mayoría de la sala II otorgue domiciliarias a imputados por delitos contra los derechos humanos. En el primer piso de Comodoro Py intuyen que ese síntoma de insurrección viene de la mano de responsabilizarlos por los eventuales resultados. La Procuración Penitenciaria fue la impulsora para la Acordada, conducida por el exdiputado radical Francisco Mugnolo. El Gobierno monitoreó de cerca la redacción, pero el resultado no alcanzó a descomprimir los establecimientos penitenciarios.

Dato que nadie reconoce públicamente: la liberación de plazas en los penales responde a que si hay contagios masivos intra muros se saturará más rápidamente el sistema de salud público. Constituye así un atajo al desastre si es un motivo extra de colapso sanitario. Los funcionarios lo saben. No es, hoy, una discusión ideológica, sino estratégica.

La Asociación de Fiscales se pronunció cargando las tintas obre los jueces y reclamándoles que sean estrictos a la hora de aplicar las salidas domiciliarias, para evitar procesos automáticos bajo el pretexto del Covid-19. El clima continuó enrarecido, incluso con la Cámara de Casación Nacional (la que rige para el fuero “ordinario”) que lo único que hizo fue remitirse a su jurisprudencia para evitar la saturación de pedidos. El contexto se complicó con el motín en el penal de Devoto que tendrá, hoy, la continuidad de su mesa “negociadora”. Hizo “ruido” que se aceptara incluir entre las peticiones de los reclusos la palabra “conmutación” referida a las penas. Alberto Fernández debió tuitear para mostrarse contrario a cualquier chance de indulto. La oposición se subió a los cuestionamientos públicos, olvidando que fue Cambiemos quien envió a los jueces en 2017 un listado de 1.111 detenidos para que se analice enviarlos a sus casas. Esa lista tenía desde represores hasta violadores y asesinos célebres. El problema entonces era el mismo que ahora: las condiciones de hacinamiento.

El que salió al centro del ring fue Víctor Violini desde la Casación bonaerense al que acusaron de, a través del habeas corpus colectivo, hacer lugar a liberaciones masivas. Nunca fue así: de las más de 600 solicitudes, hizo lugar a 400 y solamente se efectivizaron 100 porque tampoco eran ordenes, sino recomendaciones para delitos leves, con pena a punto de cumplirse, o salidas transitorias. Las excepciones (“errores” en domiciliarias indigeribles socialmente) no jugaron a favor y otra vez hubo enfrentamiento entre jueces y sus superiores. Los Federales miraban a la Provincia con algo de desdén: “No se firman habeas corpus colectivos porque detrás del primero vienen un montón más”, deslizaban como con expertise en crisis. De fondo, la administración de Axel Kicillof tiene idénticos problemas pero con un sistema penitenciario en peores condiciones todavía.