El juez Alfredo Bisordi renunció ayer a la Presidencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y sólo continuará en ese cuerpo como vocal. Es el primer efecto de las peleas que mantiene con el gobierno que públicamente lo consideró casi un protector de militares acusados de violaciones a derechos humanos y que le apuró un juicio político.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En medio de esa pelea que mantiene con un gobierno que lo acusó de demorar causas vinculadas con la dictadura militar, Bisordi se alejó del cargo de presidente en silencio.
En más de una oportunidad, el juez fue criticado públicamente por Néstor Kirchner por el retraso en el trámite de las causas contra ex represores de la dictadura.
Pero al mismo tiempo sobrelleva un juicio político en el Consejo de la Magistratura. El 26 de abril, durante su exposición ante el Consejo, Bisordi atribuyó el juicio político en su contra directamente a «una maniobra del gobierno» y se calificó como «política e ideológicamente enemigo» de la administración de Kirchner. Los cruces públicos entre Bisordi y el gobierno se repiten desde que el Presidente lanzó fuertes críticas a la Cámara de Casación Penal, durante el acto recordatorio de las víctimas del terrorismo de Estado, el pasado 24 de marzo, en Córdoba.
No sólo ese tema los enemista: el hasta ayer titular de Casación había denunciado a la administración Kirchner por querer «sacar a los jueces que no le son afines ni le ofrecen garantías».
Bisordi es uno de los integrantes de la Cámara de Casación -junto con Gustavo Hornos, Ana María Capoluppo y Amelia Berraz de Vidal, ya renunciada-cuyo juicio político solicitaron al Consejo de la Magistratura alrededor de 60 querellantes en causas por derechos humanos.
Patrocinados por Rodolfo Yanzón, los querellantes responsabilizan a esos jueces de «cajonear» y «obstaculizar» las causas en las que había militares involucrados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Según los querellantes, esas « maniobras» tenían como objetivo dilatar la llegada de los represores a la etapa del juicio oral y público; así lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. La respuesta de Bisordi es que mal podría demorar causas en las cuales está recusado por las partes.
La presentación fue sorteada y recayó en el consejero-juez Luis María Cabral, quien está elaborando un dictamen, que después elevará a la comisión que encabeza la diputada Diana Conti, que podría poner a Bisordi en la antesala del juicio político que tramitaría el «jury de enjuiciamiento».
Dejá tu comentario