La quiebra de Oil también tuvo injerencia política: llamados de "Pepín" y visitas a la Rosada

Política

La secuencia en la justicia comercial se entrelaza con los delitos que se investigan por presiones de la AFIP y el rol del operador judicial llamado a indagatoria. Se liquidaron activos en tiempo récord. Abad, en Gobierno 123 veces.

Si existen dos casos comparables en la justicia comercial para ser analizado como opuestos y singulares son el del Correo Argentino de la familia Macri y el de Oil Combustibles de Cristóbal López. Mientras que el primero -tras múltiples dilaciones e idas y vueltas- ingresó en tiempo de descuento para que el 7 de abril se dicte su quiebra luego de un proceso que duró en total casi 20 años, el de la petrolera perteneciente al Grupo Indalo tuvo un recorrido inverso, por plazos, magnitud y por su desenlace en tiempo récord. Pero a este último caso se le suman las irregularidades detectadas en su tratamiento ante la AFIP y el interés político que despertó en la administración de Mauricio Macri para precipitar su colapso, algo que quedó expuesto y es considerado elemento de prueba en los contactos que mantuvo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con diversos estamentos durante el desarrollo de la causa, y también con los registros de ingresos en Casa Rosada del extitular de la AFIP Alberto Abad, en momentos cruciales del concurso que derivó en su quiebra. Todo este enjambre de relaciones y actos realizados por altas autoridades del Poder Ejecutivo están siendo analizados por la jueza María Servini que tiene a exfuncionarios y a integrantes del organismo recaudador como imputados.

Mientras que en el Correo el objetivo principal del Socma y Sideco fue mantener abierto el concurso de acreedores, lo primero que se discutió en el caso Oil fue dónde se radicó, en marzo de 2016, acusando “distress financiero” a partir de la embestida que había encabezado la AFIP de Abad. Eso derivó -como ya reveló Ámbito- en un aumento exponencial de llamados a exintegrantes de la denominada “Mesa Judicial”, cuando el juez Gustavo Toquier decidió abrirlo en Comodoro Rivadavia. Y generó uno de los datos más comprometedores: Rodríguez Simón llamó desde su teléfono a la Cámara Comercial de Capital Federal días antes de que la AFIP presentara un pedido de inhibitoria, lo que permitió allanar el camino para que el juez Héctor Vitale reclamara la causa para los tribunales porteños. La Corte Suprema, en sendos fallos consecutivos y en el lapso de un mes, ordenó que el trámite pase a Capital, el 20 de septiembre de 2016. En esos días hubo dos visitas de Abad a Presidencia y una de Ernesto Donato, quien oficiaba como su enlace institucional y que luego, por testimonios recopilados en el juicio oral, surgió que además mantenía relaciones con fiscales y digitaba qué funcionarios debían ir a testimoniar y participaba en las reuniones que AFIP llevaba adelante por el caso Oil.

VISITAS POR OIL

Todo esto permitió a Vitale anular todo y reabrir los plazos para la verificación de créditos, un mes después. Abad regresó a Casa Rosada en cuatro oportunidades y Rodríguez Simón también mantuvo una reunión. Pese a que tenía despacho en una de las oficinas, aparece en el registro de Casa Militar en esos días. Lo mismo que Miguel Maxwell, socio de Deloitte, la consultora que la petrolera contrataba para auditar sus balances. A fines del primer año de Gobierno de Macri, la Sala D había ratificado todo lo actuado por el juez comercial, mientras en paralelo se dirimía la incompetencia entre el fuero penal económico y el penal federal de Comodoro Py que no encontraba rumbo en los supuestos delitos que debían investigarse.

Hubo una decena de visitas de Abad y una de Donato. Lo curioso: de las 123 entradas que registra el exadministrador, según la información de accesos a la que accedió Poder Ciudadano, un 80% se comparece con eventos ocurridos o próximos a ocurrir con Oil Combustibles. Era un tema de Estado. El destino de todos es Secretaría de Presidencia.

El 6 de marzo de 2017, la AFIP –con inusual eco en los tribunales a su batería de pedidos que no iban dirigidos al cobro del crédito fiscal- apeló la apertura del concurso definida el 30/12/2016 y terminó acudiendo mediante recurso extraordinario a la Corte, una semana más tarde. En ese lapso, Abad concurrió otras 6 veces y Donato, 2.

El 11 de julio -solo cuatro meses más tarde- la Corte solicitó el expediente completo que la justicia comercial tramitaba. En paralelo, Casa Rosada registró 7 visitas de Abad,, mientras que el celular de Rodríguez Simón disparaba llamados hacia Carlos Rosenkrantz, el estudio de abogados de Casinos de Buenos Aires (a quien “Pepín” había advertido del comienzo de una “guerra”), a Matías Romero Zapiola -socio de Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica y miembro de la “Mesa” quien se iba a quedar con unos campos del Grupo Indalo- y con José Torello. También llamó en dos oportunidades al estudio de Saravia Frías, quien por entonces ya era el Procurador del Tesoro, luego de que el gobierno se desembarazara del “díscolo” Carlos Balbín.

CORTE VA Y VUELVE

En un nuevo fallo a favor de la AFIP, el 15 de noviembre de 2017, la Corte, por unanimidad, anuló la apertura del concurso y dio crédito al planteo de Abad que sostenía que había “fraude concursal” en la apertura realizada en Comodoro que había sido vuelta a analizar por Vitale y convalidada por la Sala D de la Cámara. Y que, incluso, rozaba la propia decisión del máximo Tribunal de un año antes por la cual ordenó el cambio de jurisdicción del concurso. Donato, ingresaba a Casa Rosada dos días antes. Ante un panorama tan confuso, Oil Combustibles vuelve a solicitar la apertura del concurso una semana más tarde, pero el 4 de diciembre, Vitale no solo la rechaza, sino que agrega en los fundamentos que la empresa “no es merecedora” de esa solución, una innovación jurídica. El 7 de diciembre, Eliseo Devoto, jefe de Asuntos Jurídicos de AFIP ingresa a Casa Rosada. También Donato.

El 27 de diciembre, ese fallo de Vitale es anulado por la Sala D que termina por resolver la apertura del concurso de acreedores de Oil Combustibles. Recusado por la petrolera, Vitale decide excusarse dos días más tarde. Habían pasado 20 meses desde que Toquier había abierto el concurso en Chubut, el 8 de abril de 2016. Ese movimiento había desatado una “mini-crisis” para el Gobierno que quedó plasmada en las comunicaciones del período: “Pepín” habla en 20 oportunidades con Macri, en una con Germán Garavano y en otras 8, con quien podría ser Mario Quintana, de Jefatura de Gabinete. Para entonces la compañía estaba con veedurías dispuestas por el juzgado penal, inhibiciones generales y todo tipo de medidas cautelares la que paulatinamente se iban levantando.

8 MESES

El expediente Oil continuó errante en la justicia comercial hasta que recaló en el juzgado subrogado por Javier Cosentino, quien el 9 de febrero de 2018 termina por ratificar la apertura del concurso y por validar todo lo actuado en Comodoro Rivadavia (Toquier) y Capital Federal (Vitale). Casi 2 años más tarde, el escenario para Oil era idéntico al que había solicitado en un comienzo para regularizar su situación. La AFIP, el 12/2/18 presenta un recurso extraordinario contra lo que había ordenado la Sala D de la Cámara e insistía en que ningún concurso sea abierto. Ese asunto quedó siempre pendiente y nunca volvió a salir de la Corte.

Cosentino –ya con los accionistas López y De Sousa detenidos en prisión preventiva y con la administración de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre- designa coadministradores a Francisco Cárrega, Carlos Bianchi y Liuba Lencova Besheva. La profesional reaparecería en octubre de 2020 en una solicitada con la mayoría de los dirigentes de Cambiemos en defensa de un periodista procesado por espionaje y extorsión. Los tres quedarían al mando de la empresa por orden de Cosentino de manera plena el 20/3. En paralelo, Oil renuncia al período de exclusividad y se inicia el proceso de “cramdown”. En los registros oficiales se asentó que Abad y Donato regresaron una vez cada uno a la Rosada. “Pepín” cursó 11 llamados con destino a la “mesa judicial”, a Quintana y la AFIP.

El 7 de mayo de 2018, Oil recibe una oferta de compra de la internacional Trafigura. La AFIP le responde que debe hacerse cargo de la deuda y no ofrece facilidades de pago, lo que sabotea la operación. El mismo día Devoto ingresa a Casa de Gobierno a las 17.30. Los periodos de registro en Casa Rosada incluyen –como se mencionó- visitas de Horacio Castagnola, director de la DGI. “Pepín” mantuvo un circuito de llamados llamativo: no solo contactó a Jimena De La Torre, mano derecha de Devoto y luego de Leandro Cuccioli, sino a estudios de abogados ligados a la Cámara Comercial. Devoto entraría otras 7 veces a Balcarce 50. Hoy está imputado por Servini.

El 11 de mayo de 2018, Cosentino -sin otros oferentes y con la AFIP ahuyentándolos- termina decretando la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo. Era el fin de una secuencia que había empezado 23 meses antes en Comodoro Rivadavia pero que oficialmente, tras idas y vueltas, había tenido el concurso abierto recién el 9 de febrero. En tres meses se la intervino y se le decretó la quiebra. La liquidación de sus activos petroleros sería solo cinco meses después, en octubre de 2018. Formalmente, en ocho meses, la compañía había desaparecido.

El amplio entrecruzamiento que ordenó Servini busca comprobar el mismo patrón de injerencia que integrantes del Ejecutivo tuvieron también para con el desarrollo de la causa comercial, en especial el rol que adquirió la AFIP, menos interesada en asegurar el crédito fiscal que en impulsar el desguace del holding. Con la última oferta que hizo la familia Macri para evitar ir a la quiebra tras casi 20 años, el Estado cobraría la quinta parte de su deuda, mientras que la AFIP -también acreedora- debería esperar 10 años para percibir una cuota anual, según la propuesta de pago.

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