Una nueva puja por cargos animará el recinto legislativo de la Capital Federal, antes de fin de mes, cuando vencen los mandatos de los tres puestos más importantes del Ministerio Público: el fiscal general, el defensor general y el de asesor de incapaces. Deben ser reemplazados, y la Legislatura debe aprobar su nombramiento y los de más de una decena de jueces.
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De acuerdo con la Constitución porteña, esos tres nombramientos no se hacen por concurso, sino por acuerdo legislativo y así las designaciones suelen respetar la proporcionalidad política, más que por tradición, por la sencilla razón de que el acuerdo para los nombramientos requiere dos tercios de los votos. Eso es 40 de las 60 bancas a favor de las propuestas.
El macrismo, con mayoría -contando los tres bloques del PRO, 22 legisladores-, reclama el puesto de fiscal general, que podría también disputar el kirchnerismo haciendo valer las 14 bancas que recluta contra las 9 del macrismo puro. El ARI sería de la partida, con posibilidades de proponer al asesor tutelar.
Germán Garavano, un joven juez contravencional, sería el elegido por los macristas para ocupar la fiscalía general, actualmente a cargo del adjunto, Rubén Pereyra (el titular renunció). Ese magistrado reportó a la fundación de Francisco de Narváez cuando, junto con el grupo Sophia ( Horacio Rodríguez Larreta -h-), fue el germen del macrismo. Ante la separación política de Mauricio Macri con el empresario, Garavano se quedó con De Narváez, pero en Compromiso para el Cambio consideran que sus ideas son las que mejor sintonizan con el bloque y también con las del ministro de Gobierno, Diego Gorgal. Incluso el ARI prestaría el acuerdo para el nombramiento.
Pero ésa no es la única cuestión que se debate por estas horas en la Legislatura porteña, con respecto a la Justicia. La Cámara vecinal debe aprobar un convenio que en 2004 suscribió la Ciudad de Buenos Aires con la Nación, mediante el cual se le traspasan al distrito 13 figuras penales del fuero correccional nacional: lesiones en riña, abandono de personas, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, discriminación, maltrato a animales, incumplimientos de los deberes de asistencia familiar.
Para eso, la Ciudad debe crear nuevos juzgados o bien, como sostienen algunos, un fuero penal que no tiene, pero también carece de un Código Penal propio.
Más juzgados
De ese modo, la discusión en la que intervienen, entre otros, el titular de la Comisión de Justicia, Julio De Giovanni, el macrista Jorge Enríquez y el kirchnerista rebelde Helio Rebot (al que se le atribuye el rol de ser el gerente de las designaciones por indicación de Jorge Telerman), apunta por ahora a la creación de más juzgados contravencionales que tomen a su cargo la resolución de las causas delictivas que se le traspasan.
En el medio de la controversia, hay un fallo que obliga a nombrar a jueces que en su momento ganaron el concurso para cubrir la titularidad de despachos contravencionales que no fueron creados. Por ahora, un acuerdo que se acelerará la semana próxima indica que a los 27 juzgados contravencionales y de faltas se agregarán 11, pero 28 se ocuparían de esas causas menores y otros 10, de las figuras penales nuevas.
Con la creación de los nuevos juzgados, sin embargo, se nombrarían en comisión unos 4 o 5 jueces solamente, ya que el resto ha ganado en su oportunidad el concurso. Mientras se hace uno nuevo, los nombramientos se harían temporarios e incluirán a secretarios de juzgado, fiscales, asesores y demás funciones judiciales. Todo un lote que quedará a propuesta de Jorge Telerman, que, claro, debe conciliar con los legisladores porteños que, en definitiva, son los que votarán.
Lo cierto es que a fin de mes se terminan los mandatos en el Ministerio Público, y no pueden quedar vacantes, pero ésos no son puestos que están sujetos a una confrontación de antecedentes.
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