6 de junio 2022 - 00:00

Caso Alvarado: el juicio a los “comodines” y una condena que inquieta a la política

Complicidad policial, un entramado de atentados y violencia, la desidia de la Justicia federal y una sentencia a perpetua para quien era el competidor de Los Monos, en Rosario, y consolidó un poder abismal cuya estructura quedó al descubierto. Esquirlas que vuelan 360° y una proyección electoral.

Esteban Lindor Alvarado

Esteban Lindor Alvarado

La noticia quedó casi reducida a un apartado policial en la caja de resonancia de la Capital Federal. Pero la sentencia a prisión perpetua para el capo narco Esteban Lindor Alvarado, en Rosario, puede convertirse en una bomba expansiva para la política de Santa Fe y una fotografía exacta del nivel de penetración del narcotráfico en el país y de sus múltiples ramificaciones que implican complicidades policiales, políticas y hasta judiciales. El caso llegó a su conclusión el viernes con las condenas, pero está lejos de haber culminado. Asesinato por encargo, lavado de dinero, balaceras a tribunales, torturas, amenazas a funcionarios judiciales y un testigo clave muerto de dos balazos en la cabeza. Toda la secuencia corresponde a la misma investigación sobre quien, en la provincia, se sospecha de haber sido el principal rival de Los Monos, cuyo poder y violencia se acrecentaban a medida que parecía desbaratarse la organización que lideraban los Cantero. La competencia.

Aunque sin mencionarlo explícitamente, sobre este caso que estaba en su etapa final pivoteó la Corte Suprema en su visita fugaz a Rosario cuando escenificó que para el máximo Tribunal y los jueces federales la agenda prioritaria apuntaba al tema narco. Sabían de un antecedente: antes del juicio habían resultado condenadas 22 personas, siete de las cuales eran policías y uno revistaba en la Agencia de Criminalidad Organizada, desde donde filtraba datos confidenciales de la investigación con el objetivo de darle preaviso a Alvarado. Otro, era una figura de dentro de la División Judiciales de la policía rosarina y un testigo clave en el juicio contra Los Monos. No son los únicos héroes que mutaron en villanos. O mejor dicho los “comodines”, que juegan para ambos lados.

La responsabilidad judicial que también quedó expuesta no hizo otra cosa que iluminar el nivel de penetración en las estructuras estatales del crimen organizado. Y la soledad a la que quedaron sometidos quienes decidían avanzar sobre un grupo que gozaba con una protección especial. En las audiencias del juicio se pasó la filmación de un testigo protegido Carlos Argüelles que había formado parte de la banda. Era mecánico. El video tuvo su motivación ante las amenazas de Alvarado de embestir contra todos aquellos que colaboraran con su condena. Proveyó una lista de potenciales blancos de ataques intimidatorios. Él figuraba. El 6 de septiembre de 2021 fue acribillado en su taller.

La cabeza de un perro fue arrojada al jardín de una funcionaria judicial que participaba de la investigación contra Alvarado, especialmente en desentrañar la estratificación patrimonial que realizaba la banda para blanquear el dinero producto de los ilícitos. Fue mejor eso que recibir luego la balacera el 31 de enero de 2019 delito que admitió el propio imputado haber ordenado. La contracara del cuerpo que pusieron los investigadores radica en testimonios, datos e indicios que van en sentido contrario respecto a otros funcionarios de alta jerarquía en el orden de la justicia local y de la federal.

La información debió ser producida fuera de la provincia. Por algún motivo, Alvarado estaba tabicado para la policía local y para la justicia. Cuando el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari avanzó y puso a disposición de los funcionarios federales sus avances, la causa -misteriosamente- se cerró. Catorce informes elevó la delegación local de la PSA en el que se aportaron nombres, fotografías, escuchas y nexos comprobados entre Alvarado y la policía de Rosario. Cuando detuvieron a Alvarado, en Córdoba, en febrero de 2019 arrojó su teléfono iPhone a un lago. Ingenieros lo recuperaron y permitieron el acceso a sus mensajes. Fue una prueba determinante del episodio que disparó la investigación: el crimen del prestamista Lucio Maldonado, cuando se cerraba el 2018.

Las esquirlas del caso llegaron a la puerta del juez federal Marcelo Bailaque. En 2013, cuando todos esos indicios señalaban al capo narco que crecía a la sombra mientras los focos apuntaban a sus competidores denegó medidas judiciales que solicitaban los fiscales. Su caso terminará en el Consejo de la Magistratura. Estuvo presente y silencioso en el cónclave que convocó la Corte en Rosario. Emiliano Lencina, exjefe de la PSA declaró en el juicio que había pedido una docena de veces pinchaduras telefónicas sobre la banda, todas rechazadas por Bailaque. No alcanzó un video en el cual descargaban una avioneta con droga. ¿Influyó Alvarado en la designación del jefe de la policía de Santa Fe? Todos interrogantes que quedaron flotando. La estructura de corrupción enquistada en el Estado la describió el fiscal Luis Schiappa Pietra, en el juicio. Los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta no dudaron en firmar por unanimidad la condena.

El fiscal Matías Edery que fue vital para el impulso del juicio señaló que tras la condena emergen otras responsabilidades: habló específicamente de la exjueza, exdiputada y actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe Alejandra Rodenas. En su etapa como magistrada cerró varios expedientes que involucraban a Alvarado mientras avanzaba contra los Cantero. Desde 2013, Alvarado -casi anónimo hasta ese momento- aparece como un posible autor intelectual del asesinato de Luis Medina, una suerte de asociado con el que se inició el robo automotor para el mercado de autopartes. Medina había montado cuatro empresas para canalizar el dinero obtenido, todas con permisos municipales en regla. Fue desvinculado por la entonces jueza.

Un testigo de identidad reservada que declaró la ubicó en un allanamiento cuando ya era diputada. Esa presencia no quedó consignada en ningún acta. El fiscal local Patricio Serjal pidió aplazar el juicio penal contra Alvarado cuando ya había caído en desgracia. Iba a coincidir con las elecciones. Terminó destituido a causa de la reticencia a citar al senador Armando Traferri que se vinculaba directamente con el grupo de policías que respondían a Alvarado.

Todos estos elementos podrían constituir una serie de Netflix pero ocurren en un ecosistema sacudido cuya escalada es todavía imposible de mensurar.

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