La cercanía de las vacaciones de invierno con un panorama de pesadilla por demoras en aeropuertos y probables denuncias de incidentes aéreos convenció a Néstor Kirchner: la billetera mata conflictos. Y así Nilda Garré junto al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, anunció ayer la generosidad de un incremento de salarios para quienes horas antes habían sido acusados por la propia ministra de sabotear el tráfico aéreo. «Esta medida beneficia a 3.500 trabajadores, 2.563 de los cuales son personal militar y el resto es personal civil», indicó Garré durante la conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno. No pudo la ministra ni su equipo contener los embates de los gremios aeronáuticos que le disputan espacio de poder en la próxima estructura estatal del negocio aéreo, la Administración Nacional de la Aviación Civil.
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Como toda iniciativa surgida sin más meditación que impulsos utilitarios, lo del aumento de haberes suena más a querer comprar silencio ante nuevas denuncias que a recomposición de la escala salarial de los controladores.
En el texto de la resolución se establece que el beneficio no será percibido cuando el personal por mal desempeño produzca incidentes entre aeronaves, o no tenga actualizada la licencia y la habilitación de trabajo en torres o vencido el examen psicofísico. Separados de sus cargos los controladores más revoltosos, y con un aumento de sueldo al sector, la ministra de Defensa cree haber apagado los fuegos de la inseguridad aérea.
En la Justicia, en cambio, sigue adelante el proceso contra el Estado que se inició por la denuncia del ex piloto Enrique Piñeyro, vocero tenaz de la falta de seguridad en los vuelos. Ayer el juez federal Norberto Oyarbide envió un escrito a Garré para que diga qué medidas ha tomado con respecto a las graves observaciones que hizo la oficina regional de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) en el informe que emitió el 12 de abril pasado.
Lapidario
Ese documento fue lapidario, demostró que: el « control manual» (sin el apoyo del radar secundario) no ponía en riesgo la seguridad, pero afectaba la fluidez del tránsito aéreo ( demoras), también fuertes divergencias entre controladores, personal de las torres y personal técnico que opera en las instalaciones de la central de control aéreo de Ezeiza. Decía: «Esta situación por representar un peligro para la seguridad operacional del ATS (sigla en inglés de sistema de tránsito aéreo) es inaceptable en un lugar de trabajo donde se deben mantener las relaciones humanas al más alto nivel para el trabajo en equipo».
El subsecretario de Asuntos Técnicos Militares del ministerio, Germán Montenegro, había advertido a su jefa sobre la necesidad de armar reuniones de programación de vuelos con las empresas y los operadores, ante el mayor tráfico aéreo del receso invernal y evitar las demoras.
Sin radares
Una constante impide la tranquilidad en la negociación: todos saben que no habrá radar secundario ni primario confiable en servicio durante las vacaciones. El secretario de Transporte, a cargo de las gestiones para contar con un radar primario de refuerzo cedido por España y el alquiler de un secundario del mismo origen, indicó ayer que el primario «ya fue embarcado el domingo, por lo que debería llegar al país dentro de 15 o 20 días».
Los anuncios de Jaime -modificaron en dos oportunidades la fecha del arribo del radar- recuerdan a los del general Ernesto Alais, aquel que se volvió célebre por el lento paso de sus fuerzas cuando le ordenaron que reprimiera la rebelión de Semana Santa. El radar primario cedido por el Ejército del Aire español más las consolas para control integran el sistema denominado Lanza.
Es un equipo 3 D (provee altura, distancia y orientación del blanco) de uso militar para alerta temprana ( vigilancia), control aéreo e interceptaciones con aviones caza. Una vez en el país los especialistas necesitan 15 días para su instalación, prueba y ajuste técnico. El plazo para entrar en servicio en el mejor tiempo es el 1 de julio.
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