Kirchner no nombra más jueces

Néstor Kirchner

La parálisis ganó de nuevo al Consejo de la Magistratura. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la designación de jueces subrogantes (con abogados de la matrícula) puso en aprietos a la Comisión de Selección que decidió no cubrir más vacantes que existen en el Poder Judicial hasta que haya una base legal que establezca un método para el nombramiento de estos magistrados. Al no haber un régimen de reemplazos se desconoce que sucederá con 16 suplentes, cuyos mandatos vencieron cuando la Corte ratificaba como «indispensable» que los jueces sean designados como establece la Constitución. Es decir, que atraviesen un procedimiento de selección, la postulación por parte del Ejecutivo y la aprobación de su pliego en el Senado.

Los responsables de reglar un nuevo sistema de designación son el Congreso y el Poder Ejecutivo. La Corte ya le dio un año de plazo para que elaboren y aprueben una ley que instrumente un proceso definitivo sobre las subrogancias. La intimación parece difícil de cumplir en los meses preelectorales que se vienen.

¿La gente se quedará sin Justicia? Nadie asegura que no ocurra. La lentitud judicial es una práctica de 200 años. Es difícil que se logre remontarla en doce meses.

El Consejo de la Magistratura se defiende. Culpa al gobierno de haber puesto al Poder Judicial en un «estado de crisis». Recuerdan que Néstor Kirchner tiene 81 ternas para cubrir las 153 vacantes que existen en los tribunales de todo el país. Las carpetas postulando a estos aspirantes a jueces duermen -aseguran-en algún escritorio de la Casa Rosada.

«La última vez que Kirchner promocionó jueces fue en 2005», dijo un consejero.

El mayor de los nombramientos, se produjo cuando Rossatti era ministro de Justicia. En esa época se envió al Senado 50 pliegos de designación de jueces, fiscales y defensores, y se logró la firma de decretos que posibilitaron la designación de 25 miembros más.

Renuncias

Desde que está en el poder, el kirchnerismo ha cubierto vacantes correspondientes a concursos que se habían tramitado en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Sin embargo, en los últimos tres años renunciaron 143 jueces. Adujeron cansancio moral como consecuencia de presiones del poder político.

La oposición sostiene que al gobierno le convenía mantener a los subrogantes porque así lograba «ablandar» a los candidatos ternados y tener influencia sobre ellos. Además, a los jueces subrogantes se los puede borrar de un plumazo. No necesitan de un juicio político para destituirlos de sus cargos.

Como afirma el abogado Pedro Baldi, «un rasgo que garantiza la independencia de los jueces constitucionales es su inamovilidad, requisito que no concurre en el caso de los jueces subrogantes».

Baldi apoya la teoría que el principio de la inamovilidad de los jueces es más que fundamental, «un principio vital para la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y de la Nación».

Es el criterio de la mayoría de los jueces que respaldaron el fallo de la Corte que declaró ilegal la facultad del Consejo para designar subrogantes. Desde que este sistema fue puesto en vigencia, 200 secretarios y abogados fueron nombrados como jueces. Es decir, 25% de la judicatura. La idea era agilizar la actividad judicial en los tribunales que no contaban y cuentan aún con un magistrado. Nada de eso se consiguió.

Qué hacer hasta que se produzca un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo para la nueva ley es el dilema que enfrenta el juez y presidente de la Comisión de Selección, Luis María Bunge Campos.

Sucede que además de frenar los nombramientos de los subrogantes no está clara la continuidad de los subrogantes ya designados.

Límites

La semana pasada, los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel reclamaron que los jueces supremos expliquen el alcance de su fallo. Sus Señorías no respondieron el convite pero les sugirieron a sus interlocutores que leyeran con atención el penúltimo párrafo de la sentencia. En ese texto se establece con meridiana claridad: «En ningún caso dichos subrogantes podrán continuar en funciones más allá del término de un año, lapso durante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a establecer un proceso definitivo sobre la materia».

La Asociación de Magistrados en 2006 presentó un proyecto en el cual se proponía la puesta en marcha de un nuevo sistema. La iniciativa contemplaba que las cámaras elaboraran listas de candidatos para enviar al Ejecutivo y luego de ahí al Senado, con el fin de que los legisladores brindasen el acuerdo necesario a los funcionarios que se propusieran para esos cargos.

Luego y una vez que esas fueran aprobadas, las mismas irían a los tribunales, y se tendría una lista, que duraría unos tres años, para elegir a los que estuvieran capacitados para ejercer como jueces.