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Hasta ahora, hay que reconocer, se hizo poco por corregir ese régimen de dinero negro que facilita tantas desviaciones. Más allá de alentar la revisión judicial del pasado, la actual administración recibió la SIDE con 96 millones de pesos asignados por Eduardo Duhalde el 18 de mayo, una semana antes de dejarle el poder a Néstor Kirchner. A comienzos de año, el presupuesto del organismo era de 135 millones de pesos.
¿Se consumieron casi todos antes de mayo? ¿En qué? ¿Tendrá que ver el proceso electoral en ese tipo de erogaciones? Hasta hay chistosos que adjudican un pico de gasto a la campaña del ex jefe de Inteligencia Carlos Soria, candidato a gobernador de Río Negro. Bromas de mal gusto para ese espía, seguramente.
Más allá de estas ocurrencias, seguramente esos 12 millones de pesos serán los últimos en imputarse como ampliación presupuestaria a la SIDE, antes de que Kirchner decida llevar transparencia a esa «caja negra» del Estado.
Aunque sería un error mirar solamente al organismo que conduce ahora Héctor Icazuriaga. Sucede que hay muchas oficinas del Ejecutivo que cuentan con fondos reservados, como la SIDE. Entre ellos están todos los organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas y también la Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia. Si hasta en sus meditaciones sobre el tema, Chacho Alvarez confesó que a él también le habían asignado 1 millón y medio de pesos, pero que no los usó. Es cierto, al lego le resultaría muy difícil detectar esas cuentas, ya que figuran dentro de un rubro general denominado «servicios».
Sólo los expertos saben acceder a la información del inciso Nº 3, donde están las partidas para gastos secretos, a las que acceden sólo un par de funcionarios con clave reservada.
Terragno hizo un aporte estimulante en su actual raid mediático, más allá de la tarea de reconstrucción histórica publicada bajo el género del «diario íntimo» (el ex jefe de Gabinete dejó la impresión de que, al menos en aquellos tiempos, sólo le ocurrían cosas ligadas a decretos, memos, partidas presupuestarias y todo tipo de peripecia administrativa). El senador presentó un proyecto de ley a través del cual propone que los funcionarios justifiquen los gastos reservados, pero con la posibilidad de que esa información se publique de manera diferida, al cabo de un período determinado. La iniciativa seguramente contará con el acompañamiento de Cristina Kirchner, colega de Terragno en el Senado y empeñada siempre en dar respuesta a las «exigencias de la sociedad». Aún cuando resulte poco probable suponer que, ahora o dentro de 20 años, alguien presentará una factura para justificar una operación de espionaje.
La existencia de gastos reservados corresponde a zonas de la burocracia que no fueron sometidas históricamente al proceso de democratización y control judicial y legislativo (Norberto Bobbio dedicó parte de su obra a señalar esa opacidad de oficinas que pueden sobornar o matar amparadas solamente en la razón de Estado). La única manera que se encontró hasta ahora para legitimar esa aplicación de los dineros públicos es la confianza de la sociedad en sus gobernantes. Habrá que ver si a Kirchner le alcanza, entonces, con el crédito que le estarían dando las encuestas para administrar a su antojo los casi $ 170 millones de pesos que le otorga el presupuesto.
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