El gobierno de Néstor Kirchner resolvió no enviar efectivos de fuerzas federales para garantizar el desarrollo de la asamblea de la UBA convocada para hoy en la que, por quinta vez, se intentará elegir al nuevo rector de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás, el vicerrector, Aníbal Franco, solicitó por nota dirigida al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que disponga un operativo de seguridad para que, atento al artículo 35 de la Ley de Educación Superior, sesione la asamblea. Fernández acusó recibo y ordenó diseñar un mecanismo para intervenir. Pero en la última semana, a la Casa Rosada llegaron notas enviadas por los decanos díscolos, que cuestionaban la eventual decisión de enviar fuerzas policiales. El cuadro se completó con una amenaza de dirigentes de la izquierda estudiantil: plantearon que se enfrentarían con la Policía en caso de que haya efectivos apostados en la asamblea.
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Frente a esa situación, Fernández cruzó consultas con el ministro de Educación, Daniel Filmus. Ante la falta de una solicitud que «represente a todas las partes» -por caso, una resolución del Consejo Superior- se resolvió no enviar uniformados para custodiar la asamblea.
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