La denuncia de Laura Lavega sobre el ajuste en discapacidad: "La demora del Gobierno no es inocente, se está ajustando sobre los más vulnerables"

Laura Lavega, referente del sector, advierte sobre el colapso del sistema de atención a personas con discapacidad. Falta de medicación, suspensión de pensiones, instituciones al borde del cierre y una Ley de Emergencia que sigue sin implementarse conforman un escenario que las organizaciones califican como “una emergencia humana”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hace meses, todavía no fue puesta en marcha.

Lado B

La crisis en el área de discapacidad en la Argentina se profundiza mientras el Gobierno nacional posterga la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con amplio consenso legislativo en junio. En paralelo, las organizaciones y prestadores rechazan los aumentos dispuestos por el Ejecutivo —de entre el 29 % y el 35 %—, muy por debajo del 70 % previsto en la norma.

“Hoy los datos concretos muestran que la discapacidad sí está siendo usada como variable de ajuste”, afirmó Laura Lavega, referente del sector, en diálogo con este medio. Según explicó, “miles de pensiones no contributivas fueron dadas de baja o suspendidas bajo criterios administrativos arbitrarios, dejando a personas sin cobertura ni ingresos”.

A ese cuadro se suma la interrupción o demora en la entrega de medicación, pañales y elementos básicos de rehabilitación. “Los proveedores no cobran y las familias deben pagar de su bolsillo o interrumpir tratamientos. Todo esto configura una vulneración directa de derechos adquiridos y un retroceso en políticas de inclusión”, remarcó Lavega.

El panorama fue expuesto también en la reciente movilización de prestadores y organizaciones en La Plata, donde se advirtió que la suba anunciada por el Gobierno nacional “es irrisoria” y “pone en jaque la continuidad de la atención”. Desde el sector advierten que la diferencia entre lo que establece la ley y lo que efectivamente se paga “es abismal”.

“Las instituciones no logran cubrir sueldos ni gastos básicos; los terapeutas y acompañantes quedan por debajo del salario mínimo; los transportistas trabajan a pérdida o suspenden servicios”, detalló Lavega. Y agregó: “La consecuencia directa es el desmantelamiento del sistema de atención, con cierres y pérdida de fuentes de trabajo. No es un problema de números, es un problema de derechos”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada hace meses, todavía no fue puesta en marcha. Para Lavega, “esa demora no es inocente: implica que no se destinan los fondos específicos ni se activan los mecanismos de control y asistencia previstos. En la práctica, las personas con discapacidad y los prestadores siguen desprotegidos”.

En todo el país, decenas de instituciones, talleres protegidos y servicios de transporte están suspendiendo actividades o cerrando sus puertas. “Muchos funcionan con endeudamiento o gracias al esfuerzo del personal, que sigue trabajando sin cobrar. Si la situación no cambia, podrían perderse miles de puestos de trabajo y cientos de personas con discapacidad quedarían sin atención ni contención diaria. Es una emergencia humana, no solo económica”, advirtió.

La referente también señaló la falta de coordinación entre Nación y provincias como un obstáculo central: “Hoy los mecanismos son débiles y no hay control efectivo sobre la distribución de fondos ni sobre los tiempos de pago a los prestadores. Lo ideal sería un comité federal de seguimiento con representación estatal y de las organizaciones, para garantizar transparencia y cumplimiento”.

Frente a este panorama, las organizaciones exigen la implementación urgente de la Ley de Emergencia, la restitución de pensiones dadas de baja, la entrega regular de medicación e insumos, y la actualización real de los aranceles.

“Los indicadores más claros de que la discapacidad dejó de ser una variable de ajuste serán la restitución inmediata de derechos, la actualización de pagos y la aplicación efectiva de la ley con presupuesto asignado”, concluyó Lavega. “Solo entonces podremos decir que la discapacidad volvió a ocupar el lugar que merece: el de una política de Estado basada en derechos y no en recortes”