"La evaluación a los jueces se puede usar como una forma de presión"

A partir del conflicto abierto entre el Gobierno y la oposición por el uso de las reservas, y la consiguiente intervención de la Justicia, se desató una andanada oficialista contra los jueces que incluyen propuestas de exámenes periódicos y hasta la jubilación efectiva de jueces mayores de 75 años. Eugenio Cozzi, abogado y candidato a presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por "Gente de Derecho", considera que las tensiones entre los tres poderes "siempre van a existir", aunque aclara que "los jueces viven examinados en cada sentencia". En diálogo con ambito.com, alertó que "el examen permanente no sirve pues se puede usar para presionar a los magistrados". Además, insistió en la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura para que los abogados tengan mayor representación y se mostró confiado en que el proyecto que presentó el actual presidente del Colegio, Jorge Rizzo, avance en el Congreso.

Periodista: Desde el Colegio de Abogados se viene planteando la pérdida de espacio de los abogados dentro del Consejo de la Magistratura, ustedes presentaron recientemente un proyecto en el Congreso tendiente a revertir esa situación, ¿cree que puede llegar a aplicarse ese proyecto?

Eugenio Cozzi: Sí. Haciendo un poco de historia en el 2006 se presentó una acción de inconstitucionalidad a raíz justamente de la reforma que redujo la participación del estamento de la abogacía, acción que fue presentada por Moner Sans, a la que luego adhirió el doctor Jorge Rizzo y más tarde se sumó el Colegio Público de Abogados. Nosotros presentamos un proyecto que amalgamó las posturas de la oposición y la actual conducción del Consejo. Efectivamente creo que el Consejo va a ser modificado por medio de alguna ley que se aprobará, no sabemos cuál porque se trabajaron en varios proyectos. Justamente el doctor Rizzo presidente del Colegio presentó el proyecto que salió consensuado de la propia Comisión de Derecho Constitucional del Colegio, de la cual formó parte junto a otros abogados que integran la asesoría letrada de la institución. Ese proyecto se les presentó a todos los diputados de distintas comisiones, miembros de la corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación. Introduce algunas modificaciones en la conformación de la Magistratura.

P.: ¿Cuáles son las modificaciones en la conformación?

E.C.: Para empezar el número de abogados que pretendemos que vuelvan a cuatro, entendiendo que tres tienen que ser de Capital por la cantidad de juzgados que existen y la cantidad de miembros que tiene la matricula. Otra modificación es que introduce la participación de un miembro de la Corte pero que no es su presidente, nosotros creemos que no es sano que el titular de la Corte sea también presidente del Consejo. Hubo una paradoja hace unos años donde en una presentación el representante legal era presidente de la Corte y presidente del Consejo, entonces podría haber suspicacias allí. En lo político mantenemos los miembros pero hacemos la salvedad de que deben ser representantes del poder legislativo. Esto de que sean diputados en actividad o senadores rompe un poco con la ecuación republicana ya que tenemos un estamento activo del Poder Legislativo dentro del Poder Judicial. Más allá de que también exista un miembro del Ejecutivo, tampoco estoy de acuerdo con lo que ha pasado que el miembro del Ejecutivo es a su vez secretario de Justicia.

P.: ¿Y cómo ve la posibilidad de consensuar este proyecto donde la idea básica parece ser que no haya tanta hegemonía política sino más jueces, abogados, y académicos?

E.C.: Nosotros pretendemos amalgamar distintos interés que estaban en juego en otros proyectos y creemos que el nuestro sintetiza medianamente esos intereses, esas dos posiciones encontradas. Creemos que debe modificarse la cantidad de miembros que deben pasar de 13 a 17. Otra novedad es que todos los miembros deben integrar todas las comisiones, hoy los abogados no pueden integrar la comisión de Selección con lo cual, entonces es la mejor forma de tener una participación ecuánime dentro del funcionamiento del propio Consejo.

P.: En torno al nombramiento de los jueces se planteó desde algunos sectores la posibilidad de elegirlos en una consulta popular, ¿está de acuerdo con esa idea?

E.C.: No estoy muy de acuerdo con ese tipo de selección, no coincido. Creo que en lo que se refiere a selección y nombramiento de jueces hoy estamos con un método que es superador del anterior; dentro de los pasos burocráticos es mejor al que regía antes de la reforma Constitucional, pero puede mejorarse. Hoy la selección de jueces pasa el tamiz democrático y supera la amplitud y la libre participación de los distintos sectores de la Justicia. No sé si modificaría ese método. La elección popular, en algunos países se emplea pero no para todos los cargos. Además sería extrapolar otras formas y costumbres de otros países. Nosotros tenemos que manejarnos con nuestra Constitución que es muy clara en eso de cómo se seleccionan los jueces y cómo se conforma el Poder Judicial de la Nación y eso sólo es garantía de seguridad para cualquier ciudadano.

P.: Mucho se ha hablado de la presión del Gobierno sobre determinados jueces, ¿considera que hay una avanzada de la política sobre los jueces? 

E.C.: Dentro del libre juego de la democracia, cada uno puede actuar como su real saber le indica. La presión siempre existió y siempre hay tensión entre los poderes. En lo que se refiere a la idea de revisión o examen a los jueces cada cuatro años, no lo comparto. El que integró una terna para ser juez tiene la suficiente idoneidad para asumir un cargo, luego está sometido a un examen en cada sentencia que dicta y además su inamovilidad esta consagrada en la Constitución hasta que dure su buen desempeño. El juez vive examinado en cada sentencia y si alguien entiende que una resolución es contraria a derecho, justamente esta el Consejo para revisar la conducta del juez. El examen permanente no sirve pues se puede usar para presionar a los magistrados de acuerdo a los asuntos que (los políticos) consideran importantes para sus intereses.

P.: Dentro de esta interferencia del Ejecutivo sobre el Poder judicial también se encuentra el proyecto del oficialismo para jubilar a jueces mayores de 75 años, ¿qué opina de esa propuesta?

E.C.: La inamovilidad Constitucional lleva al juez a permanecer en el cargo, eso hay que respetarlo. Lo que ocurre es que ahora viene mucha gente joven con empuje que quiere ocupar los espacios y hay un conflicto generacional, los mayores quieren quedarse y los jóvenes quieren ocupar sus cargos. Mientras el juez este lúcido hay que respetar la institucionalidad. Hay presión de apartar a los jueces mayores pero, no sé si en realidad hay tantos jueces mayores de 75 años. 

P.: Ante este panorama, ¿cómo ve la llamada independencia de los tres poderes?

E.C.: Las tensiones siempre van a existir. La actividad política lleva a tomar decisiones que pueden ser inconstitucionales y allí esta el Poder Judicial para poner un coto o cuadrar la situación, así tiene que funcionar en el país, debe existir un control.


P.: ¿Considera que hubo sobreactuación de algunos jueces en las causas que se abrieron por el uso de las reservas? ¿Cree que hay judicialización de la política?

E.C.: Me remito a los hechos; el Poder Judicial sacó una resolución a derecho. No sé bien cómo vinieron las presentaciones porque justamente la primer presentación correspondió a la oposición como una medida cautelar. Habría que ver quién judicializó primero la política, pero bueno hay que aceptar las resoluciones tanto de un lado como del otro. En este tema hubo una resolución de un tribunal superior y justamente para eso está la Corte para apelar algún fallo en instancias superiores. Hay que dejar que funcionen las instituciones.

P.: ¿Se mezclan cuestiones ideologías en los fallos o en el ejercicio de la profesión?

E.C.: Los enfoques jurídicos siempre tienen algo de ideología, no se puede escindir lo técnico de lo ideológico. La interpretación de la Constitución se puede dar de forma extendida, de forma literal u otras interpretaciones más estrictas. La posición ideológica que pueda tener el intérprete influye en la forma que interprete la norma.

P.: ¿El exceso de ideología puede llevara a cometer errores?

E.C.: Y, posiblemente, sí, de un a lado y de otro.

P.: En cuanto a los comicios en el Colegio de Abogados, muchos destacan de la actual conducción el acercamiento que tuvo a los problemas diarios del abogado, ¿cuál es su propuesta?

E.C.: Vamos a profundizar esta línea en la medida de nuestras posibilidades. El Colegio tiene una función para el matriculado, que es parte integrante de la institución. Desde allí los servicios se dan para facilitarle la tarea diaria, esto es fundamental para el matriculado y para el Colegio. Esta es la casa de todos los abogados, si quieren tomar un café, almorzar o reunirse con un colega allí lo tienen. El Colegio abrió las puertas para todos.

P.: ¿Puede contarnos alguna medida?

E.C.: Estuvimos trabajando muy fuerte con la Ley de Mediación, fue un arduo trabajo que llegó a buen término con su sanción en el Senado (se convirtió en ley el jueces pasado). Ahora nos queda la ley de honorarios. Una ley adecuada, con un proyecto que viene del año pasado y que se puso a consideración de la matrícula. Recibimos observaciones y sugerencias al proyecto original, hubo un alto grado de participación y tal vez podamos lograr su tratamiento este año. Es un proyecto que a la ley le da un carácter de orden público, es decir que tiene que ser cumplido. Establecimos una unidad que tiene relación con el sueldo de un juez de primera instancia, ya que por la inflación debíamos asegurar el honorario en el tiempo.

P.: El tema de la obra social por ejemplo está contemplado para esta gestión...

E.C.: Estamos viendo cómo hacerlo, pero no es fácil. Estamos detrás de eso, de todo lo que implica disponer de una cantidad de recursos importantes que hoy el Colegio no tiene, los insumos materiales son muy altos. Estamos viendo la forma de armarla pero operativamente es muy complicado poner en funcionamiento una obra social.

P.: ¿Habría convenios con algunos sindicatos?

E.C.: Estamos viendo, hoy el abogado monotributista tiene una obra social, pero los obras sociales son medio reticentes para hacer convenios con otras ramas u otros sectores, es difícil convencerlos de que nosotros somos un gran grupo de gente que podría estar interesada en sus servicios pero a un precio diferencial, por lo que ya dentro de su marco no se encuentran seducidos con estos.

P.: ¿Cómo se administra financieramente el colegio público de abogados?

E.C.: Primero, con austeridad. En la medida que vuelvan los servicios al matriculado el resto es toda inversión. El pago de matricula y los bonos sostienen el funcionamiento del Colegio, pero si nosotros devolvemos eso en servicios, no es gasto sino beneficio o inversión.

P.: En cuanto a la formación académica, se dice que la UBA es una gran fábrica de diplomas para ser colgados, nada más, ¿qué opina?

E.C.: La facultad tiene un gran déficit. Nosotros tratamos de articular una escuela de postgrado para lograr experiencia laboral. La formación de grado se desmoronó. Hay que plantearse el tema no sólo en Derecho, hay que ver si las facultades están en condiciones de habilitar un título para trabajar. Hoy se atiende el postgrado y se dejó el grado, el profesional tiene que solidificar su aprendizaje porque salen con cierto déficit.

Por Guillermo Gammacurta y Pablo Jiménez