La FAM también rechazó revisión de jubilaciones especiales de los jueces

La institución alertó que el régimen especial de jubilaciones “no es el problema” y aseguró que “avasallar la Justicia no es la solución”. Gremios judiciales, se sumaron a la negativa y pidieron política “sustentable”.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) compartió un comunicado denominado “Avances sobre la independencia judicial” para “expresar, una vez más, públicamente su rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo- ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años”. El comunicado se suma a la dura réplica de la Asociación de Magistrados contra la iniciativa que deslizó el Gobierno Nacional para “revisar” -en el marco del acuerdo con el FMI- el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial como parte de la búsqueda de achicar el déficit. Esa postura, como ya informó Ámbito, significó un déjâ vu del trauma de la reforma de 2020, cuando ya se retocó la norma que regulaba la cuestión previsional que los alcanza.

El documento firmado por Christian J. Fabio -secretario general- y Marcela Ruiz -presidenta- comienza con su postura respecto a la revisión de las jubilaciones especiales de los jueces: “La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), entidad que nuclea a 16.700 magistradas/os y funcionarias/os de los sistemas judiciales de las 23 provincias y de CABA, debe expresar, una vez más, públicamente su rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo- ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años”.

Continúa: “El régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes –durante 30 años, en un porcentaje ampliamente mayor al de los demás aportantes, calculándose su haber con el promedio de los últimos 10 años de aporte- por lo que su incidencia en las cuentas públicas es insignificante”.

“Por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados. No hay que perder de vista que el número de aportantes al sistema es muy superior a la cantidad de jubiladas/os y pensionadas/os, lo que lo hace notoriamente sustentable”, procede. Y agrega: “El régimen es especial como consecuencia de las incompatibilidades de magistradas/os y funcionarias/os con cualquier otra actividad económica”.

“Las consideraciones que se realizan implican un desconocimiento de las realidades de los sistemas judiciales de las justicias provinciales y de CABA. Se habla de salarios y jubilaciones con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de los conflictos judicializados del país. Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a solucionarlo”, justifica.

“La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial exhorta a los poderes del Estado y a todos los sectores políticos a no debilitar, con iniciativas como esta, criterios básicos de todo estado constitucional de derecho, como el de la independencia judicial, y que son el resguardo de los derechos de la ciudadanía toda. La independencia judicial es una garantía instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales”, concluye. La relevancia de la FAM es que involucra también a todo el personal de la magistratura de las provincias de la Argentina, lo que en términos cuantitativos es significativamente más amplia que otras organizaciones.

En paralelo, el gremio de judiciales agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional aseguró que las “mal llamadas jubilaciones de privilegio” integran una “lógica política, discursiva, chiquita y de conveniencia” y aseguraron que esos beneficios forman parte de una historia de lucha gremial y que no se está enfocando hacia “proyectos verdaderamente sustentables e igualitarios”.