La Haya trata sanción por cortes

La Haya - Los representantes legales de la Argentina se presentarán hoy, con un mayor grado de tranquilidad, ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para protagonizar un nuevo y fundamental capítulo del conflicto de las papeleras de Fray Bentos. Esta vez, y a diferencia de lo ocurrido en junio pasado, la Argentina es el país que debe defenderse y Uruguay el que acuse. En este caso, la causa es la pretensión del gobierno de Tabaré Vázquez de conseguir una declaración judicial del Tribunal que permita aplicar sanciones por los cortes de los puentes fronterizos de Gualeguaychú y Colón.

El objetivo concreto de la delegación que nuevamente encabezará la consejera legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerrutti, con ausencia esta vez de la secretaria Romina Picolotti, es doble: que no se obligue al gobierno de Néstor Kirchner a reprimir a los manifestantes para abrir los puentes y que no se abra la vía legal para que Uruguay pueda luego reclamar ante las Naciones Unidas sanciones económicas contra la Argentina. Más allá de estos dos objetivos, si la votación de los 14 jueces que en junio volverán a tratar el caso de las pasteras de Fray Bentos resulte otra vez negativa (la anterior terminó 14 a 1, con el único voto del delegado nacional), no será tomada esta vez como una derrota. Incluso, se espera con paciencia que el Tribunal Internacional critique abiertamente los cortes y los declare ilegales.

La estrategia que desplegará desde esta mañana el equipo argentino, podría calificarse como «embarrar la cancha»; un término muy lejano al siempre prolijo idioma del derecho internacional, pero que grafica muy bien los conceptos sobre los que vienen trabajando Ruiz Cerrutti y el resto de los representantesdesignados por el gobiernopara esta ocasión. Lejos de este equipo parece haber quedado ya definitivamente la secretaria de Medio Ambiente, Picolotti, que desde hace varios meses ya no atiende cuestiones vinculadas a las papeleras de Fray Bentos, precisamente el tema que la llevó al gobierno. De todos modos, la abogada de origen cordobés estará presente hoy en el juicio: se sabe que gran parte de la presentación uruguaya se ensañará con declaraciones de Picolotti y de su marido, Daniel Taillant, alentando en los últimos meses los cortes de Gualeguaychú.

Averiados

Por el lado uruguayo, los representantes del país vecino llegan a esta instancia algo averiados por la renuncia de dos de los abogados más importantes del equipo que dirige el embajador ante Francia, Héctor Gross Espiel. Hace unos días, Edison González Lapeyre y Roberto Puceiro, dos prestigiosos abogados especialistas en derecho internacional (que habían sostenido gran parte de la presentación de junio pasado), decidieron renunciar, descontentos por no haber sido del todo informados sobre la marcha que tendría la presentación de hoy, sobre la que por otro lado, eran contrarios.

Las formalidades del caso indican que esta vez no será la Argentina la que comience a hablar esta mañana a las 10.00 hora local, sino Uruguay por ser el país acusador. Ambos tendrán dos horas para hablar y nadie puede interrumpir el relato de ninguna de las partes. El caso continuará mañana, esta vez invirtiendo el orden de los oradores: comenzará la Argentina contestando a Uruguay y luego cerrará éste. Los argumentos que desplegará este equipo serán los siguientes: se mencionará que el Tribunal de La Haya no es el ámbito adecuado para resolver una supuesta violación al Tratado de Asunción, el acuerdo que dio comienzo al Mercosur y por el cual los dos países se garantizarían la libre circulación y comercio. Para el equipo de Ruiz Cerrutti, cualquier acusación vinculada a los cortes de los puentes, debería realizarse en los tribunales del bloque sudamericano, tal como sucedió en setiembre pasado, y no ante La Haya.

No habría forma de determinar, según la visión argentina, que hay corresponsabilidad o impulso por parte del gobierno de Néstor Kirchner para los cortes de los puentes de Gualeguaychú y Colón.

De ninguna manera podría hablarse, siempre según la versión del equipo argentino, de un «bloqueo», tal como asegura la representación uruguaya. Según la visión del equipo de Ruiz Cerrutti, los puentes no están permanentemente cortados por los manifestantes, incluso las acciones sobre el de Colón son más bien simbólicas; además de dejarse abiertas otras rutas como las navieras y las aéreas. Para la Argentina, siempre se puede llegar a Uruguay.

Se mostrarán argumentos similares a los presentados ante los tribunales del Mercosur, por los cuales se determina que no hay daño económico para Uruguay. Si son necesarios, se utilizarán números preparados por la Cancillería y el Ministerio de Economía, donde se mostraría que los números del comercio bilateral no se dañaron, y que incluso en algunos casos, como el turismo, mejoraron.

Inversión

La Argentina, al revés de lo sucedido en junio pasado, debe argumentar contra una eventual «medida cautelar» por parte de La Haya. En aquella ocasión, el gobierno de Néstor Kirchner reclamó, sin éxito, una decisión de este tipo para suspender las obras en Botnia. Ahora es Uruguay el que pide algo así para que terminen los cortes. Los argumentos argentinos apuntan a señalar la jurisprudencia del Tribunal Internacional que sólo en casos donde está en juego la vida humana son viables este tipo de pedidos. Por ejemplo, se recuerda, sólo hubo decisiones de La Haya para reclamar la suspensión de alguna condena a muerte o para crímenes de guerra; pero nunca para cuestiones ambientales o económicas.

La Argentina argumentará que siempre optó por la «disuasión» de manera pública y abierta, para que los manifestantes entrerrianos liberen los puentes cerrados.

El Tribunal deberá resolver el caso que comenzará a presentarse hoy luego del 8 de enero, ya que desde el 20 de diciembre hasta entonces entrará en receso por las fiestas de fin de año. La delegación uruguaya confía en que para el 10 de enero haya una decisión, algo probable ya que la intención de los jueces de la Corte sería la de resolver este conflicto antes del 15 de enero, cuando comience el nuevo capítulo del conflicto entre la Argentina y Uruguay por la papelera finlandesa de Botnia. Ese día, la Argentina será la que acuse, presentando la Memoria por la cual se acusa al país vecino de violar el tratado del río Uruguay.