A través de una cautelar, le suspendió la resolución 27/2026 firmada por el titular del organismo, Nicolás Bronzovich. La normativa desmantelaba la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires y otras nueve agencias.
El fallo judicial frenó la aplicación de la resolución 27/26 dictada por el titular del INTA.
La Justicia dictó este martes una cautelar por seis meses a favor de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó cesar con los despidos y supresiones de estructuras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El fallo representa un revés para el gobierno de Javier Milei en sus planes de desguace del organismo.
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El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, dispuso la inmediata suspensión de la Resolución 20/2026, impulsada por el titular del organismo Nicolás Bronzovich, que disponía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), nueve agencias y el traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El fallo califica a la resolución como "manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público".
Por ese motivo, ordenó a las autoridades del INTA "abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades".
La decisión del juez federal fue celebrada por el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, quien destacó que "otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno". Luego de repasar los alcances del fallo, el gremialista acusó al Gobierno de actuar "al margen de la ley" y aseguró que el gremio seguirá confrontándolos "en todos los planos". "Se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada. La motosierra se debilita. Les queda poco", cerró.
Además de intentar avanzar sobre las estructuras de INTA, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente del organismo que estuvo vigente durante mayo, en línea con el proceso de ajuste sobre organismos del Estado que impulsa la administración de Milei.
La iniciativa había sido aprobada por el Consejo Directivo del INTA y oficializada en el Boletín Oficial mediante la resolución que estableció la creación del “Sistema de Retiro Voluntario” para el ejercicio 2026.
El esquema establecía el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, enfocado en aquellos trabajadores que registren una antigüedad mínima de tres años. El cálculo contempla únicamente el tiempo trabajado como personal permanente dentro de la Administración Pública Nacional.
Además, quienes adhieran al retiro voluntario no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, cualquiera sea la modalidad de contratación. La única excepción prevista corresponde a cargos docentes en universidades nacionales. El objetivo del plan de retiros era reducir el plantel de personal en por lo menos 1000 trabajadores.