La Justicia legalizó el jubileo de lista única

Néstor Kirchner

«Somos jueces, no podemos reemplazar la tarea de los partidos. Si no quieren hacer internas, y la ley los ampara, poco podemos hacer». Con esta frase algunos magistrados electorales justificaban durante el fin de semana el fallo de la Cámara Nacional Electoral que el viernes convalidó un decreto que les permite a los partidos sin reconocimiento legal y, por ejemplo, sin afiliados, anotar candidatos en lista única fuera de término antes del próximo 23 de agosto.

Esa decisión es una luz verde a una miríada de agrupaciones que buscan hoy protegerse bajo el calor oficial y cuya manifestación más evidente es el partido que inscribió el mismo viernes por la noche la candidatura en lista única, sin internas ni afiliados, del gobernador peronista Angel Maza en La Rioja. En interés de este mandatario, arrinconado entre Carlos Menem y Néstor Kirchner, se dictó el Decreto 535 que la cámara legalizó después de una escalera de decisiones judiciales. Lo había rechazado el juez electoral de La Rioja, Rubén Blanco, acusado de ser yomista -es decir de responder a los intereses del senador Jorge Yoma cuando éste quería reelegir su banca-; lo apeló el Ministerio del Interior defendiendo la firma presidencial que decía sólo fomentar la participación de la mayor variedad de ofertas electorales, lo convalidó

María Servini de Cubría y ahora remacha su validez la cámara que integran Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, la instancia suprema en estas cuestiones electorales.

Más allá del interés gubernamental de la sentencia de la cámara, la explicación que daba ese juez sobre que sólo pueden actuar como tales, ocupa un lugar central de la decisión. La sentencia dice, en efecto que «esta cámara no puede dejar de advertir el disvalioso fraccionamiento partidario que experimenta el sistema político argentino como consecuencia del dictado de normas que flexibilizan a un punto desmedido las condiciones de participación de nuevas asociaciones políticas y eliminaron las vallas al mantenimiento de su personalidad».

Cita al respecto una serie de decisiones del poder político tomadas en los últimos años que han dejado a los partidos al borde del incumplimiento de sus misiones y deberes. Entre aquéllos, seleccionar los candidatos que se ofrecerán al voto de la gente; entre éstos, asegurar una democracia interna que legitima a sus autoridades y también a los candidatos. La sentencia repasa los hitos de esa deconstrucción del sistema electoral: «Vale recordar -dice el dictamen- que la Ley 25.611 -que estableció el régimen de internas abiertas y simultáneas, posteriormente suspendidas en el año 2003 por la Ley 25.684- derogó, a su vez, la previsión contenida en el artículo 50, inc. C, de la Ley 23.298 que prescribía como causal de caducidad de la personalidad jurídico política, el «no alcanzar en dos (2) elecciones sucesivas dos por ciento (2%) del padrón electoral en ningún distrito», norma cuya aplicación motivó la mayor cantidad de declaraciones de caducidad entre las originariamente reguladas. Su derogación -so pretexto de fomentar el pluralismo partidario- sólo generó, en cambio, la fragmentación del sistema pues dejó subsistentes a partidos con dudoso caudal electoral. En este sentido, ya antes se había explicado que el reconocimiento y mantenimiento de su personalidad se encuentra directamente relacionado con la existencia de un volumen electoral identificado con sus objetivos pues, de lo contrario, se transformarían en estructuras vacías de contenido e ineptas para cumplircon la función que les es propia».

Que los partidos hayan sido eximidos del piso de votos para poder mantener la patente legal ha permitido prolongar en el tiempo el negocio de la compraventa de partidos. Un candidato que se queda sin agrupación porque le imponen la lista única puede hoy ir al mercado de venta de partidos y obtenerlo a cambio de unos pocos pesos. Basta con repasar los cierres de lista del viernes pasado para ver cómo sellos conocidos llevan candidatos impensados para su origen ideológico.

La cámara al convalidar el Decreto 535, que motivó reclamos de la oposición y del peronismo, dice estar asegurando la posibilidad de que haya mayor participación en las elecciones, algo que dice ha sido siempre la jurisprudencia de la cámara al momento de elegir entre criterios amplios o restrictivos. «El dictado de normas como la que en estos autos se discute, no hace sino continuar en la senda que ya se ha advertido como disvaliosa», dice en uno de sus considerando. Lo convalida, sin embargo, porque las quejas escuchadas contra el 535 eran porque los partidos en formación eran eximidos de anotarse a las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. ¿Cómo agraviarse por esto, cuando casi ningún partido está jugando ese partido? En la provincia de Buenos Aires, sólo la UCR va a internas el 7 de agosto, en Capital Federal, sólo la UCR y el socialismo, Córdoba ningún partido hace internas. Eso para limitar la mirada a los distritos con más votantes, lo cual hace comprensible el criterio de que estos partidos nuevos pueden ser eximidos de ese examen que todos eluden.Yendo a los distritos menos poblados no está de más recordar que el PJ de Santa Cruz, partido y distrito, es el único del país que aún mantiene el sistema de internas cerradas para la elección de candidatos.

La firma del Decreto 535 terminó de alborotar el sistema que en cualquier momento puede producir un Cromañón electoral, es decir un desastre descomunal, irreparable, por irregularidades que todos conocen pero que nadie asume la responsabilidad de remediar a tiempo. Un Cromañón electoral, en un país donde gobierna un presidente que perdió las elecciones, podría ser que las bancas que se elijan el 23 de octubre lo sean a personas que carecen de los requisitos que imponen las leyes, que son varios -a los gobernadores, por ejemplo, la con la función que les es propia».

Que los partidos hayan sido eximidos del piso de votos para poder mantener la patente legal ha permitido prolongar en el tiempo el negocio de la compraventa de partidos. Un candidato que se queda sin agrupación porque le imponen la lista única puede hoy ir al mercado de venta de partidos y obtenerlo a cambio de unos pocos pesos. Basta con repasar los cierres de lista del viernes pasado para ver cómo sellos conocidos llevan candidatos impensados para su origen ideológico. La cámara al convalidar el Decreto 535, que motivó reclamos de la oposición y del peronismo, dice estar asegurando la posibilidad de que haya mayor participación en las elecciones, algo que dice ha sido siempre la jurisprudencia de la cámara al momento de elegir entre criterios amplios o restrictivos. «El dictado de normas como la que en estos autos se discute, no hace sino continuar en la senda que ya se ha advertido como disvaliosa», dice en uno de sus considerando. Lo convalida, sin embargo, porque las quejas escuchadas contra el 535 eran porque los partidos en formación eran eximidos de anotarse a las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. ¿Cómo agraviarse por esto, cuando casi ningún partido está jugando ese partido? En la provincia de Buenos Aires, sólo la UCR va a internas el 7 de agosto, en Capital Federal, sólo la UCR y el socialismo, Córdoba ningún partido hace internas. Eso para limitar la mirada a los distritos con más votantes, lo cual hace comprensible el criterio de que estos partidos nuevos pueden ser eximidos de ese examen que todos eluden.Yendo a los distritos menos poblados no está de más recordar que el PJ de Santa Cruz, partido y distrito, es el único del país que aún mantiene el sistema de internas cerradas para la elección de candidatos.

La firma del Decreto 535 terminó de alborotar el sistema que en cualquier momento puede producir un Cromañón electoral, es decir un desastre descomunal, irreparable, por irregularidades que todos conocen pero que nadie asume la responsabilidad de remediar a tiempo. Un Cromañón electoral, en un país donde gobierna un presidente que perdió las elecciones, podría ser que las bancas que se elijan el 23 de octubre lo sean a personas que carecen de los requisitos que imponen las leyes, que son varios -a los gobernadores, por ejemplo, la Constitución les prohíbe pasar del cargo a una banca en el Senado, algo que se han saltado decenas de políticos en la Argentina pero que algún juez alguna vez podría remediar-.

O que los partidos por los que compiten los candidatos carezcan también de legalidad. El ejemplo supino es el partido que en la creencia colectiva gobierna el país, el Partido Justicialista. Si se miran lo resultados de las elecciones de 2003 se advierte que ya en esas elecciones el PJ no participó. Los tres candidatos de esa extracción (Néstor Kirchner, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá) fueron a las urnas por alianzas de partidos nacionales de distrito, no por el PJ. Apoderados de este PJ, sin embargo, recibieron los fondos de asistencia electoral y los distribuyeron según compromisos privados. Por eso puede ocurrir que una misma Fundación Argentina Solidaria aparezca aportando fondos tanto para Menem como para Kirchner. Hoy, el problema es que no hay quien rinda esos fondos y los candidatos nacionales que, legítimamente, pueden reclamarlos para esta elección legislativa, no encuentran a quien pueda justificar el gasto pasado, condición para que les adelanten dinero ahora.

• Contraproducente

La Argentina ha dictado en los últimos años tantas normas electorales y de financiamiento con el mismo resultado contraproducente que otros empeños suelen tener en otros terrenos: hay menos actividad partidaria, las candidaturas las eligen los caciques a dedo o se las asignan ellos mismos al amparo del jubileo de la lista única, y el financiamiento es más oscuro hoy que antes.

El PJ mismo hace años que no tiene conducción orgánica. Un partido nacional es, en realidad, desde el punto de vista legal, un expediente que está depositado en el Juzgado Electoral N° 1 de la Capital Federal a cargo de Servini de Cubría. En la actualidad va por el cuerpo 44 (cada cuerpo

Constitución les prohíbe pasar del cargo a una banca en el Senado, algo que se han saltado decenas de políticos en la Argentina pero que algún juez alguna vez podría remediar-. O que los partidos por los que compiten los candidatos carezcan también de legalidad. El ejemplo supino es el partido que en la creencia colectiva gobierna el país, el Partido Justicialista. Si se miran lo resultados de las elecciones de 2003 se advierte que ya en esas elecciones el PJ no participó. Los tres candidatos de esa extracción (Néstor Kirchner, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá) fueron a las urnas por alianzas de partidos nacionales de distrito, no por el PJ. Apoderados de este PJ, sin embargo, recibieron los fondos de asistencia electoral y los distribuyeron según compromisos privados. Por eso puede ocurrir que una misma Fundación Argentina Solidaria aparezca aportando fondos tanto para Menem como para Kirchner. Hoy, el problema es que no hay quien rinda esos fondos y los candidatos nacionales que, legítimamente, pueden reclamarlos para esta elección legislativa, no encuentran a quien pueda justificar el gasto pasado, condición para que les adelanten dinero ahora.

• Contraproducente

La Argentina ha dictado en los últimos años tantas normas electorales y de financiamiento con el mismo resultado contraproducente que otros empeños suelen tener en otros terrenos: hay menos actividad partidaria, las candidaturas las eligen los caciques a dedo o se las asignan ellos mismos al amparo del jubileo de la lista única, y el financiamiento es más oscuro hoy que antes.

El PJ mismo hace años que no tiene conducción orgánica. Un partido nacional es, en realidad, desde el punto de vista legal, un expediente que está depositado en el Juzgado Electoral N° 1 de la Capital Federal a cargo de Servini de Cubría. En la actualidad va por el cuerpo 44 (cada cuerpo tiene 20 fojas) y se le van sumando todos los incidentes de la vida partidaria. Desde el congreso de «alta peluquería» de Parque Norte, el PJ está a cargo del presidente del Congreso, Eduardo Camaño. El toma las decisiones en su despacho, después de arbitrar sabe Dios con quién. Por ejemplo, designó al diputado Jorge Argüello como interventor en el PJ de Santiago del Estero y lo mandó a organizar las candidaturas nacionales de ese distrito según los intereses de Kirchner. Eso pasó hace dos meses y la jueza Servini dictó un oficio, con cuya copia va Argüello por la vida, que lo legitima como tal.

Sin autoridades un afiliado podría reclamar que se lo intervenga al PJ, algo que Alberto Fernández ya tiene decidido aunque demorado hasta ahora en la persona del ex agente de la SIDE Ramón Ruiz (antes interventor en el PJ Capital y visitante frecuente del despacho de Servini). ¿Qué harán Camaño y Alberto Fernández después del choque de los planetas del fin de semana con el PJ? Es posible que se mantenga el PJ en el limbo de ilegalidad que hace cuatro años no renueva autoridades, algo que según el código electoral podría declarar directamente su desaparición como formación política. Un sueño para Kirchner que, tras haber usado la escalera del PJ, quiere declarar su extinción.

El jubileo partidario que convalidó la sentencia de la cámara del viernes pone en cuestión otros principios del sistema electoral. ¿Es sostenible en un país sin partidos con autoridades legítimas ni elección democrática de candidatos que se les siga exigiendo a los ciudadanos la obligatoriedad del voto? Otra, ¿es sostenible con esa clausura de los partidos que se siga exigiendo a un candidato la obligación de presentarse por la ficción de una carpeta que son hoy los partidos? La propia cámara electoral dictaminó contra la posibilidad de candidatos independientes y sin partidos cuando lo reclamó un ciudadano Miguel Padilla en 2003. Se ha discutidoen algún acuerdo de la Cámara Nacional-Electoral si en el fondo este Padilla no teníarazón para presentarse sin partido, si los partidos se han vuelto sellos que se compran por dos pesos.