La Justicia ordenó al Gobierno informar sus políticas alimentarias y reactivó el reclamo por los comedores

La Cámara Contencioso Administrativa respaldó parcialmente el amparo presentado por organizaciones sociales y exigió que el Ministerio de Capital Humano rinda cuentas sobre la asistencia alimentaria.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

La Justicia volvió a pronunciarse en el conflicto por la distribución de alimentos en los comedores comunitarios. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó un fallo de primera instancia que obliga al Ministerio de Capital Humano a informar mensualmente las acciones que lleva adelante para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, en el marco de un amparo colectivo impulsado por organizaciones sociales.

La resolución, firmada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, ratificó la sentencia de octubre de 2024 dictada por el juez Walter Lara Correa, quien había ordenado al Gobierno cesar con la “conducta omisiva” en materia alimentaria, luego de que en diciembre de 2023 se interrumpiera el reparto regular de alimentos a comedores populares.

La medida, dispuesta por la ministra Sandra Pettovello con el objetivo de eliminar la intermediación en la asistencia social, generó un fuerte rechazo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS, entre otros espacios.

La Cámara exige transparencia pero no cuestiona la política de fondo

Según el fallo, el Gobierno no logró fundamentar jurídicamente su postura de que el Poder Judicial no puede intervenir en políticas públicas alimentarias. No obstante, la Cámara aclaró que la sentencia no interfiere en las decisiones discrecionales del Ejecutivo, sino que impone deberes de información que aseguren el cumplimiento del derecho a la alimentación.

“El incumplimiento alegado es consecuencia de una orden judicial de naturaleza cautelar”, señala el texto. El fallo también limita la legitimación activa al CELS, excluyendo a la UTEP y a otras organizaciones.

Investigaciones por compras de alimentos por $14.000 millones

En paralelo, la Justicia federal investiga una compra por $14.000 millones en alimentos firmada por Pettovello en 2024, presuntamente sin aval de la Jefatura de Gabinete. El fiscal Franco Picardi solicitó información al PNUD y a la Casa Rosada para verificar si el proceso respetó las normas vigentes y si los u$s420 millones en “gastos de gestión” se utilizaron de forma legal.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no emitió un comunicado oficial sobre ninguno de los dos temas.

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