La Justicia ratificó la sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano a entregar alimentos a comedores

La cartera que dirige Sandra Pettovello deberá restituir el abastecimiento ya que "no puede suspender la asistencia alimentaria sin afectar gravemente derechos constitucionales".

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

El fallo produjo en respuesta al amparo que había sido presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el patrocinio del CELS y del abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois.

La resolución, dictada por la Cámara, integrada por los jueces Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid, confirma que el Estado no puede suspender la asistencia alimentaria sin afectar gravemente derechos constitucionales.

Así, "ya son 12 los jueces que se pronunciaron contra las políticas del presidente Milei y Pettovello en materia de asistencia social", según destacó la UTEP en un comunicado.

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Un juzgado exigió a Capital Humano la entrega de alimentos a 53 comedores

Por otro lado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 intimó nuevamente a Capital Humano y le exigió el abastecimiento de alimentos a 53 comedores comunitarios más.

Esta medida se suma a la orden previa que obligaba a abastecer a otros 66 comedores, lo que elevó el total de nuevos espacios que deben ser incorporados a los programas alimentarios vigentes.

En la decisión se enfatizó sobre "el tiempo transcurrido, el derecho alimentario vulnerado y el accionar dilatorio" de la cartera dirigida por Pettovello.

Sandra Pettovello imputada por supuestos delitos en la compra de alimentos

La acusación fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12 y del fiscal federal Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a NA.

Martínez Herrero presentó la denuncia por una presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El fiscal Picardi impulsó la investigación en febrero de 2025 y solicitó medidas de prueba a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre esa transferencia y licitación.

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