30 de mayo 2008 - 00:00

La moda de la sesión especial se instaló todos los miércoles

El club de los miércoles: el macrista Federico Pinedo, el diputado de la CTA Claudio Lozano, el arista rebelde Eduardo Macaluse y la cordobesa Norma Morandini son habitués en las sesiones especiales de la oposición en el campo por la crisis rural.
El club de los miércoles: el macrista Federico Pinedo, el diputado de la CTA Claudio Lozano, el arista rebelde Eduardo Macaluse y la cordobesa Norma Morandini son habitués en las sesiones especiales de la oposición en el campo por la crisis rural.
Con el Congreso excluido del debate por las retenciones móviles, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el socialismo sellaron un acuerdo para impulsar una catarata de sesiones especiales en la Cámara de Diputados hasta que se resuelva la crisis con el campo.

La oposición considera que el Parlamento debería ser el ámbito natural de discusión del esquema de retenciones, un impuesto que confisca cerca de 45% de las ganancias a los exportadores agrícolas. Pero la hegemónica mayoría con que cuenta el oficialista Frente para la Victoria en el recinto les impide a radicales, macristas y diputados de la CC reunir el quórum necesario de 129 legisladores para poder sesionar.

Las últimas dos semanas, los partidos políticos de la oposición impulsaron sesiones especiales en la Cámara baja y hasta en el Senado. El escenario fue tétrico: desde falta de calefacción en el recinto hasta una presencia mínima de legisladores opositores, ninguno kirchnerista, lo que reflejaba la parálisis institucional del Poder Legislativo.

Sin embargo, Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO), Adrián Pérez ( Coalición Cívica) y el socialismo acordaron esta semana seguir convocando sesiones especiales en minoría hasta que el gobierno nacional y el campo retomen el diálogo o se llegue a un acuerdo frente al paro agropecuario.

El kirchnerismo ya empieza a mostrar fisuras dentro de sus propias filas, reflejadas en las críticas del gobernador cordobés Juan Schiaretti y de su antecesor, José Manuel de la Sota, así como la renuncia de Jorge Busti al PJ de Entre Ríos y el apoyo del senador santafesino Carlos Reutemann a los piquetes rurales en su provincia.Y la oposición está dispuestaa hacerle pagar a la Casa Rosada el costo político de la prohibición de debate legislativo incluso entre sus propios diputados y senadores.

  • Embestida

    Ayer, los principales referentes de la oposición en el Congreso embistieron contra el gobierno nacional por la crisis del campo, y apuntaron sus críticas tanto a Cristina de Kirchner como a Néstor Kirchner. «Sepa, señor ex presidente, si hay violencia en la Argentina será de su exclusiva responsabilidad y la de sus personeros. Es necesario recordarle a este hombre que es al pueblo al que se le deben explicaciones y al que se tiene que contentar», disparó el radical bonaerense Rubén Lanceta, uno de los promotores de la audiencia pública en el Congreso junto a Luciano Miguens ( Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Fernando Gioino (Coninagro).

    Las diputadas socialistas Silvia Augsburguer y Laura Sesma reclamaron a través de un comunicado que «el gobierno nacional debe, en razón de su mayor responsabilidad institucional, convocar a las cuatro entidades del sector agropecuario a la reanudación del diálogo en forma urgente». Los macristas Federico Pinedo y Francisco de Narváez coincidieron en que «el conflicto del campo ya no es sectorial sino de todos los ciudadanos; y los intendentes no van a poder resistir el reclamo de los pobladores. Los jefes comunales están muy preocupados por la situación tensa que se vive en el interior, pero fundamentalmente porque en La Plata no les atienden el teléfono».

    En la sesión especial del miércoles próximo, la oposición volverá a presentar un proyecto de ley que establece como medidas urgentes:

  • Modificación del Código Aduanero para eliminar el artículo que permite que un ministro pueda fijar impuestos por resolución.

  • Creación de un fondo especial con un porcentaje de las retenciones agrarias destinado a compensar el incumplimiento de la Ley de Coparticipación y por lo tanto lo que reciben las provincias.
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