"La modificación de las salidas transitorias es una política regresiva y demagógica"

La violación y posterior femicidio de la joven Micaela García volvió a poner a la justicia en el centro de la polémica. Sebastián Wagner, uno de los dos acusados por el crimen, gozaba de libertad condicional pese a estar condenado por dos casos de abuso sexual, el fallo que le otorgó ese beneficio fue dictado por el juez Carlos Rossi quien hizo caso omiso a informes del Servicio Penitenciario Federal que recomendaban no liberarlo.

Luego de los hechos, el Gobierno reactivó en el Congreso la modificación de la Ley 24.660 buscando acotar las salidas transitorias de las cárceles, lo que generó protestas de internos en diversos penales. Para analizar la cuestión, ámbito.com entrevistó a Ariel Larroude, abogado especialista en Seguridad Pública, exfuncionario del Ministerio de Seguridad y director general del Observatorio de Política Criminal.

Periodista: ¿Cómo analiza las modificaciones en el régimen de salidas transitorias?

Ariel Larroude: Hay una confusión general. Uno suele pensar que la cárcel está llena de delincuentes peligrosos, como pueden ser los homicidas o los violadores. En realidad, la mayoría de los presos están recluidos por delitos contra la propiedad; representan casi un 85% de la población carcelaria. Muchas veces generar políticas espasmódicas de represión al delito ante casos resonantes como el de Micaela terminan siendo contraproducentes con la mayor cantidad de delitos que tenés que prevenir, como son los de calle o aquellos contra la propiedad. Todo esto lleva a propuestas demagógicas como la modificación del artículo 6 de la Ley 26.440. Medidas como estas cambian el pilar básico de la Ley de Ejecución Penal que es que la gente vuelva a reinsertarse en la sociedad. No es una política criminal reprimir a un violador, quien está motivado por impulsos internos que le escapan al alcance del Derecho. La violencia de género es un tema complejo que excede a nuestro campo y, para prevenirla, deben entrar en acción múltiples factores como así también todos los actores de la sociedad. Estas medidas solo generan una suerte de esperanza social que en el día a día no tendrán beneficios.

P.: El tema generó protestas por parte de presidiarios en diversas cárceles...

A.L.: Es lógico. Si a una persona que está encarcelada le das por muerta la posibilidad de reinsertarse, no tiene motivación para reacomodarse en un régimen estructural dentro de la prisión, por eso estas modificaciones van en contra del espíritu mismo de la ley y de los pactos internacionales a los que Argentina suscribe. El Estado está enfocando una política que más allá de ser regresiva no da en la tecla sobre el problema criminal. Hay que plantear qué se hace con los índices de violencia y delito, que siguen siendo altos; en cambio, los de homicidios son muy bajos comparados con otros países de la región como Brasil o Colombia. Están poniendo el énfasis en una cuestión netamente mediática que debe ser atendida pero que el derecho penal no es la herramienta para resolverla.

P.: ¿Cómo considera que se desempeñó el juez Rossi?

A.L.: Hay una cantidad minúscula de jueces que está capacitados para llevar adelante un estudio pormenorizado de una ejecución penal propiamente dicha. No es por falta de capacidad de los magistrados solamente, sino por falta de cantidad de jueces. En la Ciudad hay 3 jueces de ejecución penal para todas las cárceles federales de Buenos Aires (Marcos Paz, Devoto, Sierra Chica) entonces cada tanto escapa una resolución que no está acorde a lo que la sociedad pide. Más allá de eso, un juez de ejecución, para casos como el de Wagner, debería tener una mirada mucho más precisa y el caso bien estudiado en particular. No es lo mismo dejar en libertad a una persona que cometió una violación, sobre todo cuando los diagnósticos del Servicio Penitenciario dieron negativos, que a un pibe que se robó un sándwich en una esquina.

P.: ¿Hay que entender que se trata de un problema sistémico y no personal?

A.L.: Totalmente. Hay una falla del sistema en relación a la cantidad de legajos que tienen los jueces y la cantidad de magistrados. Es inversamente proporcional. Tiene que haber un programa amplio donde se discuta las raíces del conflicto; hay que ponerse el equipo al hombro y no venderle pescado podrido a la gente. Que un juez diga que puede prevenir una futura violación, solamente lo puede hacer en tanto y en cuanto neutralice a la persona que está encarcelada, es decir, que no salga más. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Servicio Penitenciario, Rossi se compró un problema. Algo se debe hacer con gente como Wagner, pero no es el delito penal quien va a aportar la solución, de eso estoy convencido.

P.: ¿Cómo analizan desde el Observatorio las coberturas mediáticas de casos como el de Micaela?

A.L.: Hay un dato objetivo: matan a una chica cada 18 horas. Eso tiene que ver con un problema cultural. El enfoque de los medios tiene aristas positivas, como poner en relieve una problemática que es que a las mujeres las matan; la arista negativa es la de diferenciar los casos según la raigamen social de la víctima. La violencia machista tiene una cuestión que se dirime por estamentos sociales. La diferencia entre una chica de clase baja y una de clase media, es que la segunda tiene los recursos para salir de esa situación mucho más rápido que la primera. En los sectores más vulnerables la violencia se sufre mucho más. Lo negativo, mediáticamente, es que muchas veces se hace foco en la víctima, en la violencia per se, y no en el problema cultural.

P.: ¿Qué papel juega la Policía en la problemática de la violencia de género?

A.L.: Las violaciones o la violencia de género no constituyen un delito de calle, suelen suceder intramuros, no es un escenario que un policía pueda prevenir. En cambio, desde el Estado se puede concientizar: crear refugios para las mujeres golpeadas, hablar mucho desde los medios y las redes sociales, me parece que ese es el rol más digno que puede tener el Estado que, además, debe procurar que estos casos se resuelvan con mayor celeridad.

P.: Entre 2011 y 2014 trabajaste como asesor del Ministerio de Seguridad ¿Qué balance hacés del desempeño de esta cartera en la actualidad?

A.L.: Del Gobierno destaco que exterioriza lo que pretende, incluso en materia de política criminal con el Ministerio a la cabeza. Su pretensión es disciplinar la protesta social ante escenarios económicos adversos, sobretodo en la Ciudad y en la Provincia que son los lugares más conflictivos o más visiblemente conflictivos del país. Por eso se nutre a las fuerzas de seguridad de mayor equipamiento. No creo que se apunte a otro tipo de política que no sea la de aggiornar su movida económica a lo que desea en la calle. Cuando actúa la fuerza se acaba la palabra.

Observatorio de Política Criminal: http://www.observatoriodepoliticacriminal.com/