La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca unificar criterios y establecer estándares comunes para el diseño e implementación de políticas de ética y transparencia en los organismos de la administración nacional.
La Oficina Anticorrupción aprobó la Guía para Programas de Integridad en el sector público nacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) aprobó la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional”, elaborada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad.
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La resolución 12/2025, firmada por el titular de la OA, Alejandro Erasmo Guillermo Melik, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y establece que la guía será difundida entre las jurisdicciones y organismos de la administración pública nacional a través de la Red de Enlaces de Integridad, creada en 2019.
El documento propone lineamientos comunes para fortalecer la ética y la transparencia, con herramientas de gestión de riesgos, control de conflictos de interés, mecanismos de denuncias y participación ciudadana, así como pautas para monitorear y evaluar los avances.
Según la resolución, si bien la guía está dirigida al sector público nacional, se promoverá su difusión a nivel federal con el fin de aportar herramientas prácticas a las provincias y municipios para la implementación de políticas de integridad.
La Guía establece que todo Programa de Integridad debe partir de un diagnóstico inicial y un análisis de riesgos específicos de cada organismo, seguido por la elaboración, implementación y monitoreo de medidas orientadas a fortalecer la ética y la transparencia. El rol de las máximas autoridades resulta clave para fijar el “tono de la dirección” y garantizar el respaldo institucional a las políticas de integridad.
Entre sus contenidos principales se incluyen la elaboración de un código de ética, acciones vinculadas a la transparencia activa, mecanismos para la detección y gestión de conflictos de interés, cumplimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales, control de obsequios y viajes financiados por terceros, registro de audiencias de gestión de intereses y medidas para reforzar la integridad en contrataciones públicas.
La guía también promueve la participación ciudadana e interinstitucional, la creación de espacios de diálogo y la asignación de responsabilidades específicas en materia de integridad dentro de cada organismo. Además, plantea la necesidad de contar con sistemas de monitoreo y evaluación permanentes, capaces de medir avances, detectar desvíos y asegurar la mejora continua en la implementación de políticas públicas de transparencia.
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