Las autoridades de la Procuración General expusieron en el Congreso sobre las limitaciones que enfrenta el Ministerio Público y reclamaron reformas para fortalecer la investigación del delito y acelerar los procesos judiciales.
La labor de los fiscales fue el eje de la principal actividad legislativa de la jornada.
La Justicia viene siendo uno de los ejes de la política en el último semestre. A las investigaciones judiciales que involucran a funcionarios del oficialismo y la oposición se le suma la aprobación de un centenar de pliegos en el Congreso, que ahora recibió al titular de la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal, para que informe sobre el estado de situación del organismo que coordina la tarea de los fiscales.
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En la Bicameral encargada de controlar al Ministerio Público de la Nación, el procurador remarcó las limitaciones que les representa en su tarea de investigación el fallo Levinas, que en el 2024 determinó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el tribunal superior local encargado de revisar las sentencias de la Justicia Nacional civil, comercial, laboral y penal, antes de poder llegar a la Corte Suprema.
"Se le pidió a la Corte que, hasta tanto se pudiera sancionar una legislación que se adecuara a las dificultades, momentáneamente el Tribunal suspendiera los efectos de esa sentencia", detalló Casal, aunque admitió que "la Corte respondió que no correspondía modificar una doctrina jurisprudedencial". "Las Cámaras de Apelaciones venían resistiéndose a esa doctrina, hasta que la ley de 'Modernización Laboral' -en su artículo 90°- ratifica un convenio celebrado entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires en función de la cual se reconocía la doctrina de la Corte", continuó.
A su vez, remarcó que le propuso a Casa Rosada "una solución": "El dictado de un DNU destinado a una norma que nos dé cobertura y nos habilite a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia, hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de justicia ordinaria. Está en manos del Poder Ejecutivo". "Solucionaría muchas situaciones de conflictos, planteos, defensas, de pretensas nulidades y agilizaría los tiempos", explicó el procurador.
En la jornada, en la que también se reunió la Bicameral del Sistema de Inteligencia con un ceñido hermetismo, el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, subrayó que desde el organismo se fijaron "los lineamientos de la política criminal": "cooperación internacional", "especialización", "investigación financiera", "ataque a los altos eslabones de las cadenas" y "el recupero de los activos para desempoderar patrimonialmente a las bandas".
"Los delitos requieren una especialización y no se pueden distribuir en todos los fiscales, así que se generaron fiscalías especializadas desde la estructura central", planteó Olima Espel, quien aseguró que se institucionalizó el circuito de transmisión de datos con la SIDE: "Hay una trazabilidad de la información desde que llega a la SIDE, entra al Ministerio Público, se le da al fiscal y esa información se judicializa y tiene número de causa".
Además, intervino en la reunión el secretario de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas, quien sostuvo la necesidad de "un refuerzo presupuestario, por la pérdida del poder adquisitivo", en torno al 47% en términos reales en los últimos dos años. A ello, requirió "que haya un traspaso del personal de los juzgados a las fiscalías", "teniendo en cuenta que los juzgados no van a investigar más".
Durante la jornada, Casavanos también se refirió a la problemática de saturación judicial que provoca la "desfederalización de narcotráfico". En ese marco, ejemplificó lo que sucede en la provincia de Mendoza, en donde "tuvimos que reforzar mucho más porque en un período muy corto, de agosto del 2024 hasta hace un mes, entraron casi 10.000 causas. A esas las abordamos con 11 fiscales de toda la jurisdición de Cuyo y con un personal de 147 personas", mientras que el Poder Judicial en Mendoza tiene 680 personas que no intervienen en la investigación.
El comentario tiene correlato con un debate que se abrió el pasado 1° de julio en la Comisión de Legislación Penal, cuando las diputadas Agustina Propato (Unión por la Patria) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas) presentaron propuestas sobre el tratamiento que le corresponde a los delitos a la ley de estupefacientes. La falta de acuerdo se continuará dirimiendo en siguientes reuniones informativas, según apuntaron a este medio desde la presidencia de la Comisión de Legislación Penal.
La bonaerense Propato apuntó que el 80% de los casos vinculados a narcotráfico de menor escala (por comercialización o tenencia) terminan siendo archivados en el distrito que representa, y sostuvo que "a partir de la provincialización, aumenta la persecución penal al narcomenudeo y se achica sensiblemente los que llegan a la jurisdicción federal. Es evidente que se obstruye a la posibilidad de seguir los lineamientos para investigar lo que quedó reservado para el interés federal".
A su turno, la santafesina Scaglia -quien ocupó el rol de vicegobernadora hasta el 10 de diciembre pasado- reconoció que su proyecto iba "en sentido contrario" al de Propato. "Tenemos que ampliar las desfederalización y las provincias tenemos que tener más competencias", postuló y aseguró que "hay muchos casos que no terminan resolviéndose porque hay un especie de limbo sobre si le corresponde al fuero federal o al provincial". "El narcotráfico tiene una caractéristica barrial, local y que tiene que ver con el narcomenudeo; que no tiene raíces en organizaciones internacionales pero que es muy violenta", añadió.