La medida ingresó al Congreso para debatirla en las sesiones extraordinarias. El oficialismo pretende aprobarla antes de que termine el año.
La reforma laboral suprime una normativa sobre el teletrabajo.
El gobierno de Javier Milei incluyó dentro de su proyecto de reforma laboral una medida que modifica de raíz el esquema legal del trabajo remoto. El texto enviado al Congreso estableció la derogación total de la Ley 27.555, es decir, la normativa que reguló el teletrabajo desde su sanción durante la pandemia.
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El Título XXVI del proyecto dispuso que la ley que fijó criterios para el home office quedara sin efecto, junto con todas sus modificaciones posteriores.
La propuesta oficial planteó que, en adelante, las tareas desarrolladas fuera de los establecimientos físicos se rijan por la nueva Ley de Contrato de Trabajo surgida de esta reforma y por acuerdos directos entre empleadores y trabajadores.
La decisión del Gobierno implicó que desaparezcan las figuras específicas que hasta ahora regían para quienes desempeñaban tareas remotas. Entre los puntos que dejarán de existir se encuentran el derecho a la desconexión digital, la reversibilidad para volver al esquema presencial y las reglas sobre provisión de equipamiento o compensación por el uso de herramientas propias.
La normativa derogada se había aprobado en un contexto excepcional, cuando la pandemia obligó a miles de empresas a reorganizar sus equipos y trasladar gran parte de sus operaciones al trabajo a distancia. En ese escenario, el Congreso definió un marco regulatorio con el objetivo declarado de preservar derechos laborales durante un cambio abrupto en la modalidad productiva.
La eliminación del régimen vigente dejó expuesto un contraste con las declaraciones públicas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró días atrás que la reforma “no quitaría derechos”.
El proyecto difundido por el Ejecutivo incluyó, sin embargo, la supresión de beneficios que regían exclusivamente para la modalidad remota, lo que abrió un nuevo foco de tensión con el sindicalismo y sectores de la oposición.
Según confirmaron fuentes oficiales, la intención del Gobierno es reemplazar la actual estructura normativa por un modelo “flexible”, basado en convenios celebrados entre empleadores y trabajadores, y sin exigencias predeterminadas para quienes desempeñen tareas desde sus hogares.
El proyecto busca, entre otros objetivos, flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga. Entre las claves de la reforma que busca llevar adelante el Gobierno, se pueden enumerar las siguientes:
Cambio en el cálculo de indemnizaciones. Ya no se incluirían conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios al calcular indemnizaciones, lo que tiende a reducir su monto.
A su vez, sostiene que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin derecho a indemnización. Así, el empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de una vez utilizando el período de prueba.
Modificaciones a la jornada laboral. El proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
Sindicato y retención de cuotas. Las empresas dejarían de retener automáticamente cuotas sindicales; esto solo podría ocurrir con autorización del trabajador.
Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Más actividades serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
Beneficios fiscales a empresas. Incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.
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