Semanas de concesiones: mientras Javier Milei endurece su discurso, sus legisladores ceden para sacar leyes

Mientras el Gobierno se muestra intransigente, en el Congreso sus principales caballitos de batalla sufrieron modificaciones sustanciales para conseguir los votos de los aliados. El rol del bullrichismo detrás de las negociaciones que dejaron atrás el espíritu de leyes clave.

Milei se muestra intransigente pero sus legisladores negocian.

Mariano Fuchila

Mientras desde lo discursivo el gobierno de Javier Milei se las ingenia para comunicar que no cede un ápice frente a la oposición, en la práctica, La Libertad Avanza hace muchas más concesiones. En las últimas semanas, sus principales caballitos de batalla en el Congreso sufrieron modificaciones sustanciales para hacerse de los votos de los bloques aliados. La reforma a la ley de Salud Mental, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la de Malvinas dejaron en el camino ejes centrales. La nueva Carta Orgánica del Banco Central tampoco corrió mejor suerte en un ítem clave.

El primer ejemplo que demuestra las contradicciones entre lo discursivo y lo hechos se vio con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto, cuyo espíritu malvinero sorprendió a propios y ajenos por ser un tema que no estaba en la agenda libertaria, se fue deshilachando en el camino. Ya sea por las presiones de la Casa Blanca y las empresas estadounidenses –que desmintió el asesor presidencial Santiago Caputo– o por presiones de los aliados, el universo de empresas sancionadas por ser proveedoras o accionistas de compañías que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina se vio acotado. También se redujeron las penas de prisión para quienes las incumplan.

Tal cual contó Ámbito, durante el plenario de comisiones que se celebró esta semana, los libertarios aceptaron ceder en varios puntos, de lo contrario, no reuniría las firmas para dictaminar. Por caso, en el texto final se delimitó que las sanciones a extranjeros ocurrirán en los espacios circundantes a Malvinas -y ya no en todos los "espacios marítimos e insulares"- y se acotó a la "provisión de bienes o servicios esenciales" y ya no a todas "operaciones económicas". Además, se eximió de las condenas a accionistas minoritarios, con participación de hasta 2%; se redujeron las condenas de prisión, salvo en los casos vinculados a hidrocarburos.

La ley de Malvinas y la de Salud Mental, impulsadas por la Rosada, sufrieron cambios esenciales.

PRESIDENCIA DE LA NACION

Pero además, sufrió cambios un artículo decisivo y que poco tenía que ver con Malvinas. El proyecto enviado desde la Casa Rosada contemplaba penas de cinco a 12 años de prisión para quienes desarrollaran campañas de “desinformación masiva” destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública y que hayan sido impulsadas bajo financiamiento o instrucciones de un Estado extranjero.

El texto dictaminado, en tanto, no solo elimina el concepto de “desinformación masiva” que, según fue interpretado, atentaba contra la libertad de expresión por “campaña de injerencia extranjera”. Sino que, además, se exige que existan actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, además del ocultamiento del vínculo con un agente extranjero.

Por otra parte, en el dictamen se especifica que no constituyen ese delito “el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica”. También se excluye a la actividad diplomática; la expresión pública de opiniones de Estados extranjeros o la representación abierta de intereses.

La semana previa, en la Cámara de Diputados, el oficialismo ya había cedido en un tema clave. A contramano del espíritu original de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, La Libertad Avanza reincorporó un capítulo de la ley de Tierras. Pero, en lugar de plantear su derogación, como decía la versión original del proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, se restableció. Y, de paso, se dejó sin efecto el artículo del DNU 70/23 que también derogaba la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Eso, más que una concesión, fue una contradicción que el peronismo no les dejó pasar. Sobraron las chicanas durante la sesión.

En esa sesión, también se aprobó una ley que, palabras más, palabras menos, convierte en una política de Estado la Emergencia en Discapacidad impulsada por la oposición que Milei vetó e intentó desmantelar en el Presupuesto 2027.

También en Diputados, esta semana, las comisiones de Finanzas y de Presupuesto debieron enterrar un ítem clave de la versión original de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por Milei, y que buscaba blindar a Santiago Bausili al frente de esa entidad más allá de su mandato presidencial.

En concreto, en el texto final se redujo la mayoría para remover al directorio del BCRA establecida en la versión original y, además, se excluyó a la Cámara de Diputados de ese trámite, como aspiraba el mileísmo en un primer momento. En otras palabras, se impuso la versión del Senado que había sido avalada por el PJ, motivo por el que a LLA, en Diputados, se le volvió imposible insistir con la versión original. Jamás reunirían los dos tercios en el recinto.

Para no ver naufragar la reforma a la ley de Salud Mental, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich debió hacer concesiones para nada menores. El texto enviado por el Poder Ejecutivo -y que generó fuerte polémica- buscaba eliminar la prohibición de la apertura de manicomios. El texto votado –que deberá ser tratado en Diputados– no modifica esa prohibición. Una vez más, el espíritu de la ley quedó en el camino aún cuando el proyecto tardó cerca de seis meses en llegar al recinto y las negociaciones entre Bullrich y los aliados se extendieron hasta entrada la sesión.

Congreso: el rol del bullrichismo

Bullrich no solo cedió ante los aliados durante el debate de la ley de Salud Mental a cambio de los votos. Ella misma negoció los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central que deberán ser ratificados en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Las bullrichistas Giudici y Rodríguez Machado llevan adelante las negociaciones con los aliados.

Sino que, precisamente en la Cámara de Diputados, los bullrichistas fueron protagonistas de las negociaciones que podaron las versiones originales. La cordobesa Laura Rodríguez Machado fue quien se cargó al hombro la ley de Discapacidad y logró que el texto fuera aprobado en el recinto de manera casi unánime.

En tanto, Silvana Giudici negoció mano a mano con la Rosada los cambios de la ley de Malvinas que habían sido pedidos por los aliados y fue el bullrichista Damián Arabia quien defendió, a viva voz, las modificaciones durante el debate en comisión.

De esta manera, Bullrich no solo se diferencia desde lo discursivo. Sino también, en la práctica. Cede y negocia a cambio de votos. Aunque, muchas veces, el resultado no sean más que cáscaras vacías.