La normativa reemplaza al esquema vigente desde 1983. Los cambios apuntan a estructura, las competencias y el funcionamiento.
La Rioja modificó su Justicia Electoral.
La Rioja puso en marcha una profunda reforma de su Justicia Electoral con la entrada en vigencia de la ley 10.898, promulgada el martes 18 de agosto mediante el Decreto 1.278. La normativa reemplazó el esquema vigente desde 1983 y reorganizó los organismos encargados de intervenir en los procesos electorales de la provincia.
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La modificación no introdujo cambios en la manera en que los ciudadanos emitirán su voto, sino que se concentró en la estructura, las competencias y el funcionamiento de la Justicia Electoral riojana. El objetivo fue avanzar hacia un sistema permanente y especializado, además de agilizar la resolución de las causas vinculadas con los comicios.
Uno de los principales cambios fue la creación del cargo de juez electoral provincial permanente, cuya designación quedará sujeta a las disposiciones de la Constitución Provincial y a la intervención del Consejo de la Magistratura.
El magistrado tendrá un mandato de diez años y percibirá una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara. Además, dispondrá de una secretaría propia, con requisitos y jerarquía equiparables a los existentes dentro de la Función Judicial.
La reforma buscó de esta manera reemplazar el carácter transitorio que tenía hasta ahora la función electoral, que dependía de otros juzgados, por una estructura estable destinada exclusivamente a esta materia.
Según consignó Nueva Rioja, la Ley N° 10.898 determinó que el Tribunal Electoral estará integrado por tres miembros: un representante del Tribunal Superior de Justicia, que ejercerá la presidencia; un juez de Cámara; y un integrante del Ministerio Público de la Defensa.
La incorporación de la Defensa Pública constituyó otra de las novedades de la reforma. Los integrantes serán elegidos mediante sorteo y permanecerán cuatro años en sus funciones, frente a los dos años previstos por el régimen anterior.
La normativa también estableció una condición para reforzar la independencia del organismo: quienes integren el Tribunal no podrán haber ocupado cargos partidarios durante los cuatro años anteriores a su designación.
A su vez, el Tribunal Electoral tendrá autarquía financiera y podrá elevar ante la Función Legislativa su propia propuesta de presupuesto de gastos. Con esta disposición, la reforma apuntó a otorgarle una mayor autonomía para administrar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Otro de los puntos centrales fue la delimitación de las atribuciones entre el Tribunal Electoral y el nuevo Juzgado Electoral, con una estructura que funcionará bajo una lógica de primera y segunda instancia.
El Tribunal tendrá a su cargo la organización de los procesos electorales, la oficialización de las listas, el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos.
Por su parte, el Juzgado concentrará las competencias correspondientes a la primera instancia y asumirá nuevas responsabilidades vinculadas directamente con la actividad de las fuerzas políticas.
Entre ellas aparece el control y la fiscalización patrimonial de los partidos políticos. También intervendrá sobre los registros de afiliados, las denominaciones y símbolos partidarios y los procedimientos internos de las distintas organizaciones.
De esta forma, la reforma amplió la capacidad de supervisión de la Justicia Electoral sobre el funcionamiento administrativo, institucional y patrimonial de los partidos políticos de La Rioja.
La nueva legislación dispuso además que la tramitación electrónica será obligatoria para todos los expedientes electorales, en línea con el marco provincial vigente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
La digitalización buscará agilizar los procedimientos y garantizar una mayor trazabilidad de las actuaciones, especialmente ante los reducidos plazos que caracterizan a las causas electorales.
En ese sentido, el juez electoral contará con un máximo de cinco días para dictar sentencia, mientras que el Tribunal Electoral dispondrá de diez días para resolver los asuntos sometidos a su consideración.
Si esos períodos vencen sin una resolución, se producirá la pérdida automática de jurisdicción y el expediente pasará al subrogante correspondiente. La disposición pretende impedir que una demora judicial pueda interferir con el calendario o el normal desarrollo de una elección.
La Ley N° 10.898 también creó un Registro Provincial de Electores, cuya administración quedará bajo responsabilidad del Tribunal Electoral.
Su implementación será progresiva. Durante el período de transición y mientras avance la coordinación con la Justicia Federal, la provincia continuará utilizando el padrón nacional para desarrollar sus elecciones.
La puesta en vigencia de la reforma coincidió con los preparativos para el próximo ciclo electoral de La Rioja, que tendrá por primera vez en más de cuatro décadas una estructura judicial diferente para administrar los comicios.
El desafío inmediato será poner en funcionamiento toda la nueva arquitectura electoral, lo que incluye la designación del juez permanente, la conformación del Tribunal, la definición de su presupuesto, la implementación de los expedientes electrónicos y el desarrollo progresivo del padrón provincial.