22 de mayo 2007 - 00:00

Lavado: declararían al país "no confiable"

Un plenario de comisiones del Senado emitirá hoy el dictamen del proyecto que incorpora al Código Penal el delito de «asociación ilícita con fines terroristas» y castiga también el financiamiento de estas organizaciones. La iniciativa es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máximo organismo mundial de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que el gobierno de Néstor Kirchner cumplirá ahora, después de haber sido intimado nuevamente en febrero de este año. Si el Congreso no aprueba la ley antes de junio -al menos en una de sus cámaras-, el GAFI podría aplicar sanciones que van desde comunicar a sus países miembros que las operaciones financieras originadas en el país pueden no ser confiables hasta expulsar a la Argentina del organismo.

El plazo para que el país avance en la materia vence el 3 de junio, cuando el GAFI tenga su segunda reunión anual.

Hace dos semanas, durante una reunión de comisiones convocada para debatir la ley antiterrorista, Juan Félix Marteau, delegado argentino ante el GAFI, les explicó a los senadores el riesgo de no adoptar las recomendaciones de ese organismo en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo. Lo escucharon sólo cuatro senadores.

Marteau anunció allí que se había dado un ultimátum al país: antes de junio se debería tener aprobada una ley que castigue el financiamiento del terrorismo como delito autónomo. Las sanciones al incumplimiento podrían ser dos: una notificación del GAFI al resto de los países miembros para que observen todas las operaciones generadas desde la Argentina o directamente la expulsión del organismo, lo que supone pasar a engrosar la lista de países poco confiables.

  • Urgencia

  • La preocupación en el gobierno es fuerte. De hecho, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, tuvo que enviarle una nota a Vilma Ibarra, presidenta de la Comisión de Asuntos Penales, para que acelerara el tratamiento de ese proyecto que dormía en el Senado desde diciembre pasado. Esa demora parece lógica atendiendo el tema: pocos kirchneristas quisieron profundizar en un proyecto que algunos juristas criticaron por considerar que podrían castigarse hasta manifestaciones de piqueteros al tipificar el accionar terrorista. Pero lo cierto es que la ley exige para ingresar en el tipo penal que ese accionar esté organizado en redes internacionales, lo que elimina de la lista a los revoltosos locales. De todas formas, esa discusión ya había evitado que se sancionara el financiamiento del terrorismo hace dos años, cuando el Congreso aprobó el levantamiento del secreto bancario y bursátil para investigaciones sobre lavado de dinero, también por exigencia del GAFI.

    Hoy, un plenario de las comisionesde Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico, y Economía Nacional e Inversión debatirá el proyecto y emitirá el dictamen.

    La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado. Propone incorporar en el Código Penal la figura de «asociación ilícita terrorista» y el delito de financiamiento del terrorismo.

    «La asociación ilícita terrorista se define en el proyecto como aquella que tenga por objetivo aterrorizar a la población para lograr que las autoridades tomen una determinada decisión, y que a su vez esté organizada en redes terroristas internacionales. También debe tener por propósito promover el odio religioso, racial o político, y tener armas de guerra, explosivas o químicas», explicó ayer Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

    «El proyecto está en línea con la visión occidental -especialmente con la de Estados Unidos- pues se castiga el estadio anterior a la comisión del delito, es decir, apunta a la prevención del acto terrorista», dijo la senadora.

    Las penas para los miembros de asociaciones ilícitas serán: reclusión o prisión de cinco a veinte años, y para los jefes, un mínimo de diez años de reclusión o prisión. Además, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, «el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados... para financiar una asociación ilícita terrorista».

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