Ley de Medios: Gobierno volvió a pedir que se aparten jueces

Julio Alak.

El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó este miércoles que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender "más allá del 7 de diciembre" la medida cautelar, que permite al grupo Clarín no cumplir plenamente con la ley de servicios de comunicación audiovisual, implicaría "un alzamiento contra una ley de la Nación y generaría un conflicto de poderes".

"La ley en 48 horas estará en estado de plena aplicación. La posibilidad de que la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial pretenda extender la cautelar más allá del 7 de sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte, y una burla a la voluntad popular, y generaría un conflicto de poderes", dijo Alak en una rueda de prensa en el ministerio de Justicia.

Agregó que "no puede alzarse la cámara contra el Poder Ejecutivo prorrogando una medida cautelar sin lógica jurídica ni política".

La Corte Suprema en su fallo del 22 de mayo del 2012 estableció el 7 de diciembre cómo último día para la cautelar, que marcará el inicio de la aplicación plena de la Ley de Medios.

El ministro afirmó que el Estado "sufrió una denegación de justicia porque la causa que inició el Grupo Clarín fue tomada por un fuero (el Civil y Comercial) que no es competente", y recordó que la ley la votó el Poder Legislativo y se sancionó hace 3 años y 58 días, sin que aún se haya podido aplicar plenamente por las "chicanas judiciales" de Clarín.

"El fuero competente es el Contencioso Administrativo, porque es así cuando el Estado es parte, pero el Grupo Clarín buscó este fuero que se basa en cuestiones del sistema privado. Esta es la primera irregularidad que encontró el estado Argentino".

Recordó en este marco que la medida cautelar para Clarín la dictó un juez de ese fuero Civil y Comercial "13 días antes de su jubilación", en referencia al juez Edmundo Carbone, e incluso señaló que ese mismo juez regresó un año después de su jubilación permitiendo acciones dilatorias de Clarín.

Incluso, mencionó que en clara violación de la ley de subrogancias, primero con el regreso de Carbone, se designó luego al juez jubilado Raúl Tettamanti para dictar sentencia respecto a la cautelar de Clarín.

Alak, que estuvo acompañado del representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Hernán Ordiales y del senador oficialista Marcelo Fuentes, lamentó que "recién hace dos meses el Estado argentino tiene un juez natural (Horacio Alfonso), designado respetando la ley de subrogancias, para decidir en cuanto a la causa de fondo presentada por Clarín, que plantea la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de Medios.

El ministro denunció asimismo que el gobierno "ha advertido en las últimas 48 horas extrañas resoluciones de la Cámara Civil y Comercial", que "no tuvieron en cuenta las recusaciones de jueces presentadas por el Estado", y afirmaron que se trata de un caso "alarmante" porque "ni se preocupó el fuero en investigar si la denuncia del Estado era real".
Alak se refería a la decisión de la Cámara de haber desestimado ayer la recusación presentada por el Estado nacional en relación a los camaristas Francisco de las Carreras y Graciela Medina, por sus vínculos con el grupo Clarín.

En el caso de Medina, la recusación se basa en que el marido de la magistrada, Julio César Rivera, posee entre sus principales clientes a la empresa Cablevisión; mientras que De las Carreras está siendo investigado penalmente por su participación de un Congreso en Miami, organizado y financiado por Certal, una organización que integra Cablevisión, del grupo Clarín.

Al respecto, el consejero Ordiales señaló que "estas razones son claramente motivo de recusación", y consideró que "ante ellas el juez debería apartarse porque está en riesgo su imparcialidad para dictar sentencia".


Alak denunció que con este contexto, "el Estado no tiene la garantía constitucional de independencia e imparcialidad de los jueces", e informó que por ese motivo el Estado nacional presentó esta mañana un pedido de "revocación y nulidad" contra la resolución de la Cámara.

El funcionario sostuvo que las resoluciones de la Cámara Civil y Comercial fueron adoptadas con gran velocidad, y manifestó que por ese motivo "son pasibles de ser recurridas por revocatoria y por nulidad".

Al mismo tiempo, Alak dejó claro que la recusación no es sólo una facultad, sino "una obligación y una responsabilidad como funcionario público de defender al Estado en juicio".

El funcionario aseguró que así como en la primera instancia "se le ha denegado al Estado el derecho a tener un juez natural" que intervenga en la causa iniciada por el Grupo Clarín, ahora es la Cámara Civil y Comercial la que "está denegando la garantía del derecho constitucional a la imparcialidad".

"Consideramos que en primera instancia se le ha denegado al Estado un juez natural y que, ahora, la Cámara le está denegando el derecho constitucional a la imparcialidad", aseveró Alak, al cuestionar la decisión de rechazar las recusaciones planteadas por el Poder Ejecutivo.

El senador Marcelo Fuentes denunció en este marco que hay jueces que están queriendo "gobernar o legislar a través de sus sentencias", y recordó que "las sentencias del Poder Judicial no resuelven las cuestiones del gobierno".

"Si quieren gobernar que creen un partido y que se presenten a elecciones. Es preocupante que sectores conservadores se abroquelen instintivamente, tentados por reemplazar un partido militar por un partido judicial", dijo Fuentes.

Finalmente, Alak recordó que "faltan sólo dos días para el 7 de diciembre", y que "los argentinos, con entusiasmo y expectantes, esperan que se aplique esta ley de la democracia y de la multiplicidad de voces, que ha sido aprobada ampliamente por el Congreso hace 3 años y 58 días", dijo el funcionario.