Uno de los principales puntos de tensión entre los bloques de la ley ómnibus es el apartado que refiere a la privatización. De la lista de 41 empresas que pretendía dejar "sujeta a privatización", sólo se retiró una: YPF, que contó con resistencia de los diputados de provincias hidrocarburíferas e incluso de un sector mayoritario del PRO.
Distinto es el caso de las demás compañías estatales, que podrían ser adquiridas por capital privado. Solo tres podrían operar de forma mixta, ejecutándose una "privatización parcial, debiendo -el Estado- mantener el control de la empresa". Es el caso del Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT, dado que una mayoría de la oposición dialoguista defendió su condición estratégica para el país.
En el plenario de debate de la ley ómnibus, el principal defensor del apartado de privatizaciones del oficialismo fue Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación. Durante su alocución el 9 de enero de este año, aclaró que "la declaración de 'sujeta a privatización' es una habilitación, no una orden, que queda a decisión discrecional del Presidente, la situación económica y el diálogo con el Congreso". Es decir: las empresas serían susceptibles de ser privatizadas para que el Ejecutivo defina a voluntad.
Ley ómnibus: lista de empresas que podrían ser privatizadas
Si bien existe puntos de resistencia dentro de los bloques de oposición dialoguista, que buscan que las privatizaciones de las compañías se voten una por una en ambas cámaras, las 37 empresas que podrían quedar sujetas a privatización total son:
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