El entendimiento de cooperación en actividades petroleras que el gobierno anunció ayer que denunciará, se firmó el 27 de setiembre de 1995 y en realidad nunca estuvo vigente.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Apenas unos días después de que el convenio se firmó en Nueva York, el 5 de octubre del mismo año, el gobierno kelper, con el respaldo de la administración británica, llamó a licitación para la exploración petrolera en aguas adyacentes a Malvinas, y el gobierno argentino ni siquiera fue notificado.
El convenio sirvió para dar alguna seguridad a las petroleras que participarían de la licitación de los kelpers. Esto se confirma porque el entonces canciller Guido Di Tella no objetó la licitación que involucraba una superficie de 44.000 kilómetros cuadrados en el mar al norte de las islas. En ese momento, el gobierno argentino confiaba en la licitación conjunta en la llamada «zona de cooperación», que en realidad incluía aguas en disputa y también aguas que eran indiscutiblemente argentinas. Por otra parte, también impulsó a YPF (ya privatizada pero todavía no controlada por Repsol) a intervenir en la compulsa en una sociedad con British Gas que ya operaba en la Argentina controlando a MetroGas, la más importante distribuidora gasífera del país.
La oferta del consorcio resultó rechazada, y el gobierno de Carlos Menem no tuvo participación en la adjudicación de las áreas, ni tampoco acceso a la información obtenida con la exploración, aun cuando el intercambio de datos estaba previsto en el acuerdo. De hecho la comisión mixta prevista por el acuerdo sólo tuvo algunas reuniones formales hasta 2000.
Sin rentabilidad
Las empresas que intervinieron en la búsqueda de hidrocarburos -entre ellas Amerada Hess, que tendría vinculación económica con los isleños, la británica Desire Petroleum y Falkland Island Oil- no encontraron petróleo económicamente rentable a los precios de esos años (1997 y 1998).
Si lo hubieran hallado y se hubiera llegado a extraerlo, la Argentina igualmente no hubiera podido cobrarles regalías o cánones a las empresas. El entonces senador Eduardo Menem impulsó un proyecto de ley para penalizar a las compañías que no pagaran regalías, pero como no se encontró petróleo no hubo ocasión para el castigo que igualmente sólo hubiera sido efectivo para petroleras que también operaran en la Argentina.
El problema más serio del acuerdo que formó parte de la frustrada política de seducción de Guido Di Tella, es que las adjudicaciones de áreas petroleras constituyen un ejercicio de soberanía, y si son aceptadas por la parte que discute ese derecho, pueden tomarse como precedente.
Dejá tu comentario