Lo que se dijo en Diputados

El abogado de la CGT, Héctor Recalde, y José María Díaz Bancalari conversaron en el recinto sobre el proyecto que convierte en remunerativos a los tickets y vales de comidas en forma gradual.

LOS TICKETS SON SUYOS

(El diputado oficialista Héctor Recalde gozó en la sesión de diputados haciendo escarnio de las empresas que proveen tickets alimentarios y que intentaron sobornarlo para que frenase la ley que les pone límite. Le aguó la fiesta el radical Fernando Chironi, quien le recordó que esos tickets habían sido impuestos por el bloque al que pertenece Recalde y en un anterior gobierno peronista. Sirvió para que hubiera gritos entre bancadas.)

HECTOR RECALDE (PJ, Bs.As.): En la actualidad el registro es libre. Con nuestro gobierno hubo una apertura y hoy son alrededor de veintisiete las empresas que emiten estos tickets canasta. Pero esto no impidió que casi 90 por ciento de la emisión de los tickets se concentre en dos empresas: Accor Argentina SA y Sodexho Pass SA, que en realidad reemplazó a la empresa Luncheon Tickets SA. Además, si bien son veintisiete las empresas emisoras de estos tickets, solamente siete u ocho de las que están anotadas en el registro cumplen con la serie de requisitos que se les exigen. O sea que es muy poca la participación. Hay una tercera empresa, que es una de las autoras de las solicitadas que hoy por la mañana recibieron todos los señores diputados con una carpeta, que resumen la posición de la cámara empresaria. Se trata de la empresa Proms y de otra llamada Acidiácono S.A. Ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico, a las que les queda un aspecto muy residual. Esas tres empresas concentran 99 por ciento del mercado de tickets. Quiero señalar que de acuerdo con los informes de la cámara que nuclea a las empresas emisoras de estos tickets, son aproximadamente un millón y medio de trabajadores los que los percibirían.

Fernando Chironi (UCR, Río Negro): Lo que más llama la atención en la fundamentación de este proyecto es que exista casi una visión conspirativa de la historia respecto de las causas y de las responsabilidades del proceso histórico en función de las cuales se permitió el pago de tickets canasta, se los declaró bienes sociales y no se reconoció su carácter remunerativo. A esta altura de la noche voy a ser absolutamente breve, pero quiero decir, por ejemplo, que el señor diputado preopinante ha hecho una síntesis histórica, con esa gran habilidad que tiene el oficialismo para evadir las responsabilidades de sus momentos históricos, demonizando a quienes sin duda son parte del negocio pero sin haber dicho una sola palabra acerca de quién gobernaba este país entre 1989 y la época en que se sanciona la ley 24.700, o el momento en el que son tratados los decretos de necesidad y urgencia. Lo más llamativo es que el mismo bloque que hoy impulsa la derogación del ticket canasta en cuanto bien social no haya dicho una sola palabra acerca de la responsabilidad que le corresponde por haberlos impuesto en su momento. Por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto. ¿Cómo no vamos a estarlo si nosotros fundamos y aprobamos el dictamen de minoría en el debate parlamentario de la Ley 24.700? Y el bloque que hoy promueve la derogación a través de este proyecto del señor diputado Recalde fue el que apoyó la imposición de los tickets canasta sin concederle sentido remunerativo. Entonces, yo puedo coincidir con el señor diputado Recalde cuando recién decía «qué barbaridad que entre 1990 y 1996 los tickets canasta no aportaban a nada». ¿De qué repollo habrán salido los tickets canasta? ¿Quién gobernaría entre 1990 y 1996? ¿Quién impulsó los decretos y los proyectos de ley que vinieron al Congreso? ¿Qué mayoría los habrá aprobado? Me parece bien que pongamos las cosas en su lugar y por eso tengo la obligación de decir que en los años 90, en ocasión del proyecto de ley que derivó luego en la 24.700, el dictamen de minoría y también el voto de la minoría, en esta Cámara, y por pocos votos, lo firmó la Unión Cívica Radical. Los votos de la mayoría están compuestos por el bloque del oficialismo, algunos de cuyos diputados de entonces hoy son diputados o senadores, y resulta que la van a votar ahora en contra como lo harán en el Senado, o sea que como decía nuestro colega Víctor Fayad un día se tomaron alegremente el tren que iba para un lado y ahora vienen en el otro tren para el otro lado con la misma alegría y con la misma irresponsabilidad. Porque acá es muy bueno ahora echarle la culpa.

(Varios señores diputados hablan a la vez)

Chironi: Echarle la culpa a las empresas financieras que hacen los tickets. Es cierto, pero me pregunto dónde estaba el Estado. Esto es como si echáramos la culpa del delito a los delincuentes.Entonces, la excusa no es el imperio de la flexibilidad laboral. ¿Quién puso en el tapete la flexibilidad laboral en este país, en los hechos y la impuso? ¿Quién gobernaba en los años de los que estamos hablando? (Aplausos.)

HORARIOS A LOS JUECES

(Mucha ironía en el debate del proyecto en el cual se discutió imponerles a los jueces que integran tribunales la obligación de cumplir horario. El proyecto oficialista de Diana Conti, que controla magistrados para el gobierno en el Consejo de la Magistratura, buscó quizás otra herramienta de presión sobre ellos y eso gatilló cruces con la oposición.)

DIANA CONTI (PJ, Bs. As.).: Los jueces de primera instancia y los jueces de tribunales orales o de Cámara cumplen diferentes tareas. Pero en una Justicia democrática todos los magistrados lo son por igual, y si los de primera instancia permanecen en su despacho en el horario judicial, pensamos que también deben hacerlo los de los tribunales colegiados. Muchos jueces se quejan por esta norma. Sin embargo, sabemos que con ella estamos contribuyendo a profundizar una reforma judicial que nos está costando llevar adelante. Se pretende que los magistrados renuncien a los privilegios que tienen, el primero de los cuales es la carga horaria. El horario de Tribunales es exiguo en relación con el de cualquier otro trabajador, incluso los del Legislativo o el Ejecutivo. Además gozan de un mes y medio de vacaciones. Por otra parte, sabemos que muchos magistrados contribuyen de modo valorable en la tarea académica universitaria y secundaria.Pues bien, quienes tengan esa vocación deberán acostumbrarse a dar clase fuera del horario de Tribunales.

Federico Pinedo ( macrista, Cap. Fed.).: Resulta dudoso que nosotros pudiéramos decir a los jueces a qué hora tendrían que estar en sus despachos, como también resultaría dudoso que ellos nos dijeran a qué hora tendríamos que estar aquí. El tema de la división de poderes no es menor.

Entonces, analizar hasta dónde puede un poder meterse en la operación de otro es un asunto delicado. En este caso en particular, se propone que los camaristas vayan a sus despachos a una hora determinada. A pesar de que los argumentos son básicamente que los integrantes de los cuerpos colegiados deberían tener las mismas reglas que los miembros del Poder Judicial en instancias unipersonales, no estamos considerando que los ministros de la Corte Suprema tienen que estar en sus despachos a determinada hora. Si este argumento fuera verdadero, deberíamos obligar a los jueces de la Corte a estar a las 7.30 de la mañana en sus despachos, cosa que no sé por qué no hacemos; aunque, si esto está bien, deberíamos hacerlo. Probablemente los jueces de la Corte nos saquen corriendo, si es verdad lo de la división de poderes y válidas mis dudas iniciales.

Concretamente, estoy tratando de entender cuál es el sentido de la norma que queremos modificar, por la cual se establece que los jueces de primera instancia tienen que estar en horario de tribunales en sus despachos, mientras que los camaristas deben estar en las audiencias y en los días y horas de acuerdo.

Jorge Vanossi (macrista, Cap. Fed.): Hay que aspirar a que todos los funcionarios, de cualquiera de los poderes, estén a su debido tiempo y en su debido lugar. Pero el constituyente de 1994 ha señalado que claramente ha atribuido esto a la Corte para lo suyo y al Consejo de la Magistratura para lo que cae dentro de sus incumbencias, debe respetarse esa adjudicación de facultades. No deberíamos inmiscuirnos en algo que sentaría un precedente que podría ser visto, sentido o sufrido como una incursión que lesiona el principio de independencia del Poder Judicial respecto del poder político.

Nora Guinzburg (macristadisidente, Cap. Fed.).: Verdaderamente no entiendo que se piense que ésta es la forma en que la Justicia va a ser más ágil. Un juez puede estar en su despacho haciendo una tesis de maestría. Esto no quiere decir que yo no considere que un juez no tenga que ir a su despacho, pero que esté allí no significa que necesariamente esté trabajando en las causas del juzgado. Los mecanismos deberían ser otros: hacer control de gestión para ver cuántas causas tiene atrasadas y cuántas resuelve, porque el hecho de que esté en su despacho -aunque tiene que estar- no es una garantía.

Impedirle a un juez que haga una carrera docente me parece aberrante, porque hace a su propia formación para poder aplicar mejor el Derecho. En todo caso habría que pedirle al juez que informe qué días y en qué horario da las clases. Por supuesto, si una clase se le superpone con una audiencia, si es responsable, supongo que la cubrirá un adjunto o un ayudante. No son siempre los jueces los que hacen las inspecciones oculares o los que toman las audiencias de testigos. Entonces, realmente, con que esté en su despacho -donde, repito, tiene que estar- no vamos a asegurar el cumplimiento de la Justicia. Me parece que ésta es una norma que no tiene mayor sentido práctico.