Lo que se dijo en el Congreso

La kirchnerista mendocina Marita Perceval y Daniel Filmus participaron de la sesión, pero no intervinieron en la pelea por la ley de promociones.

QUIEN DARA LOS SUBSIDIOS

El gobierno consiguió aprobar en el Congreso la polémica Ley de Promoción de Inversiones. El debate no fue fácil y se mezclaron las internas del gobierno. Esa norma, conocida como «Ley Lavagna» o «Ley Techint», que se reavivó ni bien volvió el ex ministro al redil justicialista, fue enviada por el gobierno al Congreso fijando a Julio De Vido como autoridad de aplicación para manejar los $ 1.200 millones en promociones fiscales para inversiones e infraestructura para las pymes y las grandes empresas. Los senadores kirchneristas escucharon al radicalismo y a Martín Lousteau. Con cierta lógica creyeron que era mejor derivar ese control a Economía. Estalló luego la ira presidencial y en la Cámara de Diputados se volvió a modificar el proyecto facultando al Poder Ejecutivo a decidir quién manejaría las promociones. El Senado, finalmente, acató y convalidó esta última opción. Fue uno de los cruces más fuertes entre las dos Cámaras de los últimos tiempos. Recordemos lo que se dijo en la última sesión del Senado, antes de la votación.

ROBERTO URQUIA (kirchnerista por Córdoba):En su momento, cuando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se trató el proyecto del Poder Ejecutivo sobre prórroga del régimen de promoción de inversiones, se resolvió la modificación del artículo 13 por considerar que el Ministerio de Economía era la cartera que había ejercido dicha función mientras estuvo vigente el referido régimen. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados hizo un cambio para volver a la versión original del proyecto, que establecía que fuera el Poder Ejecutivo quien designe a la autoridad competente, circunstancia por la cual la iniciativa vuelve al Senado.

Se ha analizado en profundidad el artículo en cuestión a lo largo de la semana pasada y se llegó a la conclusión de que la aplicación del régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura, implica la intervención de diversas áreas, tales como los ministerios de Economía y de Planificación, la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría Pymes de la Nación y, eventualmente, la Agencia de Inversiones dependiente del Poder Ejecutivo.

Debe tenerse en cuenta que es función del Poder Legislativo establecer los incentivos, con todos los parámetros que considere necesario para su correcta aplicación -pero es el Poder Ejecutivo quien debe ejecutar esa política de incentivos definida a través de la ley, para lo cual debe definir los mejores procedimientos-, y cuáles serán las carteras.

Es decir que consideramos que resulta más adecuado que el Poder Ejecutivo designe la autoridad de aplicación, pues de esta forma podrá ejercer esa función a través de una o más carteras fijadas por la Ley de Ministerios. De esta manera, el Ejecutivo nacional evaluará la mejor forma de aplicar, ejecutar y controlar, para que se cumpla eficientemente este mandato legislativo.

Ernesto Sanz (UCRMendoza): Cuando parlamentariamente ocurre una situación como la que hoy tenemos, lo que aquí se discute está muy acotado en el marco del Reglamento. Lo que hay que discutir es si la sanción del Senado es mejor y, en ese caso, insistir. Si la sanción de Diputados se acepta como mejor que la del Senado, finalmente, convertir el proyecto en ley.

En esta cuestión particular la discusión es aún mucho más acotada porque estamos hablando de que entre la sanción del Senado y la de Diputados hay solamente un artículo de diferencia. El texto que nosotros votamos, cuando fue a Diputados, fue modificado solamente en el artículo 13 y aun hasta en la propia redacción hay apenas un párrafo de modificación. En donde nosotros habíamos puesto «Ministerio de Economía y Producción», la Cámara de Diputados colocó « Poder Ejecutivo» como el órgano que tendrá la facultad de designar a la autoridad de aplicación. Así que la discusión es muy concreta, muy sencilla y yo la quiero concretar aún más porque esta es una discusión política, fundamentalmente política. Porque he escuchado recién antecedentes por parte del senador preopinante. He escuchado dictámenes de la Procuración; y es cierto, hay antecedentes en cuanto a la técnica parlamentaria. Ha habido proyectos de promoción, similares a estos en donde se ha dejado, en algunos casos, en blanco lo relativo a la autoridad de aplicación, mientras que en otros casos se ha dejado librada al Poder Ejecutivo esa definición.

En cuanto a los antecedentes, creo que vamos a coincidir con el senador preopinante. No tan claras son las razones jurídicas que uno pudiera tener desde el punto de vista estrictamente jurídico, aunque el meollo de nuestra posición no es jurídico sino político. Pero en lo jurídico, si uno tuviera alguna duda respecto de cualquier ley en el sentido de cuál es la autoridad de aplicación, debería recurrir a la Ley de Ministerios, que es la que rige al Poder Ejecutivo en esta materia. Se trata de la propia Ley de Ministerios, que votamos hace poco, cuando se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Reitero, si hubiera alguna duda, debería recurrirse a esa ley para determinar en qué ámbito o en qué órbita cae la reglamentación de la autoridad de aplicación de una ley que pasa por el Senado. Y en ese caso nos encontraríamos con que la propia Ley de Ministerios establece, en varios de sus artículos -cuestión que fue perfectamente definida en la discusión de Diputados por el diputado Giubergia de nuestro bloque- que todos los artículos que competen al Ministerio de Economía y Producción tienen que ver como autoridad de aplicación de esta ley.

En cuanto a la legitimidad de la forma o de los procedimientos, debo decir que cuando se trató este proyecto en la primera sesión extraordinaria -segunda semana de febrero-, creí ver en 2008 el nacimiento de una nueva manera de proceder y de relacionarse entre los bloques y autoridades de esta Cámara con el propio Poder Ejecutivo. Digo esto, porque el tratamiento de este proyecto fue un ejemplo de participación, de madurez y de consenso, a pesar de que no hubo unanimidad y existieron senadores que, incluso, tuvieron legítimas discrepancias, algunas de ellas atendibles desde la forma, como por ejemplo por la rapidez. En este sentido, recuerdo que algunos senadores no dieron los dos tercios, porque no estaban de acuerdo con los tiempos de la presentación; algo absolutamente atendible. Sin embargo, para quienes llevamos algunos años en esto y hemos participado en la discusión de muchas iniciativas del Poder Ejecutivo -donde no solamente estaba en juego o en debate la rapidez sino hasta el modo en que un proyecto entraba, se trataba en Comisión y al poco tiempo se consideraba en el recinto; y no había posibilidad alguna siquiera de opinar-, para quienes hemos tenido alguna experiencia en ciertos momentos y proyectos, éste nos parecía un buen inicio del año parlamentario, porque se nos había permitido plantear muchas cuestiones que hacen a la madurez, al consenso y a la racionalidad.

Entonces, de alguna manera, como una suerte de símbolo, el ministro vino a hacerse cargo ante todos los senadores de la implementación de la ley. Vino a ejercer de hecho y a asumir de hecho la función de autoridad de aplicación. Mucho más importante que lo que está escrito: el ministro de Economía, Martín Lousteau, vino aquí al Senado, una hora antes de la sesión, a asumir de hecho la condición de autoridad de aplicación de esta ley; lo cual significa no una tácita sino una expresísima actitud de reconocimiento, de adhesión y de compartir el espíritu de lo que nosotros estábamos planteando.

Pero voy a ir directamente a lo otro. ¿Qué pasó? La pregunta es qué pasó. Si todo esto funcionaba tan bien, perfectamente, y estábamos todos de acuerdo -oficialismo y oposición, el proyecto salía, el Parlamento funcionaba a full-, pues entonces ¿qué pasó? Ocurrió lo que pasa siempre en este país. Nosotros, ingenuos, tendremos que darnos cuenta de que los Reyes Magos son los padres y que el reloj, cuando da las doce, transforma a la Cenicienta en lo que verdaderamente es. Este es un problema nuestro, de los ingenuos que creemos que las cosas pueden progresar y cambiar. Pero antes de dar las doce -en ese tema de la Cenicienta-, ya los teléfonos empezaban a bramar.

Desde luego, uno aquí en este Senado se entera de todo. Ese día había venido el presidente de Guinea Ecuatorial y uno ya sabía, porque le contaban de todos lados, que los teléfonos de la Casa Rosada bramaban pidiendo explicaciones por lo que uno había entendido que había sido una jornada y un tratamiento ejemplares. Pero los teléfonos bramaban y me imagino lo que debían decir del otro lado.

Señor presidente: tantos años pasé escuchando algunos monólogos aquí cerquita, a algunos centímetros, que hasta me imagino su tono por teléfono: ¡Modificar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo! ¡A quién se le ocurre modificar una coma de un proyecto del Poder Ejecutivo y, para colmo, a pedido de los radicales! ¡Bingo! Me imagino cómo bramaría el teléfono. Lo imagino, porque después de tantos años hasta tengo la oreja derecha acostumbrada, Me imagino casi escuchando ese monólogo. Faltaría que dijeran del otro lado del teléfono: «It's too much», o sea, es demasiado, como alguna vez también se dijo aquí desde alguna banca.

Entiéndase que esto, más allá de la ironía, lo decimos porque nos sentimos mal, porque confiamos en que esto podía significar un ejercicio diferente.Pero ahí comenzó el operativo reivindicación en la Cámara de Diputados. Ya vino la orden. Y, además, esto se agranda, lo cual sabe bien el bloque oficialista, porque cada vez que esa Cámara o su bloque oficialista puede cobrarle una factura a este cuerpo o al bloque de senadores oficialista: bingo. Porque esto pasa. Entonces, empezó la reivindicación.

Hilda González de Duhalde (bonaerense-Pj disidente): Señor presidente: ciertamente es muy difícil hablar luego de la pasión y el énfasis que le pusiera el senador Sanz, de modo que simplemente voy a enumerar algunas cuestiones.

En primer lugar, voy a pedir al senador Urquía que lea la versión taquigráfica de su participación anterior. Si lo hiciera se daría cuenta de que somos esclavos de nuestras palabras.

Hoy estamos contradiciendo aquello que se dijo en una oportunidad anterior. Habló de excepciones donde el Poder Ejecutivo designaba la autoridad de aplicación. Pero nunca se delega la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo cuando se trata de facultades tributarias. Es un hecho claramente inconstitucional.

A nuestra presidenta hay que ayudarla. Y por más que hoy el Poder Ejecutivo esté confundido, nosotros tenemos que velar por el funcionamiento de la democracia y de las instituciones, y por su transparencia. Pero no lo hacemos cuando por decisión de alguien se cambia algo que claramente fue votado respetando la Constitución y la Ley de Ministerios.