La política y el fútbol le juegan horas complicadas al gremialista Roberto Digón, con una causa judicial que, como él asegura, «es una venganza por Boca», que promovió, según el relator, el jefe de Gobierno porteño. La embestida del gobierno macrista también alcanza a la esposa del peronista y a su hijo.
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Con Mauricio Macri, Digón compartió la dirigencia del club de Boca hasta que se enemistaron, pero la política llevó a su esposa, Silvia Gottero, a la dirección del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), cargo que dejó cuando asumió Macri la jefatura porteña. Como se hace con los funcionarios que dejan su cargo, las nuevas gestiones realizan una auditoría, y, además, cada funcionario que se va debe desarrollar un informe de su área, para lo cual se le paga un sueldo. «Silvia recién cobró en mayo ese sueldo y estuvo como tres meses sin cobrar», se queja el sindicalista y es contundente para decir que «no es la política, es el club».
En el juzgado de la doctora Wilma López, Criminal 4, radica la denuncia penal contra el matrimonio por el presunto delito de «defraudación a la administraciónpública, malversaciónde caudales, enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la administración pública».
A Gottero le han descubiertoque, siendo funcionaria del IVC, favoreció a su propio hijo («cosas que hacen las madres, que no es ilegal», dice el marido), Juan Pablo Pagiola, con un crédito de $ 18 mil para refacción de viviendas, pagadero a 30 años, a tasa cero, cuando además su hijo trabajó en el IVC con un contrato de $ 15 mil mensuales.
A Digón lo acusa el macrismo por supuestamente estar involucrado en la compra de un terreno para edificación de viviendas sindicales con un crédito a cargo de la Nación y el IVC. «No, la denuncia no la hace el Gobierno», dice Digón, aunque funcionarios allegados a Macri aseguraron a este diario que «el Gobierno de la Ciudad es querellante, ningún particular».
El gremialista del tabaco, de paso que lamenta que en la Capital Federal el peronismo está inmovilizado, se envuelve entonces en una vieja historia, que asegura le estaría cobrando su candidatura por la Agrupación Nuevo Boca.
«Todo tiene que ver con Eduardo Petrini, que trabajó en Boca con Macri y no me perdonan todo lo que yo digo de Boca, de dónde está el dinero, de la venta de jugadores y todo, lo que denuncio», refiere al asesor en la venta y compra de jugadores al exterior de Macri y actual director del IVC.
Sustitución
Para ese autodefinido « kirchnerista crítico», el Gobierno porteño habría embestido contra el matrimonio sólo por cuestiones de fútbol. Dice que a Petrini «Macri lo conoció cuando allá por el 97, 98 le vendió un goleador, Pedro González, que lo trae de Chile, viene y fracasa. Fracasa porque era otro el Pedro González que le vendió, había dos». Según Digón, en una carpeta de su casa, tiene guardados comprobantes de dinero que habría utilizado el ex asesor en el negocio de pases de jugadores de Macri. «Hay recibos de los retiros de Petrini en Boca, por cincuenta mil pesos, varios de la caja chica», dispara Digón, con argumentos que sus abogados acercarán al juzgado una vez que les comuniquen la denuncia tras su ratificación.
Lo cierto es que la acusación parte de la operatoria que abrió el IVC y en la que se anotaron varios sindicatos y mutuales que ya están construyendo las viviendas para sus afiliados. Por entonces, el gremio de Digón se habría interesado por terrenos en Villa Devoto por más de $ 4 millones, que de acuerdo con la denuncia estaría sobrevaluado. «Yo hace años que no estoy en la conducción del gremio, yo no firmé nada», asegura Digón y cuenta que «el Banco Ciudad auditó, tasó, como dos años», pero la operación no se concretó.
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