"Pepín" Rodríguez Simón, a un paso de ser "contumaz" y expuesto a captura internacional

Política

Estrategia de "asilo" se contrapone con hechos de la causa: consintió entrecruzamientos y hace días pidió citar testigos. Jugada evasiva desafía a Servini. Diálogo a los gritos en un café. Qué lo desencadenó.

Hace dos semanas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón ingresó a un bar céntrico de Punta del Este hablando por teléfono, con tono de voz elevado. “Me quieren meter preso. Estos h… de p… me quieren meter preso. Yo me voy a quedar acá. No voy a volver”, vociferaba a su interlocutor. Se hizo escuchar por todos los parroquianos. Esa fue la primera noticia que cruzó el “charco” respecto a la decisión que iba a tomar el abogado favorito de Mauricio Macri -más por su audacia que por sus resultados- con el claro objetivo de evadirse de la investigación judicial que lo tiene en el centro de las operaciones de una “mesa judicial” dedicada no solo a presionar jueces, sino a articular el destino de activos patrimoniales estratégicos.

Recién ayer, luego de un comunicado (fechado en Buenos Aires, el lunes), donde dio a conocer que se quedaría en Montevideo, presentó ante la cancillería uruguaya su pedido de refugio ante la Comisión de Refugiados (CORE) de la ACNUR con el objetivo de que le concedan asilo. Omitió un requisito fundamental de forma: por la protección a los propios interesados, “la información relativa a la solicitud es considerada confidencial. No puede ser compartida, especialmente con las autoridades del país de origen del solicitante”. La jugada fue doblemente arriesgada si el argumento de una “persecución” incluía un supuesto riesgo de prisión preventiva. Su defensa, encabezada por el abogado Gustavo de Urquieta jamás presentó un pedido de eximición de prisión ante el juzgado de María Servini. Hubiese sido el primer test para saber siquiera remotamente era un escenario posible.

La estrategia de “Pepín” de afirmar que no tiene derecho a defenderse sorprendió a propios y ajenos en el mundo judicial. El cálculo de escenarios se bifurca: forzar un desenlace sobre su libertad ambulatoria para asegurar que no se profugue, o que la jueza Servini aguarde a que llegue la fecha de su indagatoria y a partir de ese momento lo declare contumaz, es decir en rebeldía, un panorama en el que se pediría su captura internacional pero además se le dictarían embargos de todo tipo. Para ambos caminos la jueza tiene elementos. De hecho, ya lo había advertido la propia magistrada. “Pepín”, cuando le dictó la prohibición de salida del país, el 29 de marzo, adjuntó un pasaje de Buquebus, comprado ese mismo día y con fecha del 15 de mayo, cuando debía declarar el 26 de ese mes, originalmente. Con esta maniobra, en lo concreto, gana tiempo. Se espera que el trámite de refugio tenga un plazo de 90 días pero en lo jurídico termina complicando, incluso, a sus consortes de causa. En 2018, el expresidente Alan García se metió en la embajada uruguaya en Perú y durante dos semanas clamó por asilo. No lo consiguió.

Pero hubo un dato más curioso: el 4 de mayo, exactamente trece días antes de anunciar su exilio “político”, Rodríguez Simón había solicitado él mismo medidas de prueba en la causa, en la que ahora acusa a la jueza y al fiscal Guillermo Marijuan. A través de un escrito de 58 páginas –que son 7 reales más anexos de notas periodísticas y otros documentos- aseguraba que eran complementarias al descargo que iba a hacer el 17 de junio, fecha de la tercera prórroga de su indagatoria. “Pepín” pidió que declare el empresario Fernando Marín; uno de los accionistas del Banco Finansur, Jorge Sánchez Córdova (contacto frecuente en los entrecruzamientos realizados por la Dajudeco); y el gremialista de trabajadores de juego de azar, Daniel Amoroso. Nota al pie: jamás objetó la medida sobre su teléfono, lo que en términos procesales implica consentirla. Y solicitó que se compulse que una “Comisión de Enlace” creada ad hoc por Lotería de la Ciudad lo designó asesor con el objetivo de negociar el pago de Ingresos Brutos a empresas del juego. En rigor, solo existe una designación como asesor pero de Diego Santilli, por entonces, titular de la Legislatura. ¿Un asesor tenía poder de representación?

En ese mismo texto, dejó entrever que existía en ciernes una suerte de confabulación del juego y señaló a Federico de Achaval. El lunes, en una entrevista televisiva desde el apart en el que vive, utilizó un pasaje de la testimonial del empresario para defender su posición y desligar responsabilidad. Omitió mencionar que en el caso existe acta notarial donde De Achaval, el 18 de julio de 2016 testificó ante escribano que Rodríguez Simón lo hostigó en una reunión el 23 de junio y el 5 de julio de ese año, y lo amenazó con iniciarle causas penales con pérdida de libertad. En la quiebra de Oil Combustibles se extrajeron testimonios ante la primera denuncia sobre “Pepín” el 11 de abril de 2019. Marijuan lo imputó el 12 de mayo y el 15 amplió el requerimiento. Pero hubo dos hechos recientes que precipitaron la intempestiva jugada del asilo: la negativa de Casación a conceder un recurso extraordinario para que no se incorpore un peritaje más amplio sobre los teléfono de Macri & Cia y la inclusión como persona de interés del abogado Marcelo Rufino, externo a YPF pero encargado de negociar los activos petroleros de Oil en la quiebra, supuestamente representando los intereses de la petrolera estatal. El escenario empeora si, como confirman en Juntos por el Cambio, “Pepín” anunció su intención de pasar a la clandestinidad a Macri, a Carrió y a Horacio Rodríguez Larreta. Carrió ya lo había desconocido por “su modo de hacer política”.

La frase que atravesó tribunales ayer dejó flotando un interrogante: “Si por un entrecruzamiento de teléfonos pidió asilo…”.

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